Con dinero en efectivo bloqueado e inmuebles en desuso es cada vez más urgente hacer una reforma.
Por Giorgio Bongiovanni – 24 de Febrero de 2015
Un tesoro de más de 30.000 millones de euros. Esa es la estimación del patrimonio secuestrado a las mafias entre bienes móviles, inmuebles y empresas. De los cuales el 10% (es decir 3.000 millones), son en efectivo, dinero líquido y títulos de crédito. Todo este dinero queda completamente inutilizado con cifras que van en constante aumento. Además en el informe redactado por la Comisión creada para la elaboración de propuestas normativas en materia de lucha en contra de la criminalidad, de la cual el Procurador adjunto de la Fiscalía de Reggio Calabria, Nicola Gratteri, es presidente, se destaca cómo “en Italia están a la espera de obtener una destinación definitiva bienes equivalentes a un valor de 2.000 o 3.000 millones de euros”.
No solo es tristeza lo que se siente al leer el capítulo dedicado al secuestro de bienes, en el proyecto de reforma presentado por el mismo magistrado, lo que también se siente es rabia. A pesar de que los datos ya se conocían desde hace tiempo ahora se tiene la prueba definitiva del total desinterés, por parte del Estado italiano, por derrotar a Cosa Nostra y a todas las demás organizaciones criminales. Excluyendo a algunos políticos, algunos magistrados, algunos periodistas, algunas autoridades religiosas, algunos miembros de las fuerzas del orden, algunos representantes de la sociedad civil e incluso algunos niños, que se han convertido en mártires, caídos a causa de la criminalidad mafiosa, todos los demás han decidido “lavarse las manos”, o peor aún, transar. Hoy apenas un puñado de magistrados con pocas fuerzas del orden y una discreta parte de la sociedad civil son los que oponen una resistencia. Tranquilamente podemos decir, y ha sido suficientemente probado por los datos, por los números, por las estadísticas y por la visión pragmática de la realidad, que el Estado no quiere eliminar a la mafia, es más, se preocupa por mantenerla con vida a pesar de que existan los medios para destruirla.
“Es imperante la necesidad de romper la relación existente entre el bien poseído y los grupos mafiosos, marcando el confín entre la economía legal y aquella ilegal”. Quien lo decía era Pio La Torre, el mismo que propuso el secuestro de los bienes de los mafiosos junto al demócrata cristiano Virginio Rognoni, que luego, el 13 de Septiembre de 1982 se convirtió en ley, cuatro meses después de que fuera asesinado. ¿Qué ha sido de esas palabras hoy en día? ¿De qué sirven esos 30.000 millones de euros entre bienes móviles, inmuebles y dinero en efectivo confiscado (por lo tanto propiedad del Estado) que se pudren y se enmohecen hasta convertirse en inservibles? Estamos cansados de los números que el Ministro del Interior Angelino Alfano (el mismo que hace más de un año le prometió la asignación del dispositivo bomb-jammer al Fiscal Nino Di Matteo y que aún no lo ha hecho efectivo) muestra como condecoración.
En el informe anual de seguridad del país se recordaba que en cuatro meses se secuestraron 2.500 bienes y se confiscaron 414, equivalentes a un valor superior a los mil millones. Pero no se hizo mención a las dificultades de un sistema que se traba continuamente y que contribuye no solo a aumentar la fuerza de las criminalidades organizadas sino además a reforzar el estado de crisis económica en el que se encuentra nuestro país. ¿Cuántas veces la Agencia de bienes secuestrados y confiscados se trabó en el último pasaje de la reasignación? ¿Cuántas veces los inmuebles quedan vacíos o siguen siendo ocupados por los parientes de los boss mafiosos que están en la cárcel? ¿Cuántas veces los terrenos quedan abandonados mientras en los mismos podrían nacer cooperativas de jóvenes, incluso para ayudar a las familias más pobres y de esa forma además se disminuiría el porcentajes desocupación? ¿Cuántas veces empresas que con el dinero de los boss eran ricas y florecientes, en cambio con la gestión estatal, también a causa de la presencia de administradores judiciales que en el mejor de las casos eran inexpertos, se encaminan hacia la quiebra?
La respuesta a todas estas preguntas muchas veces es: ¿Por qué motivo? A menudo hablamos de Estado-mafia que se encuentra en lucha con el Estado-Estado y cuando se asiste a esta inmovilidad parece cada vez más evidente que es el primero el que hoy en día ocupa los puestos más altos de nuestras “sagradas” instituciones. Querríamos ver a aquellos honestos, nuestros representantes en el Parlamento, dar un puño en la mesa y gritar frente a estas “blasfemias” de la justicia. Sería deseable que el Presidente del Senado, Pietro Grasso, dijera su opinión, que amonestara severamente a los funcionarios del Estado ineptos y mafiosos que no hacen nada para destinar estos preciosos bienes quitados a la mafia, que se hiciera oír para utilizar estos bienes secuestrados. Ese dinero conservado en las arcas del Estado podría ser útil para las fuerzas del orden que investigan y trabajan con miles de problemas. Incluso los familiares de las víctimas de la mafia, quienes desde hace años esperan resarcimientos por parte del Estado (Fondo 512 para la solidaridad hacia las víctimas de los delitos de tipo mafioso), se ven obligados a asistir a este “chiste”. No sabemos si las pertinentes propuestas de Gratteri, un servidor del Estado-Estado y no del Estado-mafia, serán aceptadas por nuestro Gobierno. Nosotros tememos que dicho Fiscal no recibirá más que una sonrisa hipócrita, de la misma forma que le ha ocurrido a Don Luigi Ciotti, quien desde hace años reclama una reforma de la normativa sobre los Bienes Confiscados. Es precisamente por ello que la nuestra pretende ser una invitación para todos los ciudadanos a protestar, para que hagan oír su voz con una campaña fuerte y verdadera sobre los bienes confiscados.
Como recuerda a menudo el Presidente de la Asociación “Libera” (Don Ciotti), ahora hacen falta normas más eficaces y nuevos instrumentos. Muchos de estos bienes confiscados podrían llegar a traducirse en dignidad, libertad y trabajo para muchas personas. En el marco de la “negociación” entre Estado y mafia estaba todo esto y no podemos olvidar que entre los puntos escritos en el “papello” de Riina (con las solicitudes de la mafia) figuraba la revisión de la ley Rognoni-La Torre y la prohibición de aplicar medidas de prevención y secuestro a los familiares de los mafiosos. Así como, en la lista de solicitudes de Cosa Nostra figuraba además la reforma de la ley sobre los arrepentidos mafiosos. Otro punto que, con el correr de los años, tuvo su reconocimiento gracias a la campaña lenta pero inexorable en contra de los colaboradores de justicia que fueron dejados en una condición de miseria, abandonados a su suerte. Una metodología que ha cumplido su objetivo al punto tal que hoy, salvo muy raras y milagrosas excepciones (ver el caso de Vito Galatolo y muy pocos más), ya nadie más se arrepiente.
Por lo tanto ahora ha llegado el momento de hacer las cuentas. Ante un Gobierno, que de manera indigna negocia cotidianamente con la mafia, como lo demuestra el pacto del Nazareno* que ha visto al Primer Ministro dialogar sobre ciertas reformas por el bien de nuestro país con Silvio Berlusconi, quien se encuentra al mando de un partido que fue creado y construido por Marcello Dell’Utri (condenado definitivamente por la Corte de Casación por concurso externo en asociación mafiosa), no se puede permanecer inermes. Que el Primer Ministro dimita, que dimita esa Cara de Bronce del pseudo Ministro del Interior, que el Ministro de Justicia deje su cargo. Y que actúen de la misma forma todos los demás miembros del Gabinete de Gobierno. Que dimitan y que vayamos a elecciones, esperando que el pueblo “borrego” de los italianos despierte y reaccione en contra de los ladrones del Estado-mafia que ocupan los escaños de nuestras instituciones.
Nota:
* Berlusconi y Renzi firmaron un pacto conocido como "pacto del Nazareno", que prevé, entre otros aspectos la transformación del Senado y la reforma de la ley electoral italiana.