Por Giorgio Bongiovanni y Aaron Pettinari – 20 de abril del 2020
"Estamos cansados de ser explotados, humillados, acosados y utilizados como moneda de cambio por varias fuerzas políticas". Corría el año 2002 cuando, con estas palabras, el jefe corleonés Leo luca Bagarella, cuñado del jefe de jefes Totò Riina, habló por video conferencia desde la prisión de L'Aquila, durante un juicio por la guerra de Alcamo, anunciando la huelga de hambre para protestar contra el 41 bis (el régimen penitenciario al que están sujetos los acusados de la mafia).
Desde que, después de la masacre de Capaci, se introdujo el segundo párrafo en la ley Gozzini del sistema penitenciario para los jefes mafiosos el 41 bis ha sido un clavo fijo.
A casi dieciocho años de distancia de esa "carta-proclama", el jefe mafioso, autor de masacres sanguinarias, realmente podría ver cumplidos sus deseos de "libertad", así fuera por un corto período, fuera de la prisión.
Irónicamente, la "solución" podría provenir de la emergencia sanitaria del coronavirus.
La alarma se disparó cuando se supo de la existencia de una circular, enviada en nombre del Director General del Dap. Giulio Romano, a todos los centros penitenciarios italianos, con el objetivo genérico de "informar a la autoridad judicial", invitando a comunicar "con diligencia a la autoridad judicial, para la eventual determinación de competencia", el nombre de los detenidos mayores de 70 años y afectados por determinadas patologías.
Lo que llama inmediatamente la atención es la fecha, 21 de marzo, cuatro días después de la aprobación del decreto Cura Italia con el que el gobierno abordó el problema del hacinamiento, que prevé el arresto domiciliario para los presos que tienen una condena "no superior a 18 meses, aunque constituya parte residual de una pena mayor".
La disposición se aplica específicamente a aquellos que ya estaban en la etapa de "ejecución de sentencia", con excepción de los que hubieran cometido delitos graves (como los mencionados en el artículo 4 bis del sistema penitenciario, maltrato en la familia o acoso).
Jefes en riesgo de libertad
Sin embargo, el documento de Dap no hace ninguna referencia al Cura Italia y no distingue entre prisioneros. Y es precisamente esa falta de distinción lo que provocó la alarma en los círculos judiciales porque, de esta forma, también se incluye a los sujetos bajo el régimen del 41 bis. Se habla de una "población" de 74 jefes bajo el sistema duro, a lo que se suman los cientos de detenidos en alta seguridad, que potencialmente podrían caer bajo la "casuística" de sujetos en riesgo.
Y la lista de nombres, con "peso" e "historia" criminal, es de las "excelentes" y hace estremecer: desde el mismo Leo luca Bagarella, hasta el cajero de la mafia Pippo Calò, del jefe Nitto Santapaola hasta el camorrista Raffaele Cutolo, o los 'ndranghetistas Pasquale Condello, Giuseppe Piromalli y Umberto Bellocco. La lista, elaborada en los últimos días por L'Espresso, es aún más larga si se agrega a Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Teresa Gallico, Raffaele Ganci, Tommaso Inzerillo, Salvatore Lo Piccolo, Piddu Madonia, Nino Rotolo y Benedetto Spera. Nombres de primerísimo nivel que administraron el poder de Cosa Nostra, algunos de los cuales formaban parte de la Cúpula, de la 'Ndrangheta y de la Camorra, en los años anteriores y posteriores a las masacres.
Una señal de debilidad
Cuando se emitió el "Cura Italia", intervino el Consejo Superior de la Magistratura, dando su opinión sobre el decreto. Si bien hubo quienes consideraron a la medida demasiado blanda, otros magistrados como Nino Di Matteo y Sebastiano Ardita se expresaron con firmeza, llegando a definirlo como un "indulto enmascarado" y una "peligrosa señal de debilidad".
Irónicamente, lo que está sucediendo en las cárceles en las últimas semanas presenta una imagen alarmante que incluso va más allá de las indicaciones del Gobierno, que en cualquier caso había limitado los supuestos en los que se podría obtener el régimen de detención alternativo.
De hecho, incluso los prisioneros de la mafia que esperan sentencia definitiva, han obtenido la concesión del arresto domiciliario. El caso reciente más llamativo fue el de Rocco Santo Filippone imputado en el juicio 'Ndrangheta Stragista donde, junto con el jefe palermitano Giuseppe Graviano, está acusado de ser el autor ideológico de los ataques contra carabineros (en los que también murieron los oficiales Fava y Garofalo), ocurridos entre 1993 y 1994.
Pero incluso antes de eso, se habían tomado medidas similares contra el jefe de Lamezia Terme Vincenzino Iannazzo, sentenciado en apelación a 14 años y medio y en espera de la sentencia definitiva; o el condenado a cadena perpetua de origen siciliano, Antonio Sudato, de 67 años, encerrado en la prisión de Sulmona.
Y como en la circular del Dap, las decisiones tomadas por el Gip, el Gupy los presidentes de las Cortes, no hacen referencia al decreto del gobierno.
Esa indicación, de hecho, fue de alguna manera "superada" por otra, transmitida a principios de abril por el Fiscal General de la Casación Giovanni Salvi a todos los Fiscales Generales de Italia. Un documento que sugirió que la prisión debería considerarse una "extrema ratio". Y las excarcelaciones comenzaron precisamente en esas fechas.
Decisiones condicionadas
Si se compara el documento del Dap del 21 de marzo con las sugerencias del Fiscal General de la Casación, está claro que en ambos casos no se mencionan medidas vinculantes, pero la "papa caliente" queda en manos del juez individual que debe tomar sus propias "determinaciones de competencia", asumiendo, de hecho, toda la responsabilidad si algo le sucede al preso que presentó la solicitud a través de su abogado. Y dado que los primeros pasos ya se han dado en esta dirección ¿qué le impide a "Bagarella&Cia" esperar una "nueva visión" generada por la emergencia sanitaria mundial?
Probablemente hay quienes dirán que los sujetos sometidos a "prisión dura" no entran de ninguna manera en la categoría de aquellos que podrían esperar la excarcelación, pero lo mismo se dijo para los prisioneros del 41bis. Y ya vimos cómo terminó todo.
Protestas en las cárceles
Lo cierto es que el momento que se está atravesando no es el mejor. El clima que, desde principios de marzo, se ha registrado dentro y fuera de las cárceles es duro. Los enfrentamientos que, de norte a sur, se desarrollaron simultáneamente en varias partes de Italia, lo atestiguan.
También en este caso, el momento llama la atención. Y uno piensa que las medidas y las circulares llegaron unas semanas después de los enfrentamientos dentro de las cárceles, incluso con evasiones, detrás de las cuales, según las hipótesis de investigación en las que trabajan varios fiscales, estaría el crimen organizado.
Revueltas que recuerdan los tiempos en que las cárceles protestaban, precisamente, para condicionar las acciones políticas o las decisiones del Dap.
Un modus operandi que cíclicamente parece repetirse en el tiempo. Y una vez más, se hacen presente las palabras de Bagarella en su "edicto": "Hemos comenzado una protesta civil y pacífica... Todo esto cesará en el momento en que las autoridades responsables, de una manera cuidadosa y seria, dediquen una atención más profunda a la problemática que el régimen penitenciario requiere". Corría el año 2002.
Hoy, como entonces, los jefes de la mafia vuelven a hablar de la inconstitucionalidad del 41 bis (ver Graviano en el juicio 'Ndrangheta Stragista).
Incluso la "revuelta interna" parece haber dado sus primeros frutos, mientras que, desde el exterior, las asociaciones por los derechos de los detenidos, los penalistas, los prelados, parte del mundo político y de la información, han comenzado un verdadero "tam-tam" pidiendo a los gritos, sin hacer ninguna distinción, amnistías e indultos desenmascarados.
Dejando en claro que la salud de los prisioneros es fundamental, un Estado serio que no quiera ser permisivo o cómplice, no puede permitir que los violadores de nuestra democracia, que han cometido asesinatos, extorsiones, corrupción, narcotráfico y masacres, puedan ahora obtener el beneficio. Cuando Falcone y Borsellino fueron asesinados, los mafiosos brindaron por su muerte. Si se abrieran las puertas de la prisión para los perpetradores de las masacres de Capaci y Viad'Amelio, la Tratativa Estado-mafia "finalmente" terminaría con el triunfo de los jefes. Que los ministros de Justicia e Interior, Bonafede y Lamorgese, tomen nota.
--------------------
*Foto de Portada: Antimafiaduemila, desde la izquierda: Raffaele Cutolo, Leoluca Bagarella, Nitto Santapaola y Pasquale Condello