LAURA ALONSO YA TIENE QUIEN LA CUIDE
17 de noviembre de 2018
La juez Servini resolvió que la causa debía pasar a manos del juez Lijo y del fiscal Pollicita, quienes investigan las responsabilidades por el convenio por el Correo Argentino y en un año y medio no indagaron a nadie.
La titular de la OA, Laura Alonso, imputada por desvincular a Macri.
Bastó que la fiscal federal Paloma Ochoa imputara a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por desvincular mágicamente a Mauricio Macri de las irregularidades en el acuerdo por la deuda del Correo, para que en menos de 48 horas (desde que se hizo público su dictamen) le quitaran el expediente.
Fue por decisión de la jueza María Servini de Cubría, quien sostuvo que existe una conexidad entre esa causa contra la funcionaria “enamorada del Presidente” –como ella se definió– y aquella sobre las responsabilidades penales en el convenio a favor de la empresa de la familia presidencial. Ahora toda la investigación quedará en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, que hasta el momento en más de un año y medio de trámite no citaron a nadie a indagatoria. Allí están imputados, entre otros, el Presidente, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, y su ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa.
El escándalo del Correo se desató a comienzos de 2017, aunque el acuerdo por la deuda -que hoy llega a unos 4000 millones de pesos- se había firmado en la Cámara Comercial en junio de 2016, poco después que Macri llegara a la presidencia. Lo que sucedió fue que la fiscal ante ese tribunal, Gabriela Boquín, advirtió las anomalías con posterioridad ya que no había sido convocada a la audiencia en el expediente del concurso de acreedores (que data de 2001). Los representantes del Estado habían aceptado una oferta de los Macri para el pago de su deuda que implicaba prácticamente licuarla. Por eso ella denunció que era un pacto “ruinoso” y “abusivo”. Ante ese escenario Macri ordenó “volver a foja cero” y eso implicó que el Estado desistía de lo acordado. A partir de ese momento hubo varias derivaciones judiciales e investigativas: una denuncia penal, un sumario interno dentro de la Procuración del Tesoro, un expediente en la Oficina Anticorrupción y una denuncia por vaciamiento dentro del expediente del comercial.
Todas las investigaciones que se hicieron en el ámbito del Poder Ejecutivo fueron cerradas alegando la inocencia de todos los implicados. Para llegar a eso, primero fue desplazado el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que había hecho un primer informe adverso a la Casa Rosada. Lo reemplazó Bernardo Saravia Frías, quien hoy integra la mesa chica sobre temas judiciales de Macri. El informe final de la Procuración no encontró anomalías o favoritismos. La última palabra la tenía el propio Macri, pero se excusó de pronunciarse en un decreto donde reconoció el conflicto de intereses por tratarse de una empresa de su familia, en la que antes tuvo participación. Entonces fue Gabriela Michetti quien refrendó el cierre del sumario. Macri invocaba un consejo de la titular de la OA, Alonso, que elaboró un informe en el que concluía que él no había tenido “ninguna participación” en el acuerdo de su gobierno con el Correo de su familia y que “no vulneró las normas de ética pública”.
Los diputados Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron a Alonso porque consideraron que tenía una “evidente finalidad” de “desligar de responsabilidades” a Aguado, Mocoroa “y lógicamente al Sr. Mauricio Macri”. Advirtieron su “falta de investigación” y el ocultamiento de datos comprometedores. Recuerdan en la declaración jurada de Macri de 2014 “se detallaban acciones, cuotas, y participaciones sociales sin cotización en el país de las firmas Socma Americana, Socma Cárnicos, Socma Corp SA y Socma Financieros, con ingreso a su patrimonio en diciembre de 2001”. Socma es una de las controlantes de Correo, con Sideco. Ese año se la empresa 296 millones de pesos de canon adeudado. El Presidente cedió sus acciones del Correo a sus hijos. Eso no lo desliga de conflictos de intereses, al contrario. Incluso Franco Macri también aparece como beneficiario de la sociedad. Los diputados consideran que Alonso sólo copió y pegó opiniones favorables.
En función de aquella presentación, el dictamen de Ochoa planteaba la necesidad de investigar a Alonso como sospechosa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuanto menos. La funcionaria de la OA sostuvo con una contundencia asombrosa que Macri no se había involucrado en nada que tuviera que ve con la negociación con el Correo, pese a que habló públicamente después de que estalló el escándalo, indicó volver a “fojas cero” y dio él mismo las instrucciones de cómo seguir, algo que señaló el propio Aguad; y pese a que existen informes clarísimos del la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, que con sólo mirar el registro de reuniones asentados en la Casa Rosada desde la llegada de Macri a la Presidencia, encontró varias reuniones que tenían al Correo como tema central, algunas con presencia del propio mandatorio y otras con representantes de la empresa postal y del ministerio de Comunicaciones. Incluso quedó constancia de una nota que mostraba que el ex ministro Aguad conocía la oferta del Correo 15 días antes de que fuera presentada en el expediente concursal.
El dictamen de Ochoa es de la semana pasada, pero se conoció el martes último. Dos días después la jueza Servini de Cubría resolvió mandarle el expediente a Lijo y al fiscal Pollicita, que investigan la faceta penal del acuerdo, con los funcionarios como imputados. Sostuvo que posiblemente la prueba sea la misma en los dos expedientes y que si tramitan separados podría haber soluciones contradictorias. El primer fiscal de la causa fue Juan Pedro Zoni y fue llamativamente desplazado justo cuando fue incorporado a la causa el listado de las reuniones de funcionarios con representantes del Correo y se comenzó a entrever que posiblemente existía una negociación paralela por fuera de tribunales, que difícilmente el Presidente ignorara. Esta investigación que comenzó a principios de 2017 avanza con una lentitud asombrosa y sin indagatorias.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/156007-laura-alonso-ya-tiene-quien-la-cuide