TORTURAS POLICIALES CONTRA MENORES
•    Un adolescente perdió el habla meses después de ser torturado por la policía
•    AI denuncia que en Argentina se sigue torturando en las cárceles
Nazaret Castro | Buenos Aires
Actualizado viernes 19/10/2012 19:19 horas

Tenía 17 años, estudiaba y jugaba al fútbol, pero una noche, junto a unos amigos, decidió sacarse un dinero fácil mediante un robo. Parecía algo sencillo, pero acabó detenido por la Policía Bonaerense. Fue el pasado 5 de enero. Lo golpearon y lo obligaron a mirar cómo pegaban a sus compañeros. Lo denunció. Pero hubo una parte que no contó. Nueve meses después, perdió el habla.
Su padre relata que desde entonces comenzó a comportarse de un modo extraño y comenzó a empeorar: se mostraba agresivo, reía solo o gritaba, amagaba con escapar, sufría ataques de pánico, se quitaba la ropa. Hasta que dejó de hablar. Y fue entonces, según detalla el diario 'Página 12', cuando el progenitor se decidió a contar la parte oculta del relato al defensor penal juvenil, Julián Axat: aquella noche, los agentes le introdujeron el caño de una pistola en la boca y fingieron que disparaban.
Axat ha denunciado el caso ante la fiscalía 7 de La Plata y ha pedidopena natural por “suplicio físico”. El defensor penal sostiene que se infringió al menor una pena más dura de la que hubiese recibido de ser juzgado. Recordó además que se vulneró el principio de reinserción para menores.
Este caso será el primero que tramite la nueva Comisión Interministerial para la Prevención de la Tortura, creada por decreto el pasado martes por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, parafrenar los malos tratos en cárceles, centros de menores, psiquiátricos y otros espacios de privación de libertad. Formado por representantes de varios ministerios, con la Secretaría de Derechos Humanos a la cabeza, el organismo pretende “afianzar el estado democrático de derecho y la participación ciudadana”, según el gobierno bonaerense.
Violencia institucional
“En Argentina todavía se tortura en las cárceles y se mantiene a los presos en condiciones lamentables, desde la alimentación al hacinamiento. Es necesario implementar un sistema de monitorización: es una deuda pendiente”, afirma Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional en Argentina. De vez en cuando, un caso mediático activa la voz de alarma, como cuando, el pasado mes de julio, se difundió un video que contenía torturas practicadas por la policía en la provincia de Salta.
Cuando se firmó el decreto de Scioli, el titular de Derechos Humanos, Guido Carlotto, afirmó que “la existencia de patrones estructurales de violación de derechos sobre personas privadas de libertad exige una respuesta política enérgica”. Julián Axat valora este reconocimiento de que existe violencia institucional, pero teme que esta nueva institución termine siendo una medida “cosmética” que frene el desarrollo de otras más efectivas, como el sistema Provincial de Prevención de la Tortura que está tramitándose en el Congreso.
Para Axat, el organismo fiscalizador debería depender del poder Legislativo; si no, “el poder Ejecutivo se está controlando a sí mismo” y, para Axat, el autocontrol no funciona, como han demostrado los fallidos mecanismos de autocontrol del Ministerio de Justicia en las cárceles.
Sea como fuere, este caso servirá para testar la eficacia de la nueva Comisión Interministerial. Si resulta funcional y Asuntos Internos investiga y resuelve, es muy probable que sea apenas la primera de una cascada de denuncias.