Con el avance del coronavirus las mafias podrían entrar en los sistemas legales. Así lo manifestó el fiscal italiano Nino Di Matteo haciendo referencia a que en su país las mafias podrían comenzar a mezclarse con las economías locales ante el avance de la crisis económica. Además sentenció: “No podemos permitirlo, sería un paso muy serio hacia la aparente legalización de las mafias”
Salvando las distancias una situación similar se estaría dando entre los pueblos originarios de Colombia. Los crímenes mafiosos de los líderes sociales no se frenaron con el virus. Al contrario, las fuertes medidas de aislamiento impuestas por el país hicieron que muchos líderes amenazados de muerte quedaran confinados en sus casas, pero sin la vigilancia adecuada.
Veamos el caso de Carlota Salinas: horas antes de que la asesinaran, estaba recaudando fondos en su comunidad para los afectados por el coronavirus en el municipio de San Pablo, Colombia. La noche del 24 de marzo, hombres armados irrumpieron en su vivienda, la obligaron a salir unos metros y la asesinaron con armas de fuego. Carlota era miembro, desde hace 10 años de La Organización Femenina Popular (OFP), creada en 1972 como una propuesta de la iglesia católica para organizar mujeres que estén pasando situaciones de violencia intrafamiliar o de injusticia social. Según la OFP, Carlota estaba en la mira de grupos criminales, que aprovecharon el aislamiento y la falta de protección para llevar a cabo su asesinato.
Durante el 2019, 108 activistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. En el comienzo de este 2020 ya van 17 los caídos. Según la ONU, Colombia es uno de los países más peligrosos para los activistas sociales. Desde que se firmaron los acuerdos de paz en 2016, se elevan a 600 los líderes ultimados.
Tal es el caso de los hermanos Omar y Ernesto Nacabera, asesinados el 23 de marzo, un día antes que Carlota. Ocurrió en el departamento de Valle del Cauca, en territorio colombiano. Los líderes del pueblo indígena Emberá estaban cumpliendo la cuarentena junto a su familia cuando llegaron desconocidos a invitarlos a una reunión de emergencia. Motivados por el servicio a su comunidad, Omar y Ernesto junto a otros dos miembros de la familia salieron de su casa. Los desconocidos los llevaron a la orilla de un río donde les dispararon. Los hermanos murieron en el acto, mientras los otros dos miembros de la familia resultaron heridos.
Pero no son las únicas víctimas del aislamiento y la desprotección institucional: el pasado 19 de marzo, tres hombres portando armas de fuego sacaron fuera de su casa a Marco Rivadeneira, líder campesino del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y lo asesinaron. Su lucha se destinó a promover una mesa de concertación entre el Gobierno y las comunidades de Putumayo para poner fin a la violencia.
En todos los casos los matones “dieron plomo” como se dice en Colombia y dejaron los cuerpos a la intemperie como señal de lo que les sucederá a los que defienden los derechos humanos o denuncian asuntos poco convenientes.
En tiempos del coronavirus los conflictos sociales no paran. La Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia es quien brinda protección y escoltas a los líderes sociales amenazados. Tras la muerte de los activistas, la UNP ha dicho en un comunicado que “es obligatorio que los escoltados y sus sistemas de seguridad respeten la restricción de aislamiento”. De esa forma dejan en situación de vulnerabilidad a cientos de defensores de los derechos humanos. Con respecto a esto, Amnistía Internacional pidió a los gobiernos que “su respuesta al Covid-19 no descuide sus obligaciones con los derechos humanos”
Está claro que el aislamiento social es una medida que ayuda disminuir los contagios del virus. Para algunas personas significa un tiempo de descanso en la comodidad de su hogar. Pero en otros casos significa una doble preocupación: la pandemia y la desprotección. El confinamiento es algo nuevo para la clase media de América Latina, pero es algo normal para las comunidades indígenas de la región. Ya sea obligado por grupos paramilitares, organismos federales o por la misma sociedad, los pueblos indígenas quedan sectorizados en sus tierras con mínimo desplazamiento hacia las ciudades.
Por ejemplo en Argentina: “A veces el encierro provoca muchos casos de violencia intrafamiliar, de género. Muchos casos de femicidios. Las mujeres en la Argentina que son víctimas de la agresión de un hombre tienen un teléfono para llamar y pedir auxilio e inmediatamente el auxilio lo tendrán”, dijo el presidente Alberto Fernández el pasado 30 de marzo en una entrevista realizada por el ex cantante de calle 13, René Pérez.
Tanto en los asesinatos de los líderes sociales en Colombia, como los femicidios de nuestro país, queda claro que no es una opción llegar a un teléfono para pedir ayuda. Los hechos ocurren de tal manera que no se cuenta con el tiempo necesario para realizar la llamada, o para que el auxilio efectivamente llegue. Sin contar que en ambos casos había denuncias previas y se sabía de antemano que sus vidas corrían peligro y no se oyó ese primer pedido de ayuda.
El coronavirus no entiende de condiciones sociales. Llega a todos por igual. Pero es cierto que hasta el momento todas las medidas de los países latinoamericanos benefician a las clases mejor posicionadas. Las estadísticas de la disminución de delitos solo reflejan la seguridad que sienten los barrios de mejor nivel de vida. Solo resta esperar que la enfermedad no sea un medio ideal para esconder crímenes y delitos a manos de grupos paramilitares, organizaciones corruptas o de los propios gobiernos del mundo.
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