10/10/2018- Provincia de “Entre Rios”
Una boca de expendio de Entre Ríos Servicios figura en la misma dirección dónde funciona uno de los estudios contables allanados hace una semana en el marco de la investigación por el supuesto fraude en la Legislatura, según verificó Página Judicial. ¿Cómo surgió el dato? Pistas de un actor que, por ahora está fuera de la causa, pero más adelante puede llegar a tener gravitación. Las pistas, para descifrarlo, se las pueden hallar en una obra literaria.
 
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

En una ciudad chica todo se conoce. O, en todo caso, para llegar a la verdad el camino suele ser menos engorroso. Los hombres vinculados al poder inevitablemente suelen estar de un lado y del otro del mostrador. Eso los hace indulgentes o inquebrantables según la circunstancia.

Gavin Stevens es un personaje encantador en la saga de cuentos de William Faulkner en su obra Gambito de Caballo. Es un abogado astuto, observador y tolerante con las peculiaridades y flaquezas de los amigos.

En la causa donde se investiga el escandaloso fraude en la Legislatura y que a la fecha registra unos 350 contratos irregulares entre 35 y 50 mil pesos hay un Gavin Stevens. Será, por su temperamento y su forma de actuar, un actor interesante en la historia que se empezó a tejer el 20 de septiembre cuando se detuvieron a los primeros sospechosos con tarjetas de débito en el cajero del Bersa de calle Alsina. Hoy, nuestro Gavin paranaense, orejea la información que vociferan en la comunidad judicial y en los pasillos del parlamento entrerriano. El hombre habla con peronistas y radicales.

Un allegado de Gavin está en problemas en todo este asunto. Esto lo tiene dolido y, obviamente, ofendido. Pero es su amigo. “No voy a permitir que en esta causa sólo caigan los perejiles”. Para el Gavin litoraleño su conocido es un perejil. Ampliaremos.

Un cajero a mano

El hermetismo es entendible si se tiene en cuenta que la causa está bajo secreto de sumario. Pero la dirigencia política no tiene esa prerrogativa. El silencio ante la opinión pública es lo que mejor explica la dimensión del caso que involucra a las principales fuerzas con representación en el Senado y la Cámara de Diputados. Sólo han hablado los senadores Angel Giano (PJ) y Raymundo Kisser (UCR). Quien tenga interés en conocer cómo funcionaba el sistema de recaudación a través de contratos firmados en la Legislatura y administrados por dos estudios contables, lo puede hacer. La Legislatura es un hervidero. Sin entrar en nombres propios, todo lo que se cuenta en off the record es coincidente.

El sistema, conocido en el ambiente de la política como una práctica de años, se bancarizó. Se perfeccionó en términos tecnológicos, pero también en logística al apelar a estudios contables. Esta decisión de sofisticar el supuesto fraude y la asociación ilícita que investigan los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry dejó una perlita.

Página Judicial dio cuenta de los dos allanamientos que se hicieron hace una semana. Uno fue el estudio de Gustavo Falco, ubicado en calle Misiones, entre Uruguay y Rosario del Tala. El otro el de Alfredo Bilbao y Ariel Faure, en el edificio tipo inglés, en la esquina de Alameda de la Federación y Córdoba.

El abogado Emilio Fouces envió a este sitio un comunicado en representación de Falco con una precisión: el lugar exacto del buffet. Refirió a Misiones 276. Y aclaró que “en el domicilio allanado funcionan distintas oficinas autónomas e independientes entre sí, donde desempeñan sus tareas otros profesionales”.

En esa dirección funciona una boca de expendio de Entre Ríos Servicios, creado para ampliar la red de recaudación de impuestos y servicios a través de una red de agentes autorizados. En este caso el Bersa. Este servicio es común en los buffet que tienen importantes movimientos bancarios. Vale aclarar que no se puede en estos casas extraer dinero.

Con solo una llamada al 0810-8880404 se puede verificar que efectivamente allí, en esa dirección, funciona una oficina en el que se pueden pagar impuestos.

Según los datos que se conocen, los estudios contables eran quienes administraban los contratos y la relación con los contratados, a quienes se les pagaba entre 1200 y 3000 pesos por prestar su nombre. Los profesionales allanados –se especula– se encargaban de hacer los aportes a la AFIP y ATER de cada uno de los contratos. Expandir un negocio, a veces, trae problemas.

FUENTE:

http://www.paginajudicial.com/un-servicio-del-bersa-en-direccion-un-estudio-contable-allanado