Uruguay: gremio estudiantil se moviliza ante Comando del Ejército y participó Our Voice
Por Jean Georges Almendras-28 de junio de 2019
Bajo diferentes formas, el recuerdo del golpe de Estado cívico-militar se hizo presente en la sociedad uruguaya, el pasado jueves 27 de junio. Y aunque ya pasaron 46 años de esa jornada marcada por el autoritarismo y por la traición a la libertad y a la democracia, por parte de los militares uruguayos y por parte de políticos (que fue lo más grave, por su grado de complicidad con las ideas y las doctrinas golpistas -y militaristas- de aquellos días) la sensación de que, aún a distancia de aquel momento, esas ideas están todavía presentes, es algo que se palpa en el país, por más que todo se enmascare de una democracia impoluta y ejemplar. Son sobradas las evidencias por las cuales en el Uruguay todavía no podemos jactarnos de que es hora de dar vuelta la página como lo pregonan no pocos integrantes del sistema político de la oposición. Integrantes del sistema político de los partidos tradicionales que se olvidan (egoístamente, y uno es benévolo diciéndolo así) que todavía hay uruguayos y uruguayas que todavía siguen buscando los restos de los detenidos desaparecidos y que se derrumbe la cultura de la impunidad reinante en aquellos años del terrorismo de Estado y que sigue siendo firme y un cruel obstáculo para que se pueda decir que se ha hecho justicia y se ha llegado a la verdad, en el Uruguay de hoy.
Estamos en año electoral, y los partidos políticos conservadores y del oficialismo se esmeran en dar una imagen de armonía, en el curso de la contienda política para la elección de gobernantes y de legisladores para los próximos cinco años, a partir del 1ero de marzo de 2020. Y todo parecería estar sobre los andariveles de una democracia óptima y sin asignaturas pendientes. Pero no es así. La democracia en la que nos hallamos sumergidos está viciada y no es genuina. No es una democracia que se puede jactar por su ética y su sanidad jurídica e institucional, sencillamente porque no tiene todas las cuentas pagas.
Nuestra democracia uruguaya adolece de unas cuantas asignaturas pendientes.
Quiere decir, que tiene bastantes asuntos en el debe, en materia de derechos humanos: hay impunidad respecto a los represores que cometieron delitos de lesa humanidad; hay impunidad respecto a la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos; hay impunidad, porque los militares no tienen una actitud de colaboración con la democracia: cuando no dicen a la Justicia ni a la sociedad civil dónde fueron enterrados los restos de las personas que fueron detenidas y torturadas muchas veces hasta la muerte; cuando ellos, que saben que los enterramientos se hicieron en predios militares optan por la “omerta” (el silencio); cuando ellos (como muchos policías de aquellos días) que fueron los responsables de esos enterramientos y de secuestros y de torturas y desapariciones de personas, prefieren estrechar filas para permanecer impunes.
Nuestra democracia uruguaya, entonces, adolece de unas cuantas asignaturas pendientes.
Recientemente varios organizaciones de derechos humanos denunciaron que hay 153 causas de lesa humanidad paralizadas y que el Poder Judicial tiene una postura, más tendiente a favorecer a los represores y no a buscar la verdad. Recientemente se sacó a la luz pública una serie de testimonios de militares confesando (ante un Tribunal de honor militar) la desaparición de un detenido en el Interior del país, arrojando su cuerpo a las aguas del Río Negro y la estructura política del gobierno (de izquierda) y de su titular Tabaré Vázquez tembló, porque él personalmente se hizo el desentendido respecto a su obligación de denuncia a la Justicia, responsabilizando de esa omisión a un Ministro y vice ministro suyo. Y este hecho no pasó inadvertido, hasta nuestros días. Semanas después, el Ministro fallecía de una enfermedad terminal no sin antes declarar que él había comunicado esas confesiones a Vázquez y que él estaba faltando a la verdad al decir que desconocía las confesiones del militar (José Gavazo) sobre la desaparición del joven en las aguas del Río Negro.
Entonces, en ese burdo contexto, en el que además fueron pocos los militares que fueron procesados y condenados, con el agravante de que muchos de ellos están en prisión domiciliaria, siendo que deberían estar en prisión en establecimientos, es que la democracia uruguaya funciona como si tal cosa, dándole la espalda a las madres y a los familiares de los detenidos desaparecidos, y dándole la espalda a las numerosas causas iniciadas ante la justicia, para que se cumplan investigaciones en múltiples casos de tortura y violaciones de mujeres que estaban privadas de su libertad , solo por oponerse al régimen dictatorial o por ser dirigentes gremiales o estudiantiles, o por tener ideas marxistas o por ser parte de partidos de izquierda o simplemente por ser simpatizantes del MLN Tupamaros.
Entonces, en ese burdo contexto, es imposible, no solo dar vuelta la página, sino además pretender que las personas que perdieron a sus seres queridos en manos de la represión, puedan dar pasos hacia adelante sin mirar que atrás hay todavía un camino plagado de piedras y espinas, que no ha sido nunca despejado.
Un camino plagado de piedras y espinas, como por ejemplo la emblemática Marcha del Silencio, que ya anda por su edición número 24. Una Marcha que siendo silenciosa está gritando a todo pulmón que el Estado es responsable de tanta impunidad. Un Estado donde la fuerza política: Frente Amplio, por un sinfín de aspectos visibilizados en sus 15 años de permanencia en el Poder Ejecutivo, más parecería hacerle el juego a esa cultura de la impunidad, que a la tarea de derribarla. Esa cultura de la impunidad que nos marca en el resto de América Latina, como uno de los países en el que tres gobiernos de izquierda poco han hecho en materia de derechos humanos violentados en dictadura. No debemos olvidar que solo se hallaron restos humanos de cuatro detenidos desaparecidos; solo un puñado de militares y policías fueron procesados; y solo dos civiles como Juan Carlos Blanco (ex canciller de la dictadura) y el ex presidente Juan María Bordaberry (hoy fallecido) fueron juzgados por la Justicia Penal, entre otras situaciones, como por ejemplo que estando en vida el ex guerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro y siendo Ministro de Defensa se transformó en uno de los más emblemáticos defensores de la casta militar, enfrentándose (y denostando con expresiones alienantes) a las organizaciones de DDHH y a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos; y como por ejemplo, que en el período en el que fue presidente el carismático ex guerrillero tupamaro José Mujica, la jueza Mariana Mota fue removida de la órbita penal siendo que estaban en sus medio centenar de causas contra militares (y este relevo sorpresivo –en el año 2013- generó una inédita movilización popular en defensa de la jueza –de la que participó el hoy fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano- en las entrañas mismas de la sede del Poder Judicial, lo que posteriormente motivó procesamientos de algunos de sus participantes por el delito de asonada, en clara demostración de un autoritarismo jurídico que fue criticado a todo nivel).
A 46 años del golpe de Estado militar, o lo que es decir, de la disolución del Parlamento, a instancias precisamente de un presidente constitucional como Bordaberry quien entregó el Uruguay a los militares, el recuerdo de esos días (que costaron vidas humanas, sufrimientos por doquier y la pérdida de todo tipo de libertades) dieron forma a una marcha que se realizó frente al edificio de Comando General del Ejército, sobre la Avenida Garibaldi a una cuadra de Bulevar Artigas, en Montevideo, capital del Uruguay.
Una marcha, convocada por distintas organizaciones sociales, gremios estudiantiles y sindicatos “para señalar además la complicidad de todo el régimen con la política de reconciliación, planteando que no hay olvido ni perdón para los crímenes de la dictadura y que la lucha contra la impunidad sigue aún viva” según explicaciones de los voceros de las organizaciones que convocaron a la movilización, de la cual participaron varios centenares de personas, en su mayoría jóvenes.
Jóvenes (que portando diferentes pancartas) junto a hombres y mujeres no tan jóvenes, recorrieron casi una decena de cuadras antes de llegar a las puertas del Comando del Ejército, edificio que obviamente se encontraba vallado, con los portones y ventanas cerradas a cal y canto, y a oscuras.
Jóvenes que cantando consignas y realizando algunas intervenciones o grafiteando la calzada o leyendo incluso proclamas a las puertas mismas del edificio del Comando rechazaron los avances represivos que se promueven desde los partidos, desde la campaña “Vivir sin Miedo” (a iniciativa del senador Larrañaga de un sector del Partido Nacional, buscando la militarización para preservar la seguridad ciudadana) hasta las acciones de fortalecimiento del aparato represivo que puso en práctica el Frente Amplio en sus períodos de gobierno.
Jóvenes que también hicieron hincapié en el reciente intento de censura contra el movimiento estudiantil que se pronunció públicamente contra la reforma “Vivir sin Miedo” ante el intento de la Justicia de impedir que se difunda desde carteles colocados en las fachadas de los liceos.
En medio de esos jóvenes de los gremios estudiantiles estaban los jóvenes del Movimiento Our Voice que también participaron de la marcha llevando una pancarta, con una consigna que aludía precisamente a la entrega que hiciera Juan María Bordaberry a los militares, de un país que aún con una democracia saboteada por el presidente Jorge Pacheco Areco, (que la sembró de violencia y de terrorismo de Estado aún no estando en dictadura) podía contar con parlamentarios defensores de los derechos políticos, civiles y humanos que recurrentemente fueron pisoteados por un régimen democrático autoritario y despótico, y de extrema derecha.
Una extrema derecha reaccionaria que comenzó a poner en práctica el terrorismo de Estado mucho antes de crearse el Movimiento de Liberación Tupamaros y mucho antes de la madrugada del 27 de junio del año 1973, cuando militares y policías irrumpieron en el Palacio Legislativo, instalando formalmente la dictadura militar, que en boca de los golpistas era más bien la instalación de un gobierno cívico militar, pero no un golpe de Estado.
El eufemismo al que apelaron los golpistas de la época seguramente para ponerse a distancia del baño de sangre y muerte que se desató, con el saldo de 200 detenidos desaparecidos y miles de presos políticos, que por cierto también fueron víctimas del accionar virulento del Plan Cóndor, que también alcanzó a la Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia.
A 46 años de esa noche del 73’ nefasta para el Uruguay, todavía hay líderes políticos –uno en particular llamado Julio María Sanguinetti- que todavía hablan de ese golpe cívico-militar como una etapa que fue necesaria para sanear al país de la influencia marxista leninista, y como una consecuencia de la guerrilla tupamara, lo que verdaderamente es una postura en extremo tendenciosa y que falta a la verdad.
A 46 años de esa noche del 73’ nefasta para el Uruguay, con los ritmos de una vida del siglo XXI a pleno, nuestra democracia, que sigue en el debe con los crímenes de la dictadura, también debe convivir con todo ese torrente de resaca de esos tenebrosos días del terrorismo de Estado, y en medio de un año electoral en el que todavía se postulan para la presidencia de la República algunos seguidores de los dictadores y lo que es más grave aún, uno de los principales titiriteros de la dictadura, emblema octogenario del Partido Colorado y hasta un militar retirado que hasta hace poco fue Comandante del Ejército.
46 años después de la dictadura, siguen ellos: agazapados como cuervos que quieren comernos los ojos.
Los jóvenes no lo permitirán, estoy seguro.
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*Fotos de Our Voice/Erika Pais.