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Por Pino Arlacchi(*) – 1ero de marzo del 2019

Si hay una lección que se aprende dirigiendo una gran organización internacional como la ONU es que, en las cosas del mundo, la verdad de los hechos rara vez coincide con su versión oficial. Las ideas dominantes – como solía decir el viejo Marx – siguen siendo las de la clase dominante. Y el caso de Venezuela en estos días se configura en términos de una gigantesca estafa informativa dirigida a cubrir la opresión de un pueblo y el despojo de una nación.

El principal mito a desmentir se refiere a las causas subyacentes del drama venezolano. Los medios occidentales no dudaron en señalar a los ejecutivos que llegaron al poder después de la elección del "dictador" Chávez a la presidencia en 1998 como los únicos responsables de la crisis, ocultando la razón por lejos más importante: las bárbaras sanciones estadounidenses contra Venezuela decididas por Obama en el 2015 y agravadas por Trump en el 2017 y 2018.

Los gastos sociales nunca son tan altos. La "dictadura" de Chávez, confirmada por 4 elecciones presidenciales y 14 referendos y consultas nacionales sucesivas, se llevó a cabo bajo el signo de una ruptura radical con la historia pasada de Venezuela: los ingresos del petróleo se redistribuyeron principalmente a la población, en vez de ser embolsados por la oligarquía local e incautados por los bancos de Estados Unidos.

Aunque Chávez haya cometido varios errores de mal gobierno y corrupción típicos del populismo de izquierda, errores confirmados posteriormente por el débil Maduro – bajo su presidencia el gasto social alcanzó el 70% del presupuesto estatal – el PIB per cápita se ha triplicado en poco más de 10 años, la pobreza ha pasado del 40 al 7%, la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad, la desnutrición ha disminuido del 21 al 5%, se eliminó el analfabetismo y el coeficiente Gini de desigualdad se ha reducido al nivel más bajo de América Latina (datos del FMI, PNUD y Banco Mundial).

Pero el desafío más temerario lanzado por la Venezuela "socialista" fue ir en contra de la hegemonía del dólar. La economía comenzó a ser desdolarizada favoreciendo las inversiones no estadounidenses, tratando de que las exportaciones no fueran pagadas en dólares y creando el Sucre, un sistema de intercambios financieros regionales basado en una cripto-moneda, el Petro, depositada en los bancos centrales de las naciones que hacían negocios con Venezuela como unidad de cuenta y medio de pago. Así que el momento del enfrentamiento con el Gran Hermano llegó muy rápidamente. Muchos han evocado el espectro del Chile de Allende de 30 años atrás.

Pero la Venezuela de hoy es una presa mucho más deseada que Chile. Después de Rusia, es el país más rico en recursos naturales del planeta: el mayor productor mundial de petróleo y gas, el segundo mayor productor de oro y uno de los más importantes en hierro, bauxita. cobalto y otros minerales. Está ubicado a 3 horas de vuelo desde Miami y tiene 32 millones de habitantes. Casi sin deudas y capaz de fundar un banco de desarrollo, el Banco del Sur, con capacidad para reemplazar al Banco Mundial y al Fondo Monetario como la fuente de crédito más equitativa para el continente latinoamericano.

Es por estas razones que la "solución chilena" fracasó en un principio. El intento de golpe contra Chávez en el 2002 y las violentas manifestaciones de una oposición que se volvió subversiva y antinacional chocaron con un ejecutivo que ganaba una elección tras otra. Porque incluso los pobres, después de todo, votan. La oportunidad de cerrar el juego llegó con la muerte de Chávez en el 2013 y el colapso en el precio del petróleo que comenzó en el 2015.

La estrategia de las sanciones

El aluvión de sanciones emitido el año siguiente con el pretexto de que Venezuela era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos puso al país de rodillas. Venezuela fue expulsada de los mercados financieros internacionales y se encuentra en la posición de no poder utilizar los ingresos del petróleo para pagar las importaciones. Casi todo lo que ingresa en una economía que produce poco fuera de los hidrocarburos debe pagarse en dólares y en efectivo. Y las sanciones impiden el uso del dólar. Los fondos del gobierno depositados en los Estados Unidos fueron congelados o incautados. Los canales de refinanciación y de renegociación de la modesta deuda externa de Venezuela están cerrados. Los intereses de la deuda son altos porque las agencias de calificación al servicio de Washington llevan el riesgo país a cifras inverosímiles, más altas que las de Siria. En 2015, el spread (índice para medir la liquidez del mercado, ndt) de Venezuela era de 2 mil puntos, para alcanzar y superar los 6 mil en el 2017.

Los economistas del CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, ndt) han cuantificado en 68.6 mil millones de dólares, el 34% del PIB, el costo adicional de la deuda venezolana entre 2014 y 2017. Pero el efecto más letal del bloqueo financiero a Venezuela es la negativa de los principales bancos internacionales, bajo control estadounidense, para ocuparse de las transacciones relacionadas con las importaciones de bienes vitales como alimentos, medicamentos, productos de higiene y las herramientas indispensables para el funcionamiento del aparato productivo y el transporte. Los hospitales venezolanos permanecen sin insulina y tratamientos contra la malaria. Los puertos del país fueron declarados puertos de guerra, llevando a las estrellas los aranceles de importación y exportación. El monto de las importaciones cayó de 60 mil millones de dólares en 2011-2013 a 12 mil millones en el 2017, arrastrando en su caída el 50% del PIB.

Los bancos de Wall Street

Los bienes que aún se pueden importar se acumulan y venden contrabandeados por los oligopolios de la industria alimentaria que dominan el sector privado de la economía venezolana. El mismo crimen de alto nivel que tira de las cuerdas del sabotaje a Clap, el plan de emergencia alimentaria del gobierno que rescata a 6 millones de familias. Se ha calculado que entre 2013 y 2017 la agresión financiera a Venezuela ha costado entre el 110 y 160% de su PIB, es decir, entre 245 y 350 mil millones de dólares. Sin las sanciones, la economía de Venezuela, en lugar de reducirse a la mitad, se habría desarrollado al mismo ritmo que la de Argentina.

En 2018 se desarrolló en Venezuela una crisis humanitaria totalmente inducida. Esto fue acompañado de una hiperinflación igualmente falsa, sin bases en los fundamentos de la economía, determinada por un ataque del mercado del dólar negro a la moneda nacional atribuible a los 6 bancos de inversión más grandes de Wall Street.

Por esta razón, el informe del experto de la ONU que visitó Venezuela en 2017, Alfred De Zayas (del que nunca he oído hablar pero que contiene gran parte de los datos mencionados anteriormente), propone la remisión de los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela desde el 2015.

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(*)Vice Secretario General de la ONU de 1997 a 2002

Extraído de: Il Fatto Quotidiano del 27 de febrero del 2019

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