Por AMDuemila-4 de abril del 2020
Italia está atravesando, como el resto del planeta, una emergencia sanitaria sin precedentes. La muerte de un recluso, un jefe de la mafia, hospitalizado en Bolonia por algunas enfermedades y fallecido por coronavirus, llevó el tema del hacinamiento en las cárceles al centro del debate político, social y cultural. El 17 de marzo, el gobierno adoptó medidas, incluiídas en el decreto "Cura Italia", que prevén la posibilidad de excarcelación y detención domiciliaria para ciertas categorías de presos. Del mismo modo que lo había hecho durante el pleno del CSM, el magistrado Nino Di Matteo, elegido miembro del órgano autónomo del poder judicial como independiente, en una entrevista dada a IlFattoQuotidiano, definió a la disposición como un "indulto enmascarado" sin dudarlo. Con esto, dijo el consejero togado, "se hace posible la liberación de miles de prisioneros sin permitir que el magistrado de vigilancia realice una investigación adecuada sobre quién es liberado, sin poder evaluar si existe el peligro de fuga y la reiteración del delito. Se ha creado un automatismo similar al del indulto. De hecho, esto es peor".
La razón se dice pronto: "Al menos el perdón es una decisión de los políticos que se hacen responsables de ello. Aquí, en cambio, lo descargan formalmente en los magistrados de vigilancia, que sin embargo no pueden decidir nada".
Di Matteo también señaló el riesgo de que, gracias al "mecanismo de la llamada 'disolución del cúmulo'", los presos condenados por mafia y otros delitos graves, puedan aprovechar un beneficio previsto para los que cumplen una condena residual por delitos menores.
La situación se agrava aún más por el momento en que se dispuso la medida, es decir, inmediatamente después de los disturbios en las cárceles a principios de marzo: "Las instituciones ni siquiera deben dar la impresión de ceder ante el chantaje violento. Deben responder a la emergencia sanitaria en progreso, garantizando el derecho de todos a la salud, pero sin ceder y sin debilitar los objetivos de certeza de la pena. Sin un indulto enmascarado. Buscando, antes de la excarcelación en masa, otras soluciones, como el uso de pabellones no utilizados o barracones que hoy están en desuso".
A pesar de que "el derecho a la salud de todos los ciudadanos, incluso de los detenidos en prisión, es importante", el magistrado también destacó la necesidad de garantizar la salud de los agentes de la policía penitenciaria. "Deberíamos estar muy atentos a la salud de los agentes que regularmente entran y salen de la prisión y, por lo tanto, son los que pueden ingresar la infección –continuó– no sé si estos servidores del Estado han sido equipados con máscaras y con todas las herramientas de protección necesarias, exactamente como los médicos y enfermeras en los hospitales, o incluso más".
Lo que es cierto es que el problema del hacinamiento en las cárceles no es sólo de estos meses y la política de estos años siempre ha preferido posponer cualquier discusión.
Respondiendo a una pregunta de Gianni Barbacetto, el consejero Di Matteo subrayó que "el hacinamiento se ha debatido durante décadas, pero la solución más simple sigue siendo un tabú: construir nuevas cárceles. En lo inmediato, sin embargo, la liberación no es la única solución"."Antes se podrían seguir otros caminos –concluyó– por ejemplo, hay estructuras penitenciarias y pabellones que no se utilizan hoy en día, y que podrían usarse como lugares de aislamiento para los prisioneros eventualmente infectados por el virus. También hay muchos cuarteles en desuso que podrían ser rápidamente reconvertidos, antes de usar la vía de la liberación de detenidos de elevada peligrosidad social".
-----------------*Foto original de Portada: © Imagoeconomica