Verdades impactantes están emergiendo a casi cuarenta años de distancia con el trabajo de la "Comisión Fioroni", comisión parlamentaria de investigación de la masacre de Via Fani, el secuestro y muerte de Aldo Moro. El objetivo declarado fue, por supuesto, "verificar los nuevos elementos que puedan complementar los conocimientos adquiridos en las comisiones anteriores (...) y cualquier responsabilidad relacionada con el aparato del Estado". Después de dieciocho meses de trabajo, cincuenta sesiones con un total de ochenta y dos horas y cuarenta audiencias se puede decir que el trabajo ha dado resultados importantes. El Honorable Gero Grassi, vicepresidente del bloque del Partido Demócrata de la Cámara de Diputados y miembro de la mencionada Comisión confirma el hecho de que las Brigadas Rojas no actuaron solas en la comisión del delito.
Este habría sido concebido, diseñado y ejecutado por una extraña mezcla internacional en la que participaron las Brigadas Rojas, partes desviadas del Estado, los servicios de inteligencia, la CIA y la KGB, la mafia siciliana-americana, el crimen organizado italiano y los poderes ocultos del Vaticano.
La verdad de los brigadistas, aquella del memorial Morucci-Faranda, fue desbaratada por la Comisión. De acuerdo con los datos recogidos es materialmente imposible que Moro haya sido asesinado en el capó del Renault estacionado en la Via Caetani, así como tampoco es cierto que haya muerto en el acto. Gracias a los exámenes del RIS (Reparto Investigazioni Scientifiche, nombre de cuatro reparticiones del Arma de Carabineros que desempeñan actividades técnicas y científicas en el ámbito de las investigaciones preliminares, ndt) se sabe que lo alcanzaron once tiros de dos armas, dos silenciados y nueve normales, que fueron disparados desde una posición frontal y que la agonía duró como mínimo un cuarto de hora.
Y no sólo eso. Desde siempre los Carabineros del RIS reconocieron, mediante el análisis de una fotografía de la "escena del crimen" de la Via Fani, al jefe de la 'Ndrangheta, Antonio Nirta. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué rol jugó el crimen organizado?
Preguntas que hasta el momento se encuentran bajo investigación de la fiscalía, y que no se responden con facilidad por las muchas áreas grises presentes en el ''caso Moro".
Grassi explica claramente que fueron "piezas desviadas que trabajaron para evitar que Moro fuera salvado". Y que en la reconstrucción no estuvieron excluidos los servicios de inteligencia estadounidenses y soviéticos, la CIA y la KGB, como tampoco el Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, organizaciones criminales como Cosa Nostra, sin dudas la 'Ndrangheta y, obviamente, la logia masónica P2.
Pero también hay que entender qué eran, en aquella época, las Brigadas Rojas, organismo muy complejo en cuyo interior había realmente de todo.
Había miembros que estaban convencidos, que creían en la "causa" y en las acciones que se realizaron. Había otros vinculados a la delincuencia común, y aún otros que estaban infiltrados por los servicios de inteligencia extranjeros, como la CIA, todo en un juego que era más grande que ellos.
Alberto Franceschini, un miembro de las Brigadas Rojas, afirmó que sin la cubierta de la CIA, de la KGB y del Mossad, no podrían haber secuestrado ni ocultado a Moro en Roma durante 55 días. El mismo Franceschini, junto con Renato Curcio (otro de los fundadores de las Brigadas Rojas), dijo que Mario Moretti era un espía del servicio secreto. Y otros sostienen que algunos terroristas destacados eran infiltrados de los servicios.
¿Y qué decir de Alessio Casimirri, quien se dirigió a Nicaragua desde Francia con un pasaporte que, según muchos, fue proporcionado por los servicios secretos?
Desconcierta también el descubrimiento de un nuevo refugio de las Brigadas Rojas en Via Massimi, en un edificio propiedad del Vaticano, administrado por el hijo del secretario del cardenal Marcinkus del IOR. El mismo estaba conectado con la Via Licinio Calvo, muy cerca de Via Fani, y podría haber sido la primera prisión de Moro.
Justamente, respecto al papel jugado por el Vaticano y el padre Antonello Mennini, el "cartero" de algunas de las cartas de Moro, sospechoso de ser un "canal de retorno", persisten serias dudas. Al igual que las presiones del Papa Pablo VI para evitar cualquier apertura de las cartas de los "hombres de las Brigadas Rojas".
Años después y a la distancia, se pueden volver a leer las palabras de Steve Pieczenik, el Consejero de Estado de los Estados Unidos, llamado junto a Francesco Cossiga para resolver la situación de crisis, en una entrevista publicada en Francia en el 2006 por el periodista Emmanuel Amara, en el libro "Hemos matado a Aldo Moro".
"La decisión de matar a Moro no fue tomada a la ligera. Hablamos durante mucho tiempo, porque a nadie le gusta sacrificar vidas. Pero Cossiga se mantuvo firme, y así se llegó a una solución muy difícil, especialmente para él. Con su muerte impedimos que Berlinguer llegara al poder y por lo tanto evitamos la desestabilización de Italia y de Europa". Y no sólo eso. Unos años antes, en 2001, el mismo Pieczenik, en una declaración publicada por el Italia Daily dijo que había actuado en nombre del gobierno de Washington y que su trabajo era "para estabilizar Italia, de modo que la democracia cristiana no cediera". El temor de los norteamericanos era que un colapso de los democristianos pudiera aumentar los votos del Partido Comunista, ya cerca de ganar la mayoría. En situaciones normales, a pesar de las muchas crisis de gobierno, Italia había estado siempre firme en manos de la democracia cristiana. Pero ahora, con Moro mostrando signos de debilidad, la situación estaba en riesgo.
Por lo tanto, se tomó la decisión de no discutir el tema. Políticamente no había otra opción. Pero esto significaba que Moro sería ejecutado. El hecho es que él no era indispensable para la estabilidad de Italia. Declaraciones que nunca fueron desmentidas por Cossiga ni por Andreotti, y que forman parte de un contexto político definido.
Usando las palabras del honorable Grassi parece evidente, por tanto, que en el caso Moro se llegó a un trato que no era para salvarlo, sino para acelerar su muerte.
Es evidente que el caso Moro no fue sólo una cuestión de venganza contra el "compromiso histórico" (palabras nunca utilizadas por el propio Presidente de la Democracia Cristiana, que en su lugar auspiciaba para el gobierno del país una "alternativa bipolar"), algo tan enorme e impreciso como decir la estabilidad de la zona atlántica.
Entonces ¿cómo se hace para tener finalmente una nueva verdad que sirva también como prueba en el proceso y no sea sólo histórica?
Deberían ser reabiertas definitivamente las puertas de la cárcel para aquellos brigadistas que, es evidente, no han contado la verdad o no le han dicho a los investigadores la verdad de lo que realmente sucedió en el año 1978.
Personajes como Valerio Morucci, ex jefe de la columna romana de las Brigadas Rojas, 'disociado' (el término alude a alquien que habiendo formado parte de un grupo u organización ilegal, especialmente terrorista, se separa públicamente, confesando los métodos y la finalidad, para convertirse en un colaborador de la justicia, ndt), condenado a treinta años de prisión en el juicio por la muerte de Moro, ahora libre; Adriana Faranda, también condenada a treinta años de prisión y en estado de libertad; Mario Moretti, que fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Aldo Moro, aún en prisión pero en la modalidad de trabajo externo; Raffaele Fiore, condenado a cadena perpetua y que desde 1997 goza de libertad condicional, sin haberse arrepentido; Franco Bonisoli, condenado a cadena perpetua en el juicio romano Moro-Uno, 'disociado' en 1983 y actualmente en un régimen de semilibertad; Alessio Casimirri, que es ahora un fugitivo en Nicaragua y fue titular en Managua primero del restaurante Magica Roma y luego de "La Cueva del Buzo"; Barbera Balzerani, que tampoco nunca se arrepintió ni 'disoció', al que se le concedió la libertad condicional. Todos deben ser detenidos e indagados nuevamente.
A la luz de los hechos del análisis anterior, con una evidente tratativa establecida para matar a Moro y así desestabilizar al Estado, se debería abrir un nuevo expediente caratulado "Atentado al cuerpo político del Estado", con el mismo tipo de imputaciones que pesan sobre los jefes mafiosos, ex políticos y ex representantes de las instituciones en Palermo.
Por esto deben ser suspendidos todos los beneficios que el Estado les ha dado por "buena conducta".
Ellos, asesinos en libertad, saben la verdad. Y si quieren obtener beneficios deben, en primer lugar, cooperar con la justicia y contar lo que sucedió en aquella "tratativa", revelando los nombres de los directores, promotores y facilitadores de esa iniciativa que ha marcado la historia de nuestro país más de lo que se podría imaginar.