Por Andrés Volpe, de Our Voice – 29 de abril de 2020
La justicia argentina ha demostrado ampliamente que cuando quiere puede. A sala vacía ante las restrictivas medidas en el marco de la pandemia global, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en manos de Roberto Falcone, Mario Portela y Martín Bava, condenó el pasado lunes a cadena perpetua a veintiocho genocidas por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, además hubo siete penas de entre 7 y 20 años, y cinco absoluciones, sentencia que estuvo bastante cerca de lo que pedía la fiscalía. Esto fue el resultado de dos años de audiencias y más de 300 testimonios. Histórico y particular fue el proceso ya que la inmensa mayoría de los imputados recibieron su condena desde sus casas y el Tribunal Oral Federal leyó su veredicto delante de pocos defensores, algunos querellantes y los fiscales. El juicio giró en torno a 272 casos de secuestros y torturas, 133 de dichos casos son de personas que permanecen aún desaparecidas y en otros 27 casos se comprobó que fueron asesinatos ya que sus restos fueron encontrados. Este proceso permitió ver el marco completo de cómo se manejó la represión en la sub zona 15 ya que se unificaron varias causas, represión que fue ejecutada sistemáticamente en los centros clandestinos conocidos como “Base Naval” y Cueva”. Además incluyeron hechos de otros centros, que se encontraban en el partido de general Pueyrredón y sus alrededores, y que involucraron a las tres Fuerzas Armadas, la Prefectura y la Policía bonaerense.
“Todavía no puedo desatar el nudo que tengo en la garganta”, contó Gloria León. Junto a los tres representantes del Ministerio Público Fiscal y tres abogados defensores, fue la única abogada querellante que oyó de cuerpo presente la lectura de la sentencia que condenó a 28 imputados a prisión perpetua por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Además expresó lo difícil que fue en esta oportunidad: “Solíamos salir de la audiencia y festejar con abrazos. Hoy salimos y no había nadie”, exclamó. Los integrantes de las ongs de derechos humanos y familiares de víctimas que ya conocen de estas tempestades esta vez tuvieron que vivirlo desde sus casas. La Fiscal auxiliar Eugenia Montero manifestó lo atípico de la situación describiendo como los acusados miraron el proceso por teleconferencia incluso uno de los acusados dijo sus últimas palabras a través de una video llamada de WhatsApp al teléfono del secretario del Tribunal.
Los culpables
Condenaron a 25 años de prisión a Juan Eduardo Mosqueda, mientras que a Ariel Silva le dieron 22 años; a Gonzalo Gómez Centurión lo penaron con 12 años mientras que Cesar Martí Garro recibió 10 años y Miguel Ángel Domingo Parola 7 años de prisión.
Entre tanto fueron absueltos Silverio Cortez, Juan Tomás Carrasco (fue Comisario de la localidad de Miramar y es el único policía entre los imputados), Juan Alberto Rincón, Eduardo Isasmendi Sola y Juan Roberto Contreras.
Por otro lado los 28 condenados a cadena perpetua en su mayoría miembros de las tres Fuerzas Armadas y la Prefectura Naval Argentina fueron: Rafael Guiñazú, José Lodigiani, Carlos Robbio, Justo Ortíz, Eduardo Frías, Alfonso Nicolás, Roberto Blanco Azcarate, Luis Bonanni, Raúl Pagano, Osvaldo Siepe, Néstor Vignolles, Carlos Suárez, Hugo Pabón, Alcides Cerutti, Oscar Gronda, Alfredo Weinstabl, Ernesto Davis, Raúl Pizarro, Virtom Mendiaz, Alfredo Arrillaga, Eduardo Blanco, Jorge Toccalino, Julio Falcke, Oscar Ayendez, Héctor Azcurra, Policarpo Vázquez, Héctor Vega y Fortunato Rezzet
Culpables de tomar vidas. Culpables de sembrar miedo. Culpables de traicionar a la patria a pesar de jurar defenderla. Los argumentos de dicho veredicto estarían disponibles el próximo 18 de junio, pero aun así la justicia argentina demostró su lado más noble: la apelación ahora será para que los jueces sigan investigando porque el silencio de los acusados aún es grande y queda mucho por hacer, y sobre todo mucha memoria por honrar.
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