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El Código de Aguas chileno: la biblia de los ladrones

andres volpePor Andrés Volpe de Our Voice – 06 de febrero de 2020

Además de padecer una enorme sangría por la violación de los derechos humanos, Chile es conocido a nivel mundial por ser uno de los países que más sufre los devastadores efectos del cambio climático y lejos de acercarse a soluciones concretas respecto a esta realidad, sus legisladores hacen lo posible por asegurarse de que el pueblo carezca de los elementos básicos para la vida. El Estado, la minería a cielo abierto, la agroindustria y el empresariado, todos parecen tener más derechos que los ciudadanos comunes.

Lisa y llanamente el pasado 7 de enero el Senado rechazó consagrar el agua como bien de uso público en la Constitución. El proyecto tuvo 24 votos a favor y 12 en contra, pero quedó en suspenso debido a que la actual Constitución exige dos tercios de los votos de respaldo (29 votos a favor) para realizar cualquier cambio a la Carta Magna. De acuerdo a los legisladores opositores, se buscará reponer en el debate de la Convención Constituyente donde se reescribirá dicha Carta Fundamental. Por otro lado la oposición denunció que cuatro senadores que participaron de la votación presentan conflicto de intereses, por tal motivo solicitaron la anulación del proceso. Los senadores acusados de esto son Juan Antonio Coloma, que está vinculado a dos de los llamados “derechos de aguas”, obtenidos en abril de 2011 y octubre de 2013 por la sociedad de Inversiones e Inmobiliaria Santa Eugenia S.A, en la que participa además su cónyuge María Cecilia Álamos; además se suman Alejando García Huidobro, que registra en su última declaración de patrimonio cuatro “derechos de aprovechamiento de aguas”, en la región de O’Higgins, para usar las aguas del Río Cachapoal, en el Canal El Alba y a Manuel José Ossandón que registra en su última declaración patrimonial un “derecho de aguas” desde 1998 en el cauce del Río Maipo, en la región Metropolitana. Por otro lado Juan Enrique Castro registra dos “derechos de agua”, vinculados a sociedades en las que tiene participación, que datan del año 1987, en la región del Maule.

Chile tiene un modelo de políticas respecto a aguas muy particular. En agosto de 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se aprobó el “Código de Aguas”, que en su artículo 5 establece que el recurso es un "bien nacional de uso público", pero que su "derecho de aprovechamiento" es privado. Esta normativa se basa en la idea de que el acceso al agua es un bien económico, por lo tanto, la forma más “correcta” de gestionar su asignación es a través del mercado, de precios y de derechos de propiedad privada. Si lo expresamos de otra forma, los que adquieran derechos del agua serán quienes decidan a quién otorgarla, cómo utilizarla y quiénes serán los que gocen de su renta.

Un negocio muy redituable

La venta de agua en Chile raya lo escandaloso y no tiene comparación, es llamada comúnmente “negocios especulativos”, puesto que fueron inscriptos sin costo alguno en organismos del Estado para luego venderlos al mejor postor a diversos valores. En internet hay varias páginas “estilo subastas”. Los nombres de algunas de ellas son: Actiagro, Portal Hídrico, Mercado Hídrico, Gesaguas, Compragua, etc. En algunas se incluyen buscadores con mapas donde se muestra la ubicación exacta y los valores en peso chileno, dólar y euro. Asimismo, la capacidad de los caudales por segundo, entre otros factores a tomar en cuenta a la hora de comprar.

“No es sequía es saqueo”

El 97% de los remates de derechos de agua que se programaron para el año 2019 provenían de la Región del Biobío, esto movilizó a diferentes comunidades y organizaciones. La Coordinadora por la defensa del Agua y de la Vida está preparando eventos para unir a todas las personas en un gran frente nacional que se verá reflejado en las manifestaciones propuestas para los días 22 de marzo y 22 de Abril. No podemos olvidarnos del lonco Alberto Curamil, ganador del “Nobel Verde” Goldman 2019, que estuvo en el foro por el Agua de la Universidad de Concepción. El líder Mapuche, quien estuvo detenido y luego liberado por la justicia por hacer frente a dos empresas privadas de energía, la Swiss Hydro y Agrisol, que planeaban construir dos centrales hidroeléctricas: Alto Cautín y Doña Alicia, en los cauces del Río Cautín localizados en pleno territorio mapuche manifestó:

“Venimos de muchos años luchando contra este sistema. Si hablara de mis orígenes, mi bisabuelo se tuvo que trasladar desde Coyahue, muy cercano a Temuco, para luchar contra los winkas, contra el Estado chileno que quería cruzar el río de Malleco. Y se quedó instalado en Ercilla donde nací. Allí donde mi abuelo y mis padres lucharon fueron encarcelados el año 73. Fueron torturados. Mi madre también fue encarcelada. Yo he sido encarcelado y no quisiera que a mi hijo lo encarcelaran el día de mañana. ¿Por qué somos encarcelados? ¿Por qué hemos sido perseguidos?”, preguntó Curamil a los cientos de personas que escuchaban atentos.

La antítesis de esta lucha la presenta el ministro de Agricultura de Sebastián Piñera, “la cara visible de Chile contra la sequía”, tiene derechos de aprovechamiento de aguas de más de 29.00 litros por segundo para riego. Según la ley estos derechos de agua son permanentes y continuos, o sea las 24 horas del día. Según un estimativo, dichos derechos alcanzarían para abastecer el consumo diario de una población de 14,7 millones de personas, dado que el consumo promedio por persona es de 170 litros por día, según datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

Ante su interpelación el ministro dijo “los derechos de agua que yo tengo son para regar los manzanos que he plantado en los últimos 20 años de mi vida”.

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*Foto de Portada: www.ladiscusion.cl 

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