EL VERDADERO MONOPOLIO
Martes 16 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa
La empresa aérea de bandera cuenta con privilegios operativos y con inauditos beneficios impositivos que dan cuenta de una competencia desleal
Aerolíneas Argentinas tiene el favor estatal en su competencia desleal con las demás líneas aéreas. Ese favor distorsiona el mercado y viola el derecho a ser tratado como igual entre quienes ofrecen un mismo servicio.

Una ayuda, más irritante que efectiva, ha sido darle a Aerolíneas prioridad en el uso de las cuatro mangas que existen en el aeroparque Jorge Newbery. Los que viajan en otras compañías no gozan de ese privilegio y deben ascender y descender a la intemperie luego de un viaje en colectivo por la pista. Esta decisión la tomó el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, a través de una resolución.

Otra ventaja de la línea de bandera es la obligación de todo funcionario público, de sus asesores, y de toda persona cuyo pasaje sea pagado por el Estado, de volar exclusivamente por Aerolíneas Argentinas, de acuerdo con lo resuelto este año mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

También puede considerarse un privilegio la negativa de la autoridad de aplicación a convocar a una audiencia pública para la solicitud de rutas por quienes estén interesados en operar en la Argentina. La última audiencia pública data de 2005 y de allí surgieron empresas como Sol y Andes, además de Lafsa.

El abuso de los poderes estatales para darle una mano a Aerolíneas también se vislumbra en el otorgamiento prioritario de rutas y frecuencias y en la adjudicación selectiva de los permisos para operar vuelos regionales desde el aeroparque metropolitano. Hay quienes ven también, en momentos de congestión aérea, la mano negra del Estado en la torre de control para darles prioridad a los vuelos de Aerolíneas sobre otros, para el ascenso y el descenso. Alimenta esta tesis, el dictado de resoluciones que, por la congestión del Aeroparque, prohibieron en el verano 2011-2012, toda operación bajo reglas de vuelo visual, salvo para aerolíneas del Estado.

La línea aérea estatal también es la única autorizada a tener handling propio, a través de Aerohandling SA, empresa del grupo que provee los servicios de rampa a Aerolíneas y Austral.

Y hasta existen fundadas sospechas de que en la descarga de equipaje y en la seguridad de las valijas, hay una preferencia marcada por los bultos que transporta Aerolíneas y un desdén por los de su competencia.

Lo que resulta indudable es que, a través del proyecto de presupuesto 2013, el Estado pretende condonarle un enorme monto por deudas impositivas a Aerolíneas y darle mayor flexibilidad en el uso de sus créditos del impuesto al valor agregado, algo que no está dispuesto a hacer con las demás compañías.

Tampoco existen temores en la aerolínea favorita sobre lo que el presupuesto 2013 traerá en materia de subsidios. Se sabe que se van a aumentar las ayudas estatales en aproximadamente un 22% respecto de este año, hasta una cifra total estimada en 600 millones de dólares.

Ya por su naturaleza, cuando una empresa estatal compite con las privadas tiene ventajas. No necesita, por de pronto, algo tan básico y elemental como ganar dinero, pues puede soportar pérdidas sin límite, en tanto siga contando con el Tesoro nacional a su alcance.

En sí mismo, entonces, el intervencionismo estatal, en el área que sea, distorsiona la competencia, desalienta a los privados a invertir en esa actividad y termina perjudicando a los usuarios.

Pero cuando a esta natural distorsión se le agrega una actuación desleal del Estado, como la que puede advertirse en el otorgamiento de privilegios en los aeropuertos, en la provisión de una demanda forzosa y en inauditos beneficios impositivos a favor de sus empresas y en detrimento de las privadas, la situación debería provocar una reacción institucional.

En forma comprensible, las autoridades a cargo de la aplicación de las leyes de defensa de la competencia consideran que cuando los particulares las violan en cumplimiento de una política estatal, su accionar está excusado. En un dictamen de 2007 sobre una denuncia hecha por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa por cartelización de los exportadores de trigo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia recomendó a la Secretaría de Comercio Interior rechazar la demanda, dado que la supuesta cartelización había sido realizada como parte de una política estatal de estabilización de precios. Consideró entonces que el propio Estado no puede condenar políticas estatales, aunque éstas contraríen flagrantemente las normas de defensa de la competencia. Esta decisión fue luego confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

De manera tal que si Aerolíneas Argentinas aplica o se aprovecha de normas discriminatorias, no estaría violando las leyes de defensa de la competencia, según ese particular criterio.

Pero lo que es inexcusable es que el Estado mismo formule esas políticas que favorecen a unas empresas sobre otras, solamente por la identidad de sus accionistas. No hay nada más desalentador para la inversión privada que saber que se está a merced de los arbitrios de un poder que juega deslealmente a favor de su competencia. Ni hay sensación mayor de desamparo que la que genera un Estado que no respeta sus propias leyes.

De manera especial, cuando la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, expresó días atrás, mediante la consabida cadena nacional, que desea vivir "en un país en el que las leyes sean iguales para todos". Lamentablemente, la primera mandataria y algunos de sus funcionarios, siempre tan proclives a hablar de "monopolios" a la hora de calificar a empresas por las cuales sienten inquina, no son capaces de advertir a un verdadero monopolio.
http://www.lanacion.com.ar/1517557-el-verdadero-monopolio