CONTENIDOS ARCHIVADOS

Pin It
07AGROTOXICOSDENUNCIA POR AGROQUIMICOS
Martes, 8 de enero de 2013
Una enfermera del hospital Garrahan denunció el uso de agroquímicos tóxicos para desmalezar un predio lindante con ese establecimiento. Mercedes Méndez se presentó ante las defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad para denunciar al Gobierno de la Ciudad y a la empresa Plan Obra SA: sostiene que el desmalezamiento –en el predio que abarca Pichincha, Combate de los Pozos, Juan de Garay y Brasil– provocó contaminación “peligrosa para la salud de los pacientes”. La enfermera integra la Red Universitaria de Ambiente y Salud La legislatura entrerriana adeuda una ley sobre los agrotóxicos
05/01/13 |La historia de la humanidad enseña que cuando intereses contrapuestos se tensan, la muerte y el dinero tienen el mismo olor y son parte del mismo bando, además de generar los mismos efectos: desprecio por la vida.
Ocurre con la carrera armamentista, pasa con el narcotráfico y la trata de personas y también ocurre con la producción de energía. De este binomio (dinero-muerte) no está exento la medicina y tampoco son ajenos los sistemas vinculados con la producción de alimentos, especialmente los relacionados con la agricultura.
En esta materia, los intereses en pugna tienen directa correspondencia entre quienes buscan la alta rentabilidad en el menor tiempo posible y los que defienden el medioambiente y con ello la salud. Los intereses en juego en algunos países hasta han erosionado no sólo el suelo sino incluso a los gobiernos.
En Entre Ríos, la legislatura provincial tiene una deuda con el pueblo porque hace varios períodos legislativos que viene suspendiendo la aprobación de leyes que permitirían tener mayor control sobre los agrotóxicos.
Los agrotóxicos utilizados en las producciones agropecuarias matan. Pero por el momento, esto no es entendido de esta forma por los legisladores entrerrianos, que especulan que las comunidades –especialmente las vinculadas con el campo- callen sus padecimientos.
Los agrotóxicos no sólo matan, así, a secas. Provocan las peores de las muertes, aquella que carcome la vida día a día, llagando pieles, lacerando cuerpos, devorando la propia vida durante años… décadas… con secuelas irreversibles.
¿Qué parte de tóxicos no entienden que poseen los agrotóxicos? La pregunta no es un juego de palabras, sino que permite desnudar hasta dónde el cinismo, el afán de lucro por el lucro mismo, ocultan algo tan elemental como vital.
En Entre Ríos, las producciones agropecuarias que utilizan agrotóxicos vienen intensificando sus labores, ampliando la cantidad de hectáreas sembradas, lo que implica utilizar una mayor cantidad de tóxicos para proteger estos sembradíos –el 99 por ciento de exóticas y monocultivo-, sin importar los daños que genera a la salud y al ambiente.
No solamente los legisladores están ausentes en este drama cotidiano. También Salud pública provincial se desentiende, lo mismo que la secretaría de Ambiente y la de Producción, entre otras áreas de un Estado que por el momento es desertor.
Los intereses en juego no sólo erosionan los suelos, sino incluso a las instituciones mismas de la República. Un ejemplo es claro en Entre Ríos: pese a ser un territorio en extremo sojero, pese a la existencia de innumerables denuncias de afectaciones a la salud por los agrotóxicos que obran en historias clínicas e incluso en la propia Justicia, Salud pública carece de un estudio científico que de certezas hasta dónde influyen los agrotóxicos en estas afectaciones recurrentes que se observan en quienes han manipulado o han estado cerca de las fumigaciones. Silenciadas quedan las reiteradas denuncias –muchas de Gualeguaychú- de directivos y docentes de escuelas rurales que advierten cómo se fumiga cerca de sus alumnos sin que nadie haga algo al respecto.
Es tal el desmadre que existe en la provincia, que se violan normas elementales y rectoras como la propia Constitución Nacional. Nadie repara, por ejemplo, que el glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P, CAS 1071-83-6) es un herbicida no selectivo de amplio espectro, que fue desarrollado en primera instancia para combatir hierbas y arbustos, en especial los perennes. Pero se trata de un herbicida total, que es absorbido por las hojas y no por las raíces (1).
Este producto es el principio activo del herbicida Roundup (nombre comercial de Monsanto, aunque su patente expiró en 2000). Esta empresa genera una soja resistente al glifosato, que también las vende dado que uno sin el otro no tendría mayor sentido comercial.

Nuevas denuncias

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudió el 3 de enero la agresión sufrida por Oscar Alfredo Di Vincensi, periodista del diario PerteneSer y de la radio 94.1 Punto Cero, de la localidad bonaerense de Alberti. El trabajador de prensa quedó internado y en observación durante doce horas en un hospital de esa localidad, luego de que empleados de la empresa de fumigaciones Zunino lo rociaran en su rostro y cuerpo con glifosato. El mismo material químico era utilizado en un campo de la empresa Berazza, situado a 50 metros de unas viviendas.
Alertado por un vecino, Di Vincensi se acercó en la madrugada hasta el lugar para registrar imágenes de video de las tareas de fumigación con agrotóxicos, que son ilegales en un radio menor a los mil metros del casco urbano de Alberti, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia provincial.
Según comentó el periodista a Fopea, mientras registraba las imágenes, el mosquito no detuvo su marcha, abrió uno de sus brazos y lo roció con el plaguicida, causándole una grave intoxicación con vómitos y diarrea y problemas respiratorios, por lo que debió ser internado.
Policías presentes en el lugar no protegieron a Di Vincensi ni detuvieron la marcha de la máquina, que continúo con sus tareas y luego se retiró del predio. El periodista realizó una denuncia en la comisaría local y dio los nombres de los agresores. El propietario del mosquito es Juan Manuel Zunino, y el operario que manejaba al momento de la agresión es un ingeniero agrónomo de apellido Soife.
Zunino es el hermano de la jefa de Bromatología y Medio Ambiente comunal, María Beatriz Zunino, integrante del gabinete de la intendenta Alberdi, Marta Médici, del Frente para la Victoria, quien habría otorgado los permisos a productores de la zona para fumigar a una distancia cercana de las viviendas. Ahora las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Fiscalía del Departamento Judicial de Mercedes. (Ver http://www.fopea.org).
El doctor Andrés Eduardo Carrasco es director del Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet y de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, además de ser uno de los investigadores de mayor renombre en la materia en América Latina.
Carrasco es categórico: “el glifosato puede provocar trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales en las personas”. ¿Desde dónde lo afirma? Lo hace desde un trabajo de investigación para la cual utilizó dosis hasta 1.500 veces inferiores a las usadas por productores de soja para fumigar sus plantaciones.
Eso no es todo. Porque si el glifosato produce gravísimas consecuencias en los ecosistemas y en la población humana, estos riesgos se potencian con el endosulfam, otro herbicida que se utiliza para potenciar el uso de ambos agroquímicos.
Por eso, la Asociación de Abogados Ambientalistas viene solicitando desde hace años a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “como medida cautelar innovadora, se ordene la suspensión de la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del endosulfam en todo el país para cualquier tipo de sembrado” (2). Los fundamentos de esta Asociación tuvieron como base las investigaciones del doctor Carrasco. Ahora se entiende un poco mejor por qué este investigador científico se ha convertido en el enemigo público número uno de la empresa Monsanto: otra vez el olor del dinero se parece al de la muerte.
Las alertas ambientales y sanitarias que expresan entidades como el Grupo de Reflexión Rural con su “Campaña paren de Fumigar” o la que lleva adelante el “Foro de Resistencia a los Agronegocios” (3), no es escuchada por los organismos del Estado que incluso no han sabido dar respuesta proporcional al daño a la vida que se está generando.
Tanto la soja como el eucalipto responden al mandado de los mercados mundiales, quienes asignaron a esta región un rango prioritario para su expansión sin importar ni medir las graves consecuencias que generan estos sistemas productivos en el ambiente y en la salud.
“No nos seduce la cascada de anuncios nacionales e internacionales que promueven la expansión de la frontera agropecuaria y la producción de agrocombustibles, y que agravarán de ese modo hasta lo indecible, la situación de emergencia ambiental existente, y la apropiación de los bienes que nos son comunes: el aire, el agua y la tierra”, se sostuvo en un documento firmado por medio centenar de organizaciones civiles y científicas. (4).

El desierto verde

Los científicos estiman que en Argentina se utilizan cerca de 200 millones de litros de glifosato por año. La soja ocupa alrededor de 50 por ciento de la superficie agrícola, casi 17 millones de hectáreas, y es el principal producto de exportación. El herbicida se aplica principalmente mediante fumigación aérea. Curiosamente, el herbicida de Monsanto (o Mondadiablo) fue evaluado en 1996 por las autoridades argentinas y lo calificaron como de “improbable riesgo agudo”, pese a las innumerables pruebas mundiales que existían para calificarlo de muy grave riesgo a la salud. Otra vez el olor del dinero se parece al de la muerte.
La expansión de la soja transgénica obligó a aumentar el uso de plaguicidas como el glifosato, el paraquat, el 2,4 D y el endosulfán. Todos ellos son considerados tóxicos para la salud humana, animal y el medioambiente. Pero no se prohíben, ni se controlan. Y si aparecen patologías derivadas de esos productos, se las borra de las historias clínicas.
Un dato de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es muy ilustrativo: el 99 por ciento de las intoxicaciones se presentan en naciones con deficientes en los sistemas de regulación, control, sanidad y educación, considerándose como sus principales causas, aquellas relacionadas con la reglamentación, la educación, la comunicación sobre riesgos y la falta de participación en la adopción de decisiones, así como con problemas en la utilización y en el almacenamiento de plaguicidas.
Lo otro que es preciso comprender es que la problemática de los agrotóxicos no afecta solamente al trabajador agrícola, que sufre la mayor exposición, sino también al medioambiente en general y a la comunidad, que se ve afectada por la contaminación de alimentos, aguas, suelos y aire. Y saber que los problemas de salud más preocupantes son efectos de largo plazo que no se evidencian hasta pasados varios meses e incluso años. Estos efectos son crónicos e incluyen el cáncer en niños y adultos, y problemas reproductivos y neurológicos, entre otros.

Antecedentes

Los antecedentes sobre los efectos negativos y letales a la salud se encuentran en casi todos los pueblos y ciudades entrerrianas.
Por ejemplo, en General Ramírez (departamento Diamante), el Foro Ecologista de esa localidad denunció los problemas en la salud de los habitantes de la zona debido a que una planta industrial trabaja con bidones de glifosato y no toma los recaudos pertinentes para cuidar el medioambiente, e incluso hace la eliminación de efluentes en la vía pública. Dentro de los problemas de salud que mencionaron: patologías respiratorias, dermatológicas, alérgicas, intoxicaciones entre otras.
En Cerrito, un médico general y familiar, especialista en geriatría y gerontología y médico asistente del Hospital “Dr. José Miranda”, expuso los diversos efectos sobre la salud de las personas de los diferentes productos químicos utilizados en la agricultura.
Otro antecedente: en Larroque, en 2008, vecinos del lugar denunciaron muertes de animales de granja donde acusaban que el motivo que las provocó eran la exposición de los mismos a agroquímicos.
A raíz de la denuncia presentada por los vecinos en la Comisaría de Strobel, el Juzgado Municipal de Faltas de Diamante inició una actuación de oficio por presunta contaminación ambiental tras quejas por una fumigación (5 y 6).
También se hizo referencia los casos de cuatro niños oriundos de Rosario del Tala que nacieron con malformaciones y lamentablemente fallecieron a consecuencia de las mismas, indicando que probablemente la causa de estas malformaciones fue la exposición de sus progenitores a los agroquímicos (7).
En Villaguay, dos personas seriamente afectadas con síntomas de intoxicación y deficiencia respiratoria fueron internadas en el hospital de la zona para su observación debido al cuadro que presentaban al inhalar agroquímicos producto de una fumigación realizada aparentemente por un sistema autopropulsado o “mosquito” en un campo de soja cercano a la Guarnición del Ejército de esa localidad (8).
Todos los artículos, en general, comparten la misma inquietud respecto al tema del uso de agroquímicos y sus efectos en la salud y el ambiente.

¿Qué está pasando en Entre Ríos?

Entre Ríos padece tres flagelos vinculados a los agrotóxicos. La irresponsabilidad de algunos fumigadores, el ocio legislativo y el más grave: la amenaza a la salud. Los entrerrianos están indefensos, mientras nadie pone un límite a esta forma de envenenar (9).
Los maestros rurales del departamento Gualeguaychú pidieron revisación médica por haber estado expuestos a los agrotóxicos, pero el Estado entrerriano, a través de sus Ministerios e incluso la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, se desentiende del pedido y además lo niega. Quedan indefensos. Una barbaridad. (10).
Si hay una barbaridad que se debe registrar en la “Patria Sojera”, es la actitud del Estado entrerriano que se desentiende en la revisación médica periódica para los docentes que se desempeñan en las escuelas rurales debido a la exposición a los agrotóxicos que se utilizan para la fumigación.
Mientras en la Legislatura entrerriana se demora un proyecto sobre la regulación de los agrotóxicos, las denuncias por fumigaciones ilegales siguen sucediéndose todos los días.
En el Senado de la provincia se está discutiendo un proyecto de ley que todos los períodos legislativos se vencen en su tratamiento porque nunca son aprobados.
Incluso el presidente de la Comisión de Producción de la Cámara Alta de Entre Ríos y coautor del proyecto que intenta regular el uso de agrotóxicos, Oscar Arlettaz, informó que esperan incorporar a la iniciativa las propuestas de los sectores interesados. Pero hasta el momento, la Cámara Alta nada ha definido.
Los legisladores entrerrianos vienen demorando desde hace años varios proyectos en la materia, lo que ha alimentado impunidad en el uso de agrotóxicos y han dejado al descubierto la poca capacidad de autoridad policial que tiene el Ejecutivo provincial en esta materia. (11).
¿Qué se debe esperar para tomar medidas sobre la materia? ¿Cuántos vecinos se necesitan que sufran patologías vinculadas al uso de agrotóxicos? ¿Cuántos cursos de agua con altos niveles de contaminación serán suficientes?
Algunos fallos judiciales comienzan a reconocer el daño al ambiente y a la salud de la población que está ocasionando la utilización de agrotóxicos, pero lo deben fundar en principios constitucionales y presupuestos mínimos de protección ambiental, porque en Entre Ríos, por ejemplo, no encuentran el andamiaje de normas provinciales regulatorias en la materia. De ahí la importancia que los legisladores entrerrianos comprendan que los agrotóxicos son venenos.
Por Nahuel Maciel
EL ARGENTINO ©
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/116906/la-legislatura-entrerriana-adeuda-una-ley-sobre-los-agrotoxicos


REDACTORES

anna.jpgbgeorges.jpgbgiorgio.jpgbjuan.jpgblorenzo1.jpg
Copyright (c) 2009. Antimafia Dos Mil Argentina