Por Jean Georges Almendras-28 de junio de 2020Los heroísmos de resistencia de los años de la dictadura cívico-militar de Uruguay, aunque cronológicamente distantes, nos dan de bruces con una serie de acontecimientos de la realidad política nacional de nuestros días. Días de pandemias y de hechos históricos que nos traen a la mente las ponzoñosas violencias políticas de los años previos a 1973 y la seguidilla de episodios (de neto corte golpista) en la aciaga madrugada del 27 de junio de 1973 cuando los mandos militares de la época irrumpieron en el Palacio Legislativo, inaugurando así, a fuerza de represiones y de autoritarismos (intrigantes y turbios) uno de los períodos más nefastos del Uruguay. Mirando hacia atrás desde nuestras comodidades del año 2020, los pórticos del pasado se abren, en el día señalado como inaugural “del golpe”, y de un plumazo nos sobrevienen además, no solo los fantasmas de los torturadores uniformados apaleando (y asesinando) a gentes en resistencia, en calles, fábricas, comisarías y cuarteles (con el saldo estremecedor de casi dos centenares de desaparecidos) sino además las cobardías y las traiciones de los integrantes del sistema político de esos días, convirtiéndose en cómplices de la indignante tarea de hacer añicos una democracia, que de hecho, ya estaba hecha jirones desde los primeros años sesenta, cuando el país quedó en manos de Jorge Pacheco Areco, el mentor del terrorismo de Estado que se fue extendiendo por años y años. ¿Hasta nuestros días? Sí, hasta nuestros días, porque las violencias no cesaron. Aún más, se enmascararon. Se mimetizaron con el “retorno a la democracia” y en tanto que los unos protegieron a los golpistas (que se replegaron y bajaron sus perfiles) y a los asesinos de personas, los otros se atrincheraron en sus trajes de “políticos”, pactando en los años 80 con la casta militar (el denominado pacto del Club Naval, que además no sería el único, porque ya en los cuarteles algunos referentes luchadores de la guerrilla -excluyamos de esta anomalía a Raúl Sendic y a Jorge Zabalza, entre otros- llevaron adelante pactos y acuerdos, no solo con ánimo para salvar sus pellejos ¿o a conciencia de traicionar sus ideas, importándoles un bledo además el respeto a los que dieron sus vidas y soportaron la “máquina” en los cuarteles y centros de detención? para negociar una salida institucional. Una salida que se concretó, pero a un costo increíble: perder la posibilidad de hacer justicia por los caídos de la dictadura, es decir, darle paso a las impunidades y dar vía libre a que en la sociedad uruguaya se instale la idea de que “dar vuelta la página” debería ser la prioridad. Una prioridad pregonada y trabajada de tal forma, por el sistema político tradicional (y conservador) en plena democracia y además, por asombroso que fuera, por la mayoría de los integrantes del sistema político de la fuerza política frenteamplista (¿no era visible, que en sus 15 años de gobierno, en las Marchas del Silencio de cada 20 de mayo la pancarta cabecera aludía a una recurrente falta de voluntad política para dar respuesta a las Madres de Detenidos Desaparecidos en el Uruguay?) al punto que se transformó en un recurrente caballito de batalla de los gobernantes democráticos post dictadura, que en definitiva no hicieron otra cosa que ceder espacio a la cultura de la impunidad (abrazados a la Ley de Caducidad).
Pacheco Areco se inmortalizó como represor contumaz, Bordaberry como traidor a la Constitución y el Gral. Gregorio “Goyo” Álvarez como el estandarte de la represión y el autoritarismo de la dictadura cívico militar en el territorio uruguayo. De ahí en más, los días transcurrieron sobre carriles de muerte, de dolor, de saqueo, de falta de libertades y en particular de avasallamientos a la clase trabajadora. Casi doscientos personas desaparecidas y un tendal de asesinatos fue el saldo de los días de dictadura. Los días de dictadura que finalmente desembocaron en una democracia hasta nuestros días. Una democracia acarreando (sobre las espaldas de las masas populares) una mochila repleta de asignaturas pendientes o mejor dicho de culpas. Culpas que deben mantener un perfil bajo. Culpas que no deben ser mencionadas, y mucho menos denunciadas ante la Justicia, porque además de que el Poder Judicial no es independiente, lo que más sobresale, como una anomalía de estos tiempos, es que la casta militar salió airosa. Y tanto airosa, que finalmente pudo ingresar al Palacio Legislativo sin armas ni demostraciones de poder (como se ve en la foto de portada) y por si fuera poco, apoyada en las mieles de la vida democrática: un partido propio, llamado Cabildo Abierto, con un líder no menos propio: el ex Comandante del Ejército Nacional Guido Manini Ríos, para colmo, todo un bastión de la hazaña reaccionaria de los años sesenta y setenta. Y tanto bastión fue, que formando coalición con los partidos tradicionales y el Partido Independiente liderado por Pablo Mieres, se instaló en el Parlamento, constituyéndose así en un sólido referente (representante) de los militares de antes , durante y después de la dictadura. Un referente incondicional de una doctrina: la doctrina de la impunidad para los responsables de cometer delitos contra la democracia y contra las vidas de los uruguayos que se resistieron a la bota militar (y al uniforme policial). Y al “traje y corbata” de los políticos golpistas. Políticos que propiciaron y fueron cómplices de los Escuadrones de la Muerte (como Julio María Sanguinetti, que hoy tiene el cinismo de erigirse como un referente -“demócrata y republicano”- de la vida política nacional, cuando es un secreto a voces -y en ocasiones no tan secreto- que su adhesión a las noxas del terrorismo de Estado fue un hecho innegable. Y tan innegable que se visibiliza en sus intervenciones públicas, periodísticas, y en sus libros, donde expone una visión muy flechada y bastante tergiversada de los hechos que fueron parte de las violencias políticas de antes y después de la dictadura, hasta nuestros días.
Y en medio de todo este panorama, en el que sobresale como reciente presidente electo (por la voluntad de las urnas) un joven político de nombre Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional e hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle, es que no pocas figuras emblemáticas de la izquierda uruguaya -José “Pepe” Mujica y Tabaré Vázquez, entre ellos- se visibilizan como mediáticos administradores del capitalismo y como piezas claves en la presencia de los militares en la vida política del país. ¿Es que Luis Lacalle Pou sigue la línea dura de los poderes autoritarios de los años sesenta y setenta?. Sí, es lo más probable: basta con ver la LUC (Ley de Urgente Consideración) para darnos cuenta que sí. ¿Será que la izquierda también –en quince años de gobierno- aportó su granito de arena para toparnos hoy, con un gobierno de políticas económicas neoliberales y políticas de seguridad represivas? Sí, es lo más probable: basta con ver el panorama actual en materia de criminalizaciones de las luchas sociales para darnos cuenta que sí. Y basta con ver que se aprobó en pleno gobierno progresista la Ley Antiterrorista y que vamos hacia un estado policíaco y una militarización, para darnos cuenta que sí. Que debemos replantearnos todo.
Y es precisamente cuando el Movimiento Internacional de Jóvenes Our Voice aparece en el escenario ciudadano, con su reciente cortometraje “El Bunker”. Una realización que hace replantearnos todo. ¿Replantearnos qué? Que hemos llegado a un punto, en el que ya mismo debemos romper el cascarón de la indiferencia, del individualismo y de la falta de conciencia social para darnos cuenta de lo que está pasado. Darnos cuenta que la derecha y la izquierda son la misma cosa; darnos cuenta que solo un puñado de torturadores están presos; darnos cuenta que Uruguay no es Natural, sino naturalmente narco; darnos cuenta que “el Pepe” Mujica con su austeridad y su “fusca” nos vendió un obelisco y que se transformó en una pieza muy clave del capitalismo en el país; darnos cuenta que los presidentes de la democracia uruguaya (de la derecha y de la izquierda) Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle, Tabaré Vázquez y José Mujica, no hicieron nada para romper con la omertá mafiosa de los militares para así poder recuperar restos óseos de los detenidos desaparecidos en dictadura, en cuarteles militares (para así también poder llevar a la justicia a los responsables); darnos cuenta que los tres poderes: el judicial, ejecutivo y legislativo, no son independientes; darnos cuenta que en las últimas elecciones votamos a los hijos de los padres de los asesinos de nuestros padres; y darnos cuenta que los gobiernos no hacen nada para encarar las mafias vinculadas a la economía, la política y la comunicación.
“El Bunker” que es el estreno del cine político de denuncia de Our Voice, nos replantea todo esto. Es una realización frontal, hecha en plena pandemia, a 47 años de la dictadura cívico-militar en el Uruguay, y que en los diez minutos de duración confronta al poder y al espectador. Una realización en la que el protagonista (Diego Grachot, que hace un excelente trabajo actoral) es un marginal, que presa de la locura, habla y dice lo que en realidad pensamos (y sentimos) pero no nos animamos a decir, nosotros, los ciudadanos que no somos marginales ni estamos al margen de la ley.
En definitiva, si en la ficción de “El Bunker” (dirigida por Stefano Centofante, con guión compartido entre Sonia Bongiovanni, Matías Guffanti y el mismo actor Grachot) que está “basada en hechos reales” es un marginal presa de la locura y acorralado por la ley por un delito que no cometió, quien nos lleva a replantearnos todo, inevitablemente (no hay duda) que debemos replantearnos todo. Y rápido.
Antes que los cuerdos sigan siendo mayoría.
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*Foto de Portada: www.elpais.com.uy