¿Por qué, cuándo, dónde y cómo se desencadenó la tragedia? ¿Y los responsables?
Por Jean Georges Almendras-2 de setiembre de 2020
Confirmado por los sacrosantos parámetros de la ciencia –ADN- que los restos hallados encontrados pertenecen a quien en vida fue Facundo Astudillo Castro, ahora solo resta hallar a los responsables de ese desenlace, que ni por asomo debe ocurrírsenos haya sido accidental. No debemos incurrir en la abulia y en la insensibilidad de creernos que estamos antes una muerte ocasional, en donde la mano criminal estuvo ausente. Algunos quizás entren en ese macabro juego, tal como ocurrió cuando se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado hace tres años, oportunidad en que muchos abonaron esas ideas, propias de una humanidad que equívocamente se regodea diciendo que nuestra la civilización no da cabida a esos barbarismos, y mucho menos cuando los barbarismos involucran a los funcionarios públicos, llámese fuerzas de seguridad. La realidad –desafortunadamente- hoy por hoy, es una muy distinta: parece ser, que en América Latina (en la Argentina macrista y la no macrista) ya es norma a raja tabla que las fuerzas deben ser de “inseguridad” y no de seguridad; parece ser que el gatillo fácil y el abuso de autoridad deben ser la norma, y no lo contrario. Y parece ser (y es lo más grave de todo esto) que esas “fuerzas de seguridad” ya están instaladas entre nosotros, bajo la tutela de un sistema político, que es en definitiva, el que los apaña, los encubre y los hace impunes. Impunes, especialmente. Porque cuando el palo represor golpea en las calles sobre los manifestantes que reclaman justicia por la causa social que fuera, lo hace porque quien descarga los golpes se sabe protegido; porque quien acciona los gatillos de las armas reglamentarias se sabe protegido; porque cuando los que están vestidos con el uniforme de los servidores del “orden” osan desaparecer personas, lo hacen porque se saben protegidos. Pasó en tiempos de las dictaduras militares, en diferentes países de América Latina y de Centro América. Y pasa hoy, en democracia, en tierras argentinas, como también pasa en tierras estadounidenses: y si hay dudas preguntémosle a los familiares de George Perry Floyd, por ejemplo. Y todo eso pasa porque los responsables se saben protegidos. Protegidos por superiores dentro de su fuerza, y protegidos por gobernantes (políticos) que hacen leyes para protegerlos alimentando los demonios de la soldadesca. La soldadesca que no se detiene ni un minuto a darse el minuto para la autocrítica. La soldadesca que se hace criminal, amparada en las criminalidades del sistema, que los hace así: criminales e impunes, precisamente para que se preserve el sistema. Y para que se perpetúe el sistema.
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Por Alejandro Díaz-2 de setiembre de 2020
El pasado 26 de agosto, luego de vencer los plazos de la prisión preventiva, y de intentar todas las dilaciones posibles, el aparato judicial de Honduras llevó a juicio oral y público a Roberto David Castillo Mejía, acusado de ser el autor intelectual del crimen de Berta Cáceres.
En la noche del 2 de marzo del 2016, un grupo de sicarios ingresó en la vivienda de Berta Cáceres, en la localidad de La Esperanza, Honduras. Tres impactos de bala arrebataron la vida de la referente del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Esta organización, que nuclea a las comunidades de la cultura Lenca, se volvió un icono de la lucha y resistencia contra el imperialismo capitalista. Aquella noche también fue herido el activista Mexicano Gustavo Castro Soto.
Este crimen político fue el resultado de un proyecto económico impuesto por la violencia, a través de una red de corrupción estructural donde operaron, y operan, funcionarios civiles y militares del estado, representantes del sistema empresarial y financiero, y un “ejército” de mercenarios, hijos de la cultura del sicariato.
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