Entidades ambientalistas se concentrarán hoy frente al municipio. La intendenta tiene hasta mañana para reglamentar la norma.11/12/17
Unas 160 instituciones públicas y privadas reunidas en la Multisectorial "Paren de Fumigarnos" pidieron a la intendenta Mónica Fein que no vete la ordenanza que prohibe el uso de glifosato en la ciudad. La norma fue sancionada por unanimidad el 16 de noviembre pasado, por lo cual Fein tiene tiempo hasta el próximo martes para determinar si promulga la ordenanza o decide dar marcha atrás con un veto. Organizaciones ambientales manifestarán esta mañana frente al Palacio Municipal.
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Las organizaciones de pueblos y ciudades cordilleranas rechazaron la modificación a la ley de glaciares y anunciaron que se movilizarán para garantizar el cumplimiento de la norma actual. “El Gobierno trabaja para favorecer a los grandes grupos empresariales”, denunciaron.
Mientras el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, hace gala promoviendo la industria de pasta de celulosa al mejor estilo Botnia (UPM) y se endulza la voz diciendo que el glifosato como otros agrotóxicos son inocuos para la salud; los niños, jóvenes y adultos mueren todos los días como consecuencia del cáncer y la contaminación.
Se indagará, además, al representante legal de la firma y se dispuso la profundización de la pesquisa al ex vicepresidente de la empresa.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba falló ayer a favor de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y determinó la inconstitucionalidad de la ordenanza 4930, que declara a la ciudad capital de La Rioja como municipio “no tóxico y no nuclear”. De esta manera, el fallo permitiría la exploración minera de uranio en la zona de El Cantadero. El intendente de la capital, Alberto Paredes Urquiza confirmó que el Municipio apelará la resolución judicial.
La comisión de Ecología no avaló el intento de modificar la ordenanza a través de una enmienda. El tema quedó en manos de la intendenta Fein.
Reclaman “más controles” y principalmente “responsabilidad cívica”.
La minería está prohibida en Andalgalá, pero el gobierno de Catamarca dice haber hablado con caciques que habrían dado el visto bueno para iniciar explotaciones extractivistas. Comunidades diaguitas desmienten estas reuniones.