Por Andrés Volpe, de Our Voice - 8 de abril de 2020Parece que se está haciendo costumbre en nuestra querida América Latina, casi como una regla, que los de siempre, los victimarios, se crean con más derecho que sus víctimas. La libertad es un derecho que sólo los valores y la justicia dictan, sólo que en este caso la justicia está un poco más floja que de costumbre. En estos días el pueblo se ve obligado a quedarse en casa y los asesinos salen para hacer de las suyas o al menos eso pretenden hacer.
Desde que comenzó la pandemia la justicia se ve avasallada por solicitudes de cambio de condición de los regímenes carcelarios, de presos que por su condición de asesinos, lejos pueden estar de obtener la prisión domiciliaria. Debido al carácter volátil de la justicia y la política, como garante de estos comportamientos, en este momento la liviana democracia en la que estamos envueltos corre serio peligro.
Este es el caso de Honduras que, desde el golpe de estado a Emanuel Celaya en el año 2009, no ha parado de restringir a sus ciudadanos en sus derechos. Este escenario permitió que el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, refuerce su lucha y amplíe su frente de batalla. Berta Cáceres tenía claro que sobre todo la guerra iba a ser ganada en las aulas, en el retorno a los saberes ancestrales y en el respeto a la diversidad, por eso convocaba a diferentes colectivos incluyendo la posibilidad de reinsertar a los jóvenes marginados de las asociaciones criminales conocidas como “Maras” a una reforma desde los cimientos en su país; incluso viajaba más allá de las fronteras convocando a una lucha de índole continental. De ahí su importancia, de ahí que se convirtió en un enemigo peligroso y de ahí que debía ser callado.
Hoy el COPINH está denunciando la posibilidad de que dos de los asesinos condenados por la muerte de Berta Cáceres salgan de la cárcel en el marco de la emergencia sanitaria.
Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, trabajadores de la familia Atala Zablah, condenados a 30 años de prisión por el asesinato, serían puestos en libertad por supuestas razones médicas en medio de la crisis por el Covid-19. Y así mismo, más beneficios o incluso la excarcelación para David Castillo, uno de los autores intelectuales del crimen. De todo esto son los principales responsables el Estado de Honduras y al Instituto Nacional Penitenciario dirigido por el ejército. Y se exige que las autoridades encargadas encabezadas por el director de la junta interventora del Sistema Nacional Penitenciario, coronel José González Maradiaga, esclarezcan urgentemente esta situación.
Berta Zúñiga Cáceres, actual líder del COPINH (e hija de Berta Cáceres) no perdió la oportunidad para denunciar que las comunidades originarias ubicadas en la zona sur occidental de Honduras, casi colindando con el Salvador, se encuentran desabastecidas y desatendidas por la situación pandémica tanto en el sistema de salud que viene “siendo históricamente saqueado” como por las acciones que ejerce el gobierno de Juan Orlando Hernández al que califica de régimen dictatorial para perpetuar dicho desabastecimiento. Por tal motivo Berta Zuñiga recalcó la importancia de cuidar el agua y de vivir de lo que produce la tierra, lo que garantiza no depender de los insumos de la canasta básica.
Ante esta situación el pueblo hondureño trata de tomar cartas en el asunto para conseguir los recursos básicos y para mitigar los efectos de la pandemia por propia cuenta. Ante esta acción Berta denunció que el gobierno amenazó con reprimir y mantener en estado de desidia a dichas comunidades.
Además, con respecto a la flexibilización del régimen carcelario expresó: “Este es un camino de impunidad que nos llena de profunda indignación y que sabemos que en medio de todo esto hay muchas acciones de corrupción en los que están siendo beneficiadas personas que gozan de influencia; sabemos que son 3000 personas privadas de libertad que están a punto de salir y no queremos que corruptos sean beneficiados por esta medida”.
Además, Berta Zuñiga recalcó que desde la justicia se está usando esta situación para accionar según sus intereses, incluso no respetando los mismos requisitos que se han establecido.
“También estamos aprovechando para hacer una denuncia fuerte sobre toda la corrupción que está viviendo todo nuestro país. La incapacidad y la desorganización a nosotros siempre nos llena de indignación, este es un momento para volver a levantar esta denuncia y poder prepararnos en la cuarentena, para cuando termine la misma poder movilizarnos contra este régimen dictatorial que ha militarizado nuestro país, y contra el tráfico de drogas que no para y no va a parar”.
Berta Zúñiga cierra su convocatoria apelando a los colectivos de toda América a no desmoralizarse y a mantener la lucha desde la organización, a pesar de las circunstancias.
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Imagen de portada: www.entornointeligente.comFoto 2: www.copinh.org