Nuevo reclamo en la CIDH
Los abogados, que ya obtuvieron una medida cautelar favorable en la Comisión Interamericana, volvieron allí para denunciar “obstrucción de justicia y encubrimiento” de parte del Estado.
 

La abogada de los Maldonado anticipó que también acudirá a la CIDH en caso de que no prospere la queja en la Corte.

Los abogados que obtuvieron la medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la desaparición de Santiago Maldonado acudieron una vez más a ese tribunal para denunciar que fueron objeto de “espionaje” y que en la causa principal por la muerte del tatuador hubo “obstrucción de justicia y encubrimiento” por parte del Estado. La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, anticipó a PáginaI12 que también acudirán a la CIDH en caso de que no prospere la queja presentada en la Corte Suprema por la negativa de la justicia de implementar un grupo de expertos que garanticen una investigación independiente de la desaparición forzada seguida de muerte. “Es el mismo pedido hecho ante la Corte, porque ahora es la investigación la que está en peligro”, afirmó Heredia.

Esto sucede tras la difusión de escuchas de un diálogo entre el amigo de Maldonado, Ariel Garzí, y uno de los abogados peticionantes ante la CIDH, Fernando Cabaleiro, con el objetivo de “deslegitimar los testimonios mapuches, algo inútil porque al momento de elevar los dichos de tales testigos, entre ellos el de ‘E’ que quieren cuestionar, la Comisión ya había dictado la medida cautelar solicitada que intimaba al Estado a encontrar con vida a Santiago”, apuntó Cabaleiro. De hecho, la CIDH intimó al gobierno de Cambiemos, el 23 de agosto pasado, y estos testimonios que pretenden ser invalidados porque refuerzan la responsabilidad de la Gendarmería en el caso llegaron a Washington casi un mes después. Fueron publicados por PáginaI12 el 18 de septiembre.

Otranto, primer juez del caso Maldonado apartado por parcialidad, instruye una denuncia del Ministerio de Seguridad contra estos abogados por presunto fraude procesal, justamente por haber acusado al Gobierno ante la CIDH. El domingo pasado, un matutino publicó un diálogo –que sería prueba en esa causa– donde el abogado Cabaleiro verifica los detalles del relato del testigo mapuche E. “La perversa paradoja es que ese diálogo ocurrió el 17 de septiembre, cuando la causa todavía estaba en manos de Otranto, y en lugar de convocarnos este juez allanó la comunidad, dejó esperando al testigo E que acudió a declarar, militarizó la zona con 400 efectivos, helicópteros y drones y no encontró nada de lo que supuestamente iba a buscar”, recordó Cabaleiro. “Intervienen el teléfono de Garzí, la persona que se presentó en forma espontánea por ser amigo de Santiago y es una víctima por la que pedimos protección en las cautelares, en cambio sobre Pablo Noceti, un alto funcionario que estuvo en el lugar de los hechos, no se lo investigó”, agregó. En el mismo sentido se pronunció la abogada de los Maldonado respecto de las verdaderas motivaciones del procedimiento del 18 de septiembre. “Es demasiada coincidencia, según La Nación es una escucha del 17, al día siguiente Otranto allana el lugar donde supuestamente Santiago estaba ahogado, algo que él había dicho el día anterior en ese mismo diario, pero no lo encontraron”, agregó Heredia. Todo esto sucede a pocas horas de que el juez Gustavo Lleral rechazara modificar la carátula de desaparición forzada a muerte dudosa, como pretendía el Gobierno.

“El Estado pretende presentar ese trabajo específico como el armado de un falso testimonio y el invento de la figura de la desaparición forzada de persona, por nuestra parte. Para tal fin, filtró al diario La Nación esa escucha absolutamente ilegal, me siento vulnerado abiertamente en mi privacidad, es persecución y espionaje del Estado sobre mi persona y me expone a mí y mi familia. Pero hay algo más grave, el Estado tenía esta información desde setiembre de 2017, nos preguntamos si esta conversación fue puesta en conocimiento a esta CIDH”, dijo Cabaleiro ante la Comisión. Y resaltó que en las conversaciones “espiadas” él había hecho mención a una prueba fundamental. “Ese hecho intempestivo (el allanamiento del 18) lo relaciono con las escuchas telefónicas ilegales sobre mi persona, en una de ellas manifestaba la importancia de un celular que había recibido un mensaje que refería que las fuerzas estatales se habían llevado a Santiago Maldonado, al instante de ese hecho, enviado desde una lomada del otro lado del río por los peñis a un celular que estaba en el área de la guardia de ingreso. Es decir una prueba técnica temporal que corroboraba con fecha y hora la veracidad de los dichos de las comuneras y comuneros”, describió.

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