Después del golpe cívico militar en el Uruguay y cuando Our Voice hace cine político
Por Jean Georges Almendras-28 de junio de 2020
Los heroísmos de resistencia de los años de la dictadura cívico-militar de Uruguay, aunque cronológicamente distantes, nos dan de bruces con una serie de acontecimientos de la realidad política nacional de nuestros días. Días de pandemias y de hechos históricos que nos traen a la mente las ponzoñosas violencias políticas de los años previos a 1973 y la seguidilla de episodios (de neto corte golpista) en la aciaga madrugada del 27 de junio de 1973 cuando los mandos militares de la época irrumpieron en el Palacio Legislativo, inaugurando así, a fuerza de represiones y de autoritarismos (intrigantes y turbios) uno de los períodos más nefastos del Uruguay. Mirando hacia atrás desde nuestras comodidades del año 2020, los pórticos del pasado se abren, en el día señalado como inaugural “del golpe”, y de un plumazo nos sobrevienen además, no solo los fantasmas de los torturadores uniformados apaleando (y asesinando) a gentes en resistencia, en calles, fábricas, comisarías y cuarteles (con el saldo estremecedor de casi dos centenares de desaparecidos) sino además las cobardías y las traiciones de los integrantes del sistema político de esos días, convirtiéndose en cómplices de la indignante tarea de hacer añicos una democracia, que de hecho, ya estaba hecha jirones desde los primeros años sesenta, cuando el país quedó en manos de Jorge Pacheco Areco, el mentor del terrorismo de Estado que se fue extendiendo por años y años. ¿Hasta nuestros días? Sí, hasta nuestros días, porque las violencias no cesaron. Aún más, se enmascararon. Se mimetizaron con el “retorno a la democracia” y en tanto que los unos protegieron a los golpistas (que se replegaron y bajaron sus perfiles) y a los asesinos de personas, los otros se atrincheraron en sus trajes de “políticos”, pactando en los años 80 con la casta militar (el denominado pacto del Club Naval, que además no sería el único, porque ya en los cuarteles algunos referentes luchadores de la guerrilla -excluyamos de esta anomalía a Raúl Sendic y a Jorge Zabalza, entre otros- llevaron adelante pactos y acuerdos, no solo con ánimo para salvar sus pellejos ¿o a conciencia de traicionar sus ideas, importándoles un bledo además el respeto a los que dieron sus vidas y soportaron la “máquina” en los cuarteles y centros de detención? para negociar una salida institucional. Una salida que se concretó, pero a un costo increíble: perder la posibilidad de hacer justicia por los caídos de la dictadura, es decir, darle paso a las impunidades y dar vía libre a que en la sociedad uruguaya se instale la idea de que “dar vuelta la página” debería ser la prioridad. Una prioridad pregonada y trabajada de tal forma, por el sistema político tradicional (y conservador) en plena democracia y además, por asombroso que fuera, por la mayoría de los integrantes del sistema político de la fuerza política frenteamplista (¿no era visible, que en sus 15 años de gobierno, en las Marchas del Silencio de cada 20 de mayo la pancarta cabecera aludía a una recurrente falta de voluntad política para dar respuesta a las Madres de Detenidos Desaparecidos en el Uruguay?) al punto que se transformó en un recurrente caballito de batalla de los gobernantes democráticos post dictadura, que en definitiva no hicieron otra cosa que ceder espacio a la cultura de la impunidad (abrazados a la Ley de Caducidad).
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