El gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran posible y evitable un "accidente" en las negociaciones entre Grecia y sus acreedores que conduzca a una salida de este país de la Eurozona, situación que puede disparar una nueva crisis económica de dimensiones impredecibles a nivel europeo y global.
Tanto la directora-gerente del Fondo, Christine Lagarde, como el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, advirtieron en los últimos dos días a los miembros de la Eurozona, socios y acreedores del país heleno, así como al gobierno de Atenas, que es necesario acelerar al máximo sus conversaciones para poner fin a la agonía que sufre la economía griega y amenaza al conjunto de la economía regional y mundial.
Lagarde, quien el jueves pasado admitió que es "posible" una salida de Grecia del euro, consideró, sin embargo, que esta eventualidad no significaría el fin de la moneda única, aunque pidió "alcanzar una solución amplia en los próximos días" entre los acreedores y Atenas.
Por su parte, el jefe del Tesoro norteamericano enfatizó que si no hay un rápido acuerdo entre las partes es posible que se produzca lo que definió como "un accidente" que podría empujar a Grecia fuera de la Eurozona, una salida que consideró peligrosa no sólo para la región europea.
La preocupación del FMI quedó explícita un día antes de las definiciones de Lagarde cuando se conoció que el organismo financiero multilateral decidió correr la fecha de vencimiento de un pago que Grecia debía hacerle el 5 de junio hasta finales de este mes por 300 millones de euros.
El aviso público del Fondo de esta determinación se produjo dos días después de que el gobierno del primer ministro griego, Alexis Tsipras, dejó trascender a través de su ministro del Interior que Grecia no efectuará ese pago por falta de fondos, entrando en suspensión de pagos con el Fondo.
El movimiento del Fondo se explica, además, porque durante junio hay otros dos vencimientos de pagos de deuda de Grecia con la entidad: uno, de 600 millones de euros, el 12 de junio, y otro por 300 millones el 19 de junio.
En la medida en que no haya acuerdo entre Grecia y la ex troika formada por el Banco Central Europeo (BCE), la Unión Europea (UE) y el FMI antes de finales de junio, el gobierno de Atenas no tendrá acceso a los 7.200 millones de dólares de las ayudas comprometidas por los acreedores en el plan de rescate vigente y que fuera negociado con el anterior gobierno del ex primer ministro Andoni Samarás.
Además de los pagos pendientes de junio al Fondo, Grecia debe pagar 6.700 millones de euros para rescatar bonos propios en manos del BCE durante julio y agosto, algo también imposible sino se logra destrabar las negociaciones con los acreedores.
En los últimos días, voceros de Atenas vienen anunciando que para este fin de semana, más concretamente para mañana domingo, podría haber un acuerdo en Bruselas.
Sin embargo, nadie cree en ello, empezando por el ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schauble, quien se mostró más que cauto al declarar que "las noticias positivas provenientes de Atenas no reflejan en su totalidad el estado de las negociaciones del gobierno de Atenas con los acreedores".
Consultado sobre la posibilidad de que los europeos acreedores alivien la deuda de Grecia en el futuro, el comisionado europeo para Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, no lo descartó, pero dejó claramente establecido que eso sólo podría venir después de amplias reformas.
"Más adelante veremos que clase de arreglos pueden ser encontrados", respondió de manera lacónica el alto funcionario de Bruselas.
Mientras tanto, el nerviosismo de los inversores continúa en ascenso, ya que luego de unas pocas semanas de calma volvieron a encresparse las aguas en el sector financiero griego, tal como lo evidencia el fuerte reflujo de capitales hacia el exterior.
De acuerdo con datos del BCE conocidos ayer, el total de los depósitos bancarios griegos cayeron desde 145.000 millones de euros en marzo a 139.400 millones en abril, su nivel más bajo en más de una década, con una caída de 5.600 millones de euros en todo el mes de marzo.
Se trata de una aceleración en el ritmo de salida de depósitos del sistema bancario, ya que durante todo el mes de febrero esa pérdida por parte de los bancos había sido de 1.900 millones de euros.
La explicación de esta fuga de capitales es muy sencilla y obedece a que se teme que Atenas se mantenga en sus trece y no ceda a las exigencias de sus acreedores de producir una reforma laboral flexibilizadoras, una reforma del sistema de pensiones que castigue al sector pasivo y que tampoco acceda a un nuevo y duro ajuste fiscal para garantizar el pago de su deuda externa.
Ante este impasse, los inversores buscan hacerse con su dinero y transferir esa liquidez fuera del mercado nacional, colocando al gobierno en una situación cada vez más difícil.
La hora de la verdad de la crisis griega y europea parece estar llegando y nadie quiere hacerse responsable de sus consecuencias. Al menos, hasta este momento.