Sin vergüenza, sin remordimientos, sin arrepentimiento. “Autostrade per l'Italia (Aspi)”, la compañía administrada por el holding Atlantia, con el 30% (es decir, la porción más grande) controlado por la familia Benetton, pasó a la ofensiva. Con una carta formal, enviada al Palacio Chigi (sede del Gobierno de Italia, ndt) y a los ministerios de Transporte y Economía, solicitó modificar o cancelar el artículo 33 del decreto Milleproroghe, el cual establece que en casos excepcionales es posible proceder a la transferencia inmediata del control de carreteras y de la red ANAS (sociedad estatal que administra la red de autopistas y carreteras del país, ndt).
Si esa disposición no se modifica, ya anunció que está lista para iniciar la terminación del contrato y solicitar una compensación por el 100% del valor de la concesión, o sea 23 mil millones de euros. Si no es un chantaje, falta poco. Y pensar que hace unos días el Tribunal de Cuentas elaboró un informe, publicado por la Sección Central de Control sobre la gestión de las Administraciones del Estado, que deja en evidencia que las concesiones están sumamente desequilibradas a favor de la gestión privada. Hay comentarios sobre el plan técnico de gestión corporativa y aparecen numerosas deficiencias en la administración de carreteras con problemas críticos respecto a las tarifas (las más altas de Europa), no reguladas por una autoridad independiente según los criterios de orientación de costos; al capital, no remunerado con criterios transparentes y de mercado; a la evaluación periódica de la alineación de las tarifas con los costos; y a los controles de inversión a través de la verificación de las capacidades de construcción y mantenimiento.
A pesar de las resoluciones judiciales y a pesar de la investigación realizada por la Fiscalía de Génova sobre la seguridad estructural de seis viaductos, originada luego del derrumbe en el puente Morandi, los Benetton, en forma arrogante, se dicen "víctimas" y como Pilatos se lavan las manos sobre lo sucedido. La única responsabilidad que los empresarios venecianos han asumido es la de haber "contribuido a respaldar la definición de una gestión que ha demostrado ser inadecuada", mientras que los viaductos colapsados y las decenas de muertes son culpa de "algunas manzanas podridas". Sin embargo, las investigaciones muestran responsabilidades sustentadas en "informes falsos sobre las condiciones de los viaductos incluso después del colapso en Génova". Documentos realizados sobre la piel de 43 muertos, sobre el sufrimiento de sus familias, a los que hay que sumar también los de Avellino en el 2013, en el que murieron 40 personas.
Cuando se administra una empresa como Autostrade, de la cual depende la seguridad de millones de personas, no es aceptable que el "propietario" no sepa nada de lo que está sucediendo en la misma. Cuando ocurrió el colapso en Génova, Luciano Benetton, en una entrevista con La Repubblica, definió el hecho como una "desgracia impredecible e inevitable" y juró por la "buena fe"de Giovanni Castellucci, el gerente de Autostrade. Luego Castellucci se convirtió en una "manzana podrida" y fue echado, pero primero garantizó enormes ganancias durante 18 años. No es la primera vez que los Benetton, en nombre del dinero, están dispuestos a pasar por alto la vida de las personas. Un ejemplo es la vergonzosa injusticia que esta familia sigue imponiendo al pueblo mapuche en Argentina, quitándoles las tierras donde los nativos han vivido durante milenios. Tierras que en la década de los 90 adquirió la familia Benetton, gracias al entonces presidente Carlos Menem, a un precio insignificante, confinando a los mapuches a zonas marginales e improductivas, o forzándolos a emigrar a centros urbanos. Sin embargo, en 2007, los nativos de la Patagonia decidieron recuperar su territorio ancestral, y durante años tuvieron que enfrentar continuos y violentos intentos de desalojo, a pesar de que más tarde, en el 2014, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció el derecho de los mapuchessobre el territorio.
Verdaderos actos criminales que tienen lugar de un lado y del otro del Océano Atlántico. Y quienes pierden la vida son los inocentes. Los Benetton, hasta la fecha, nunca han sido tocados por investigaciones de actividades mafiosas o similares, pero tanto en Argentina como en Italia hay muertes que hablan. Para redimirse, los empresarios de la región del Véneto deben, en primer lugar, compensar a las familias de las víctimas, devolver la concesión de forma gratuita y gastar miles de millones de euros para optimizar las infraestructuras, pidiendo disculpas al Estado italiano por lo sucedido. En lugar de buscar justificaciones para no pagar lo debido, deben hacer un "mea culpa" ante Dios, si son creyentes; ante el poder judicial, si son laicos. De tal forma, al confesar los pecados y crímenes cometidos, pueden esperar perdón y circunstancias atenuantes genéricas. Hemos escrito repetidamente que, en nuestra opinión, también deberíamos investigar las responsabilidades de los directivos de las empresas Benetton. También expresamos nuestra opinión de que, dados los hechos y la repetición de ciertos episodios, los Benetton deberían ser arrestados. El poder judicial seguirá su curso y todo lo que queda es esperar confiando en la seriedad de los jueces. Tal vez algún día así sea y cumplan entonces su justa pena. Mientras tanto, a los Benetton, les deseamos buena suerte.