Mariano Fusero es abogado graduado en la UBA, formado en México, Suiza y Reino Unido. Director del área Política de Drogas de la Asociación de Pensamiento Penal. Docente y redactor de proyectos de ley sobre legalización del cannabis.

00:00 hs - Martes 10 de Julio de 2018

Más mujeres presas. Una robustecida facultad policial para detener a pibes pobres. Y estadísticas montadas sobre el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. Para el especialista Mariano Fusero esos son los efectos de la desfederalización del narcomenudeo, una propuesta que se discute en Santa Fe con aceptación dispar y que ya se aplica en otras provincias. "Estas iniciativas son ineficaces para controlar el fenómeno de las drogas", advierte el abogado de la Asociación Pensamiento Penal que días atrás disertó en Rosario sobre el fracaso de la llamada guerra contra las drogas en América Latina.

El debate recrudeció ante la ofensiva de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para extender la ley que desfederaliza el tráfico de drogas a baja escala. Se implementó en Buenos Aires en 2005 y luego adhirieron otras provincias. La propuesta es que la policía y las justicias provinciales persigan la venta directa de dosis al consumidor. Fue respaldada por gobernador Miguel Lifschitz y su ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, mientras que se manifestaron en contra la Corte Suprema, los principales referentes del arco judicial y algunos legisladores.

—¿Qué opina de la ley de desfederalización del narcomenudeo?

—Mi opinión es claramente negativa. Se ponen más recursos en perseguir delitos menores, generalmente cometidos por personas pobres. Poner más recursos en esos pequeños eslabones es errado y va contra los nuevos abordajes a nivel mundial. Estas iniciativas son ineficaces para controlar el fenómeno de drogas. Son presupuestos que se invierten en desmedro de algo más efectivo como la prevención y el tratamiento de las adicciones, o sea la reducción de la demanda. A nivel nacional el 95 por ciento de los recursos se ponen en materia de criminalidad cuando a nivel mundial el promedio es un 60 por ciento en reducción de la oferta y el resto para bajar la demanda. En los países más avanzados en políticas de drogas se ponen más recursos en reducir la demanda porque eso es siete veces más efectivo.

—¿Cuál fue la experiencia en las provincias que adhirieron?

—La ley data de 2005. Un informe de la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) de 2014 relevó los efectos de esa ley y son negativos en muchos sentidos. La persecución de los pequeños eslabones aumentó un 200 por ciento y bajó la cantidad de causas por delitos graves de tráfico y comercialización a gran escala. El narcotráfico es una cadena cuyo último eslabón, el más frágil, es el narcomenudeo: el delito a baja escala. Al atomizarse las competencias, cerrarse el intercambio de información entre fueros y cortarse la cadena, la Justicia federal tiene menos posibilidades de tomar conocimiento de los hechos graves.

—¿Bajo qué figuras penales se persigue el narcomenudeo?

—Se penaliza la tenencia simple y el consumo personal, algo ya declarado inconstitucional por la Corte en los fallos Arriola y Bazterrica, aunque para la ley sigue vigente. En la gran mayoría de los casos se aplica el precedente Arriola y no llegan a sentencia. Pero lo que sí está creciendo, algo grave en este contexto de uso del cannabis medicinal, es la persecución al autocultivo. En estos casos no se da la aplicación cuasiautomática del fallo Arriola y esas personas siguen procesadas durante años. Otro problema es que la adhesión de las provincias siempre fue precedida por una campaña de retórica demagógica en lo punitivo. Cuando el fuero provincial se atribuye esa competencia, como no puede perseguir el crimen organizado, se hacen estadísticas con pequeños casos menores. Esto hace que a las personas les imputen delitos más graves: en lugar de tenencia para consumo, con pena de un mes a dos años, les imputan tenencia simple o para comercio, que tiene de 4 a 15 años, y así se simula un éxito en la persecución.

—¿Cómo impacta esto en la demanda?

—En las diez provincias que adhirieron a la ley no bajó el consumo, que es uno de los parámetros que podría tomarse como supuesto éxito de estas políticas. Hay organismos internacionales que le piden a la Argentina que el consumidor no se vea como un criminal. El primer efecto es que esa persona no se acerque a efectores de salud por miedo a ser criminalizada o por el estigma social. Esto va contra lo que debería ser el principio de tutela de la salud pública y es uno de los grandes fracasos de esta política punitiva.

—A partir de 2015 se endurece la persecución al narcotráfico. ¿Esto tiene un correlato estadístico? Y en ese caso, ¿con qué efectos?

—Hay bastante poca información de datos duros. Las agencias nacionales (el Ministerio de Justicia y la Dirección de Política Criminal) enrolan todos los delitos en ley de drogas. Entonces no se sabe si son delitos de comercio o tenencia. Como indicador tenemos los informes de Federico Delgado, el fiscal federal Nº 6, que desde 2011 releva la cantidad de causas que le entran en un turno. Lo que se refleja ahí es una escalada punitiva respecto a la persecución de delitos menores. Antes teníamos un promedio de un 60 por ciento de causas federales sobre delitos menores y ahora observamos casi un 80 por ciento. Claramente el discurso de la demagogia punitiva envalentona y empodera a las fuerzas de seguridad para que sigan cometiendo actos de extorsión, criminalización, allanamientos sin orden. Por eso es un problema que se criminalice el consumo.

—La designación de nuevos jueces federales en Rosario, anunciada como parte del combate a las drogas, ¿es una medida efectiva?

—Son más recursos en persecución de la oferta. Pero tampoco podemos ponernos obtusos y negarnos a que la Justicia federal investigue, siempre y cuando se implementen determinados criterios contra el crimen organizado. La Justicia federal es un fuero de excepción, con la facultad de investigar delitos graves como el narcotráfico, la trata de personas, pero siempre estuvo contaminada por criterios de selección que hacen que entre un 70 por ciento y 80 por ciento de las causas sean por delitos menores de drogas. Por eso, no se trata sólo de llenar de jueces y fiscales sino de establecer política criminal.

—El fenómeno del narcotráfico en Rosario está asociado a las usurpaciones de viviendas pobres para instalar quioscos, homicidios y muertes cruentas de soldaditos adolescentes. ¿Qué herramientas superadoras se pueden pensar en la persecución de organizaciones criminales?

—En Rosario, ni más ni menos, habría que ver si existen causas que sean por lo menos simbólicas en la persecución del lavado de activos. Ese es un fenómeno del primer eslabón, de lo más jerárquico de la cadena de narcotráfico, que no se investiga, se ningunea. Y en la región se lava el 7 por ciento del PBI internacional, estamos hablando de 400 mil millones de dólares. En lugares donde se manejan determinadas rutas de sustancias la Justicia federal debería abocarse, investigar y perseguir. Lo que pasa en la práctica es que volvemos a implementar recursos en pequeños eslabones y la persecución a consumidores, principalmente a mujeres. Con la desfederalización aumenta la prisionalización de mujeres.

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