Una mordaza para los magistrados independientes
Por Giorgio Bongiovanni – 7 de junio del 2020
Al Ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, no le bastó con el "asunto sucio" de no nombrar a Nino Di Matteo como director del Departamento de Administración Penitenciaria, ni el fracaso de la gestión carcelaria en el tiempo del coronavirus que solo se resolvió después de las protestas de los magistrados, de los familiares de las víctimas de la mafia y de especialistas, y también gracias al nombramiento de Roberto Tartaglia como subdirector del DAP. Como demostración de una forma de entender la justicia falaz (más allá de las "habituales" leyes, aunque positivas, sobre intercambio de votos, corrupción y bloqueo de la prescripción, que se repiten continuamente como un mantra para testificar la bondad de su trabajo) aparece la reforma del Consejo Superior de la Magistratura.
El proyecto, que abandona la idea primordial de la elección por sorteo, ha sido presentado en los últimos días y muestra luces (pocas, como la propuesta de que los "laicos" del CSM no puedan surgir de entre los políticos elegidos al Parlamento o la separación entre la vida política y la actividad judicial del magistrado) y sombras (demasiadas) que, paradójicamente, podrían conducir a un fortalecimiento de las corrientes que, como se vio en el caso Palamara, no son sólo una degeneración, sino un verdadero sistema de poder.
El consejero togado del CSM, Sebastiano Ardita, entrevistado por Il Fatto Quotidiano, lanzó una alarma real sobre el punto.
Según el magistrado, si se votara a los miembros del Consejo en veinte colegios pequeños, existe el riesgo de "que desparezcan los candidatos independientes y también una realidad como la nuestra (refiriéndose a Autonomía e Independencia, ndr) que recoge el consentimiento disperso de quienes no comparten el sistema de las corrientes. Quizás el ministro no sepa que algunas corrientes tienen redes locales que se encargan de los magistrados desde su ingreso al poder judicial y los acompañan a la jubilación –continuó–cuanto más restringido sea el colegio, más fácil será interceptar el voto. Ningún magistrado que no sea sostenido por un grupo será elegido".
De un sólo golpe se realizaría el sueño de tantos políticos, de derecha, de centro y de izquierda, a quienes realmente les gustaría ponerles una mordaza a esos valientes magistrados que, sin estar inscriptos en ninguna corriente, podrían tener "voz".
Sería suficiente con recordar que Giovanni Falcone, que no adscribía a las corrientes tradicionales y de peso, no fue elegido cuando se presentó en un pequeño colegio de Palermo. Pero se sabe que el nuestro es un país con poca memoria.
Si no hubiera sido por el apoyo de Autonomía e Independencia (el Movimiento de Piercamillo Davigo y Sebastiano Ardita) que decididamente y con convicción apoyó la candidatura de Nino Di Matteo, hoy el magistrado no estaría en el Consejo Superior de la Magistratura y no podría actuar como caja de resonancia para todos aquellos magistrados que no están vinculados a ningún partido o corriente política, y que no desean adscribirá ninguna corriente del poder judicial.
Demasiadas veces hemos visto cómo el sistema correntista ha coartado, prejuiciosamente, la carrera de excelentes jueces.
Y muchas veces hemos visto a la autonomía y a la independencia de la magistratura puestas en riesgo por esa parte de la política que quiere convertir al magistrado en un burócrata en lugar de estar atento para hacer justicia.
Ardita también destacó otros puntos débiles de la reforma según los cuales "se regulan poderes más severos del CSM respectos a los jefes de oficinas, a través de las herramientas organizativas (tablas, criterios de asignación, delegaciones) con mucha responsabilidad disciplinaria para los magistrados que no se adapten". "Estas herramientas – reiteró el consejero togado respondiendo a las preguntas de Gianni Barbacetto – si se aplican de manera burocrática a los fiscales, llevan el riesgo de frenar la competencia y las iniciativas de los magistrados. El poder judicial estaría más jerarquizado y controlado. No creo que nadie nunca más tenga la autonomía que Giovanni Falcone o Paolo Borsellino tenían en sus oficinas".
Aunque el mayor riesgo que se corre es que los cálculos del oportunismo, o de la oportunidad política, se manifiesten tanto en las elecciones del autogobierno como en las del magistrado individual, limitando así la autonomía e independencia garantizadas por la Constitución.
Por eso decimos que la reforma de Bonafede para el CSM es mediocre o pobre. El peso de las corrientes debería haberse reducido y, en cambio, existe un riesgo muy alto de que, entre objeciones y tecnicismos, se eliminen las pequeñas corrientes que trabajan para los magistrados independientes y que no temen garantizar su autonomía.
La reforma debería haber ido aún más lejos.
En los últimos años hemos tratado este tema varias veces.
El poder judicial, para volverse definitivamente libre, primero debe lograr una independencia total de la política, especialmente en el interior del mismo.
Lo ideal hubiera sido eliminar por completo la presencia de los miembros laicos (ocho integran el Pleno), elegidos por el Parlamento, para garantizar que el CSM sea realmente un órgano de autogobierno.
Para hacer esto se requeriría una reforma constitucional que, si realmente se desea hacer un cambio sin quedarse solamente en palabras, deviene necesaria.
Pero la verdad, desafortunadamente, es que la política (casi toda) nunca querrá una reforma similar y hasta la fecha no hay mayoría (se necesitan dos tercios, ndr) dispuestos a aprobarla.
Las corrientes deben ser completamente eliminadas.
Nuestra opinión es que los miembros que van a formar parte del CSM deben ser elegidos por todos los magistrados a través de una opción democrática electiva, incluso con "campaña electoral" para presentar los antecedentes y las ideas que se proponen.
La elección democrática de los representantes del órgano de autogobierno del poder judicial, por lo tanto, debe ser realizada por magistrados que puedan elegir basándose únicamente en el mérito.
En nuestra opinión, el sorteo, ahora descartado pero propuesto en el pasado, no sería la solución correcta, incluso si muchos magistrados lo señalan como un posible modelo.
Una forma de intervenir para garantizar la igual dignidad de los jueces puede ser la introducción, por ley, de la rotación de algunos cargos semiejecutivos, pero también en este caso debe haber un riguroso examen de idoneidad basado siempre en el mérito.
Un concepto, el de mérito, que debe aplicarse tanto a la elección democrática de los representantes del órgano de autogobierno del poder judicial, como a los nombramientos y ascensos.
Sería grave volver a un sistema en el que la antigüedad tenga más peso que la capacidad de los magistrados. Basta recordar la "bofetada" del CSM a Falcone, cuando "por motivos ridículos" se lo prefirió a Antonino Meli como jefe de la Instrucción en Palermo. Paolo Borsellino, el 25 de junio de 1992, dijo claramente que ese momento contribuyó a su muerte profesional.
Entonces, en un país como el nuestro, deberían ser promovidos aquellos magistrados que se ocupan de investigaciones delicadas, como las relacionadas con el terrorismo y la lucha contra la mafia. Un campo, el último, extremadamente delicado.
Una reforma seria debería también abolir los límites para los puestos directivos y semi directivos, así como la circular aberrante que prevé la salida de la DDA de un magistrado después de 8 años de trabajo en ese sector específico, adquiriendo experiencia y profesionalismo específicos.
Y, de nuevo, es necesario, que la titularidad de la acción penal sea devuelta a todos los fiscales y no sólo a los fiscales jefes, como disponen algunas circulares de los últimos años.
Es necesario que cada magistrado independiente no tenga las manos atadas por parte del Fiscal Jefe, salvo simples pautas generales sobre el tema de las investigaciones, para que pueda proceder de manera autónoma en el desarrollo de las investigaciones.
Estas también son aberraciones que deben abordarse.
Después de ver los escándalos del CSM de ayer (en los tiempos de Falcone y Borsellino) y de hoy (escándalo Palamara y similares), una política seria, con Cámaras serias y honestas que no tengan interés en controlar al poder judicial, sabría cómo intervenir. De lo contrario, como le dijo Ardita a Barbacetto en la entrevista "no digan que no lo habíamos dicho...".
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Foto de Portada: © Imagoeconomica