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pasamanoPor Juan Aragonés Randó


     El período analizado anteriormente culminó con el fin del gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, quien había modificado el sistema jubilatorio creando las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.) y (a través de su Ministro Cavallo) había implementado lo que se dio en llamar el Plan de Convertibilidad, con la paridad peso-dólar ($ 1.- = U$S 1.-).
    Para mantener esa paridad ficticia la Argentina se debió sobreendeudar por lo que la deuda externa había crecido a U$S 145.000.000.000; el P.B.I. había caído un 3,4%; la tasa de desempleo era del 14% y la de subempleo del 20%.


El Gobierno del Dr. Fernando de la Rua (1.999 – 2.001)

    El 10/12/99 asume el gobierno Fernando de la Rua, encabezando la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación formada por la Unión Cívica Radical (U.C.R.) y el Frente País Soberano (Fre.Pa.So.).

    De la Rua, siendo su Ministro de Economía José Luis Machinea (a quien ya habíamos identificado como partícipe en los gobiernos de la dictadura cívico militar y del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín)  continuó con la convertibilidad del peso, lo que llevó a que la necesidad de dólares fuese cada vez mayor y el endeudamiento se empleara para sostener el déficit fiscal y el pago a los acreedores, en un esquema financiero a todas luces recesivo.
    Eso en un contexto donde los valores en Chicago eran de: U$S 108 la tonelada de trigo, U$S 190 la de soja y U$S 80 la de maíz. Por otra parte el barril de petróleo cotizaba a U$S 20.

El Blindaje
    En enero de 2.001, Machinea -en consonancia con el FMI- elabora una operación financiera a la que se denominó “El Blindaje”, consistente en un crédito de U$S 40.000.000.000 en el que participaron actores financieros locales e internacionales (bancos, AFJP, FMI, BM, BID, etc.), con el objeto de  “… transmitir seguridad de cobro a los acreedores… A cambio el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a recortar las jubilaciones futuras y desregular las obras sociales, medidas ya lanzadas por sendos decretos de necesidad y urgencia” (Página 12, 13-01-01).
    Fue así que se le exigió al gobierno: una Reforma Previsional que eliminara la Prestación Básica Universal y elevara la edad jubilatoria de las mujeres; la Racionalización de la administración pública achicando el Estado; la Reducción del gasto público, para lo que se dictó una ley llamada de “Déficit Cero”; la Reestructuración de la ANSES y del PAMI, y la Desregulación de las Obras Sociales.
    Estas medidas, respondían a la lógica de la especulación financiera: el Estado, ni bien recibía los dólares debía aplicarlos al pago de deudas preexistentes y condicionar su funcionamiento a lo que disponían los organismos de préstamos, quienes a su vez eran los beneficiarios de una escandalosa transferencia de ingresos.
    Obviamente, el blindaje no introdujo ninguna solución al problema estructural de la economía.

Los Sobornos en el Senado
    En consonancia con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional, el presidente De la Rúa envió al parlamento una Ley de Reforma Laboral que terminaba con los últimos resquicios de la legislación protectora de los derechos del trabajador argentino.
    Su tratamiento en senadores -con mayoría peronista- fue escandaloso y se denunciaron sobornos para lograr su aprobación. El escándalo involucró al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique 1 , al director de la SIDE, Fernando de Santibáñez, y a numerosos senadores peronistas y radicales. Flamarique, lejos de ser sancionado por su accionar, fue premiado con un ascenso, transformándose en el Secretario General de la Presidencia.
    El vicepresidente Carlos Álvarez se unió a los denunciantes del escándalo, pero ante lo que consideró una evidente complicidad del ejecutivo en la maniobra, el 06/12/00 presentó su renuncia indeclinable. Su actitud no fue acompañada por sus compañeros del FrePaSo que prefirieron mantenerse en sus cargos, dejándolo aislado.
Con el tiempo, de la Rua, Flamarique y de Santibañez fueron procesados penalmente, siendo acusados por el “arrepentido” Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario del senado, quien habría intervenido en la “distribución” de los sobornos.

El Caso Sevel
    En el marco de la causa por contrabando agravado por parte de la empresa Sevel (integrante del grupo Socma), en Octubre del año 2.000 la Sala B de la Cámara Penal Económica confirma el procesamiento de Franco Macri y dispone que se continúen las investigaciones respecto de Mauricio Macri, de los ejecutivos Luis Da Costa y Armando Amasanti, y que se amplíen respecto del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Jorge Blanco Villegas, que también formaba parte de esa empresa 2.
    Ya vuelta la causa a manos del juez Liporaci, en febrero del 2.001, el magistrado dispone el procesamiento de Mauricio Macri y los directivos de Sevel 3.
    Inesperadamente, la Administración Nacional de Aduanas, que actuaba como querellante en la causa, se retira de su rol por orden de José Luis Machinea, ante lo cual el juez Liporaci habría señalado que “resulta sugestivo para el tribunal que el letrado patrocinante de la querella solicitara tres días antes la ampliación de la investigación a los períodos posteriores a los ya investigados para luego, siguiendo el criterio del Sr. Ministro de Economía, desistir de la acción en la causa”.
    Estando a la información publicada por “Pagina 12”, fuentes tribunalicias habrían asegurado que el Ministro Machinea habría dado la instrucción de desistir de la querella luego de que directivos de la firma francesa Peugeot –que absorbió Sevel– le hicieran notar que se verían perjudicados materialmente en el caso de un fallo desfavorable al punto que de ser condenada Sevel, su continuadora tendría que pagar multas por cientos de millones de dólares 4.
    Pese al retiro de la Administración Nacional de Aduanas de su rol de querellante, la causa siguió su curso por impulso de la fiscal María Gabriela Ruiz Morales, pero en Noviembre del 2.001, la Sala III de la Cámara de Casación Penal dispuso "sobreseer con carácter total a la empresa Peugeot-Citroen Argentina, en su condición de continuadora de Sevel" por entender que no hubo delito en la causa. Y así concluyó también en el sobreseimiento de los imputados.
     El periódico El Litoral del 17/11/01 menciona los dichos de fuentes judiciales: "Es insólito. Los fiscales, tres jueces y una Cámara Penal Económico investigaron el caso y nunca dudaron que el delito existió. Ahora, Casación, que no suele meterse en cuestiones de hecho y de prueba, en este caso lo hizo y así cerró virtualmente la causa y benefició a todos los que podrían haber sido investigados por esta maniobra"5 .
    Con esta resolución, se vieron beneficiados tanto los Macri como los directivos de la ex Sevel que habían sido imputados en la maniobra por contrabando agravado, un delito que se castiga con hasta 12 años de cárcel.
    En ese momento el Ministro de Economía era Domingo Felipe Cavallo.

El Megacanje
    Luego de la renuncia de Machinea y la posterior de López Murphy, desempeñándose como Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y como Secretario de Política Económica Federico Struzenegger, ante una propuesta de David Mulford (ex secretario del Tesoro de EE.UU. que por ese entonces trabajaba para el banco Credit Suisse First Boston), se implementa lo que se dio en llamar “El Megacanje”.
    Diría Felipe Pigna 6: “A primera vista, la operación parecía sencilla y beneficiosa para el país: se canjeaban 46 tipos distintos de bonos de deuda soberana por 5 tipos de bonos, con vencimientos hasta el año 2031. Sin embargo, la operación aumentó la deuda del país en un volumen inimaginable. El peritaje de la causa judicial por el Mega-Canje realizado por el experto en ingeniería financiera Moises Resnick Brenner sostiene que el país sufrió un perjuicio valuado en 55.000 millones de dólares. Siete fueron los bancos implicados en esta fenomenal estafa, y obtuvieron 150 millones de dólares en comisiones. Los bancos eran: Banco Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y Credit Suisse First Boston. El ideólogo, David Mulford, cobraría en carácter de comisiones 20 millones de dólares.
     Los bancos y las AFJPs aportaban al canje títulos por valor total 27.000 millones de dólares para ser canjeados por los nuevos papeles de deuda del país. Sin embargo, 20.000 de esos 27.000 millones de dólares ya estaban en la cartera de los bancos y las AFJPs. Por lo tanto, las abultadas comisiones que cobraron fueron por hacer de intermediarios financieros ¡de sí mismos!” (La negrita es del autor)
    Para peor, antes del Mega-Canje se calculaba que Argentina debía pagar en el período 2.001-2.031 U$S 60.500.000.000 por los vencimientos de la deuda pública; pero luego del Mega-Canje, ese valor se incrementó en un 63%, llegando a los U$S 98.400.000.000. Además, los intereses de la deuda pasarían de U$S 82.300.000.000 a U$S 120.700.000.000.
Por esta maniobra fueron procesados por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública en tanto interesados directos en la operación de canje de bonos en miras a que los bancos autorizados obtuvieran un beneficio, Domingo Cavallo, Federico Struzenegger, Jorge Baldrich (Secretario de Hacienda), Julio Dreizzen (subdirector de Financiamiento), Guillermo Mondino (jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía), Horacio Tomás Liendo (asesor del Ministro de Economía), Ernesto Marcer (Procurador del Tesoro), Carlos Molina (Director de la Oficina Nacional de Crédito Público), Norberto López Isnardi (Director de Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público) y David Mulford (que nunca se presentó al proceso). Salvo Cavallo, el resto de los funcionarios fueron sobreseídos por prescripción.
    La operación del Megacanje  concluyó en Noviembre de 2.001 y, al poco tiempo, con la excusa de que la Argentina no había cumplido con lograr fiscalmente un “déficit cero”, el FMI se negó a desembolsar el tramo pendiente del préstamo acordado mediante “El Blindaje”.
    Ante la angustiante situación financiera, y ante la notoria fuga de divisas (en 6 meses se fueron al exterior U$S 20.000.000.000), el gobierno dispuso el congelamiento de los fondos depositados en los bancos, medida conocida como "el corralito".
    Antes había dispuesto una drástica reducción del gasto público, entre cuyas consecuencias estuvo la reducción del 13% de los ingresos de los jubilados.
    El descreimiento de la población en la dirigencia política, el endeudamiento de los productores agrarios, el referido congelamiento de los depósitos que gravitó sobre el humor de la clase media que concurría masivamente ante las entidades bancarias a reclamar la devolución de sus ahorros congelados y la situación social que afectaba severamente a los sectores de menores recursos (desocupados, subocupados y asalariados con ingresos paupérrimos), derivó en una suerte de “rebelión popular” con saqueos y ataques a supermercados 7.
    El 19 de diciembre de la Rua decretó el “estado de sitio” pero el estallido social continuó, la policía fue desbordada y el saldo de la represión fue de 27 muertos y más de 2.000 heridos 8.
    El 20 de diciembre de 2.001, en horas de la tarde, de la Rua renunció a la presidencia.

Los Cuatro Presidentes (2.001 - 2.003)

El Ing. Federico Ramón Puerta (20/12/01 -23/12/01)
    Ante la renuncia del Presidente de la República correspondía que asumiera el cargo el Vicepresidente (quien a su vez reviste el carácter de Presidente del Senado), pero como Carlos Álvarez había renunciado hacía un año, no había vicepresidente y ejercía el cargo de Presidente Provisional del Senado el Ing. Federico Ramón Puerta.
    En cumplimiento de la ley de acefalía, Puerta designó un gabinete de urgencia y convocó a sesión de la Asamblea Legislativa para la elección de un Presidente Provisional que debía llamar a elecciones en el plazo de 90 días.
    La Asamblea eligió para el cargo al Dr. Adolfo Rodríguez Saá, senador por la provincia de San Luis.
    A los pocos días Puerta, invocando razones de salud (sic), renunció al cargo de Presidente Provisional del Senado, manteniéndose como senador por Misiones.

El Dr. Adolfo Rodríguez Saá (23/12/01 – 30/12/01)
    Al asumir el cargo declaró la suspensión de los pagos de la deuda externa y la creación (que nunca llegó a concretarse) de una nueva moneda no convertible, el Argentino, con la cual prometió que financiaría planes de vivienda, que daría más de 100.000 subsidios y un aumento a jubilados y estatales. Esta moneda tendría curso legal conjuntamente con el Peso que mantendría la convertibilidad con el dólar y se iría devaluando en forma paulatina.
    El gobierno de Rodríguez Saá, luego de tortuosas disputas en el congreso (incluidas agresiones físicas), y sin el apoyo de un importante sector del justicialismo, debió renunciar. Su gobierno duró apenas siete días.
    Con el tiempo diría que los que presionaron su “destitución” fueron los integrantes de los sectores empresarios pertenecientes a la Unión Industrial Argentina (U.I.A.) que pretendían que sus deudas en dólares fueran pesificadas y, una vez operada la pesificación, se procediera a la salida de la convertibilidad y la devaluación del peso. Acusó al “Grupo Clarin” –al que señaló como que debía U$S 940.000.000 y a quien calificó de ser los creadores del “golpismo democrático”- de actuar como “punta de lanza” de este operativo. También atribuyó a Héctor Horacio Magnetto -director ejecutivo del multimedio- de impulsar un fuerte operativo para que se llevara a cabo la denominada “pesificación asimétrica” que después concretaría Eduardo Duhalde.

Eduardo Oscar Caamaño (30/12/01 – 02/01/02)
    Renunciado Rodríguez Saá al cargo de Presidente Provisional de la República y Federico Ramón Puerta al de Presidente Provisional del Senado, la sucesión presidencial recayó en el Presidente de la Cámara de Diputados, el duhaldista Eduardo Oscar Caamaño.
    Caamaño citó a la Asamblea Legislativa, la que designó al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Eduardo Alberto Duhalde como Presidente Provisional de la República y a quien le otorgó la potestad de proseguir en el cargo hasta que se cumpliese la totalidad del período presidencial interrumpido.
    A Duhalde se lo señala como el promotor de las movilizaciones que desembocaron en la renuncia de de la Rua y del lobby que culminó con la renuncia de Rodríguez Saá.

El Dr. Eduardo Alberto Duhalde (02/01/02 – 25/05/03)
    Llegado al gobierno, Duhalde se encuentra con que la situación económica estaba descontrolada, con los bancos cerrados, las cuentas bancarias en el llamado “corralito”, la moratoria en el pago de la deuda externa declarada oficialmente y el malestar social expresado en miles de manifestaciones en todo el país.
    Designa a Jorge Remes Lenicov como ministro de economía y a José Ignacio de Mendiguren (presidente de la UIA) como ministro de producción, a la vez que manifiesta públicamente que "... van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (...) el que depositó dólares recibirá dólares...el que depositó pesos recibirá pesos".
    Sin embargo, y como no podía ser de otra manera porque el atraso cambiario afectaba profundamente el saldo de la balanza comercial, a los pocos días el gobierno dispone la derogación de la Ley de Convertibilidad.
    Ahora bien, no se realiza una devaluación lisa y llana del peso, sino que si bien se establece la paridad U$S 1.- = $ 1,40, también se determina que las deudas en dólares tenidas con las entidades financieras se cancelarían en pesos a la relación U$S 1.- = $ 1.-, generando una importante licuación de los pasivos de las grandes empresas y del sector agropecuario con cuantiosa deuda hipotecaria, la que sería financiada (léase soportada) por el Estado.
    Paralelamente, se elevaron las retenciones a las exportaciones de granos del 3% al 20% y más, lo que significó que los ingresos por derecho de exportación pasaran de U$S 52.000.000 en el 2.001 a U$S 5.022.000.000 en el 2.002.
Con posterioridad a su renuncia como Ministro de Economía, en la edición de Página 12 del 14/08/02, Remes Lenicov explicaría que las medidas fueron producto de las  "presiones de los empresarios y también de los bancos, que en forma conjunta se reunieron con Duhalde y con nosotros. Los empresarios decían que si aumentaba 40 por ciento su deuda, no la podrían pagar y los bancos entonces nada cobrarían: por eso que conjuntamente ambas partes acordaron plantear la pesificación asimétrica" (el subrayado es mío).
Algunos testigos de aquellas jornadas dirían que "las gestiones fueron llevadas por ejecutivos como Carlos Giovanelli (Citibank), Enrique Cristofani (Río Santander), Emilio Cárdenas (HSBC) y Manuel Sacerdote (Boston), e industriales como Héctor Massuh, por la Unión Industrial Argentina, mientras José Ignacio de Mendiguren detentaba el Ministerio de la Producción y militaba en el mismo lobby".
    EL 01/02/02 la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de “el corralito”.
    El 03/02/02, mediante el decreto 214/02 el gobierno dispone que todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a pesos a razón de $ 1,40 por cada dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera, y que la entidad financiera cumpliría con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada. Se reprogramaron los pagos y se creó un Coeficiente de Estabilización de Referencia aplicable a la fecha del efectivo reintegro. A esto de lo denominó “El Corralón”. Los bancos percibirían en compensación un bono del Estado para “equilibrar” la diferencia.
    El resultado fue que el dólar estadounidense (billete) cotizara en el mes de marzo a $3.- y a fin de año a $ 3,65, lo que significó que se vieran notoriamente beneficiados aquellos que –amparados en la ley de convertibilidad- habían retirado sus depósitos y llevados los dólares al exterior, y los que vieron pesificadas sus deudas en dólares a razón de $ 1.- el dólar.
    En el mes de abril fue designado Ministro de Economía y Producción el Lic. Roberto Lavagna 9, quien pondría fin al “corralito” en diciembre de 2.003, siendo Ministro de Economía de Kirchner.
    Por decisión política o por presión lobbista, lo cierto es que ese fue “el precio” que el gobierno decidió hacer pagar al Estado.
Según Mario Cafiero (Infosur 12/06/12) “por exigencia del FMI y la banca internacional, el gobierno concretó la salida de la crisis bancaria del 2001, y de los famosos corralito y corralón, mediante el simple expediente de efectuar un salvataje integral de los bancos, cargándole el costo de la pesificación asimétrica al Estado nacional, que se hizo cargo de ella, y por extensión todos los que contribuimos a su sostenimiento. La información referida a cuanto recibió cada banco, se mantiene absolutamente encapsulada, como si fuera top secret. Pero el monto total de los Boden emitidos en ínterin trepan a los 27 mil millones de dólares. Y a la par analistas económicos sostienen que el costo fiscal de esa crisis, habría trepado al 18 % del PBI. O sea alrededor de 32.000 millones de dólares, que de alguna manera u otra fue solventada por el fisco”.
    En contraposición, los más perjudicados no sólo fueron los pequeños ahorristas y el Estado nacional (es decir todos los argentinos), sino también -y fundamentalmente- los asalariados que debieron soportar durante el año 2.002 una inflación del 41% anual y una suba de los productos de primera necesidad del 74,9% 10.
    A raíz de esto se sucedieron movilizaciones y cortes de rutas organizados por los denominados “grupos piqueteros” 11 y el 26/06/02, durante una acción de este tipo, cerca de la Estación Avellaneda, la Policía de la Pcia. de Buenos Aires mata (asesina) a escopetazos a Darío Kosteki y Maximiliano Santillán 12.
    Duhalde adelanta seis meses las elecciones y entrega el mando presidencial a Néstor Kischner el 25/05/03.
    El 13/07/04 la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional al “corralón”.

1 Según Moyano –dirigente sindical del gremio de camioneros- en una reunión a fines de enero de 2000 en una cena en Obras Sanitarias, que habría sido convocada por Rubén Pereyra, entonces secretario de la Federación Nacional de ese gremio, y en la que habrían estado presentes el líder gremial de los taxistas Omar Viviani; el entonces titular de la UTA, Juan Manuel Palacios; el exlíder de la CGT Saúl Ubaldini, "Flamarique, muy suelto de cuerpo, dijo ´para los senadores tengo la Banelco´". Esto porque habrían evaluado que la reforma laboral iba a ser aprobada en diputados pero no en el senado que tenía mayoría peronista
   
2 La causa investigaba la venta de autopartes y piezas de Sevel Argentina a sus filiales Sevel Uruguay SA y Drago SA, realizadas como exportaciones definitivas, lo que la hacía acreedora al cobro de reintegros. En Uruguay las partes eran ensambladas y reexportadas a Argentina como vehículos terminados –automóviles y camionetas– bajo el régimen de intercambio compensado entre miembros del Mercosur, por lo cual no pagaban aranceles de importación. La información judicial señala que la operación habría involucrado unos 1.300 vehículos durante unos pocos meses entre 1.993 y 1.994, suponiéndose que la operatoria delictiva continuó hasta 1.995 inclusive.
   
3 Según Alejandro Guerrero (Razón y Sentido del 25/06/15), la maniobra se desenvolvió bajo el régimen de "importaciones por particulares", que regulaba el Decreto 2677/91. Este autorizaba a importar a personas físicas o ideales, en forma particular, los mismos tipos de automotores producidos o importados por las terminales automotrices radicadas en la Argentina. Con ese propósito se había usado de pantalla a la empresa uruguaya Opalsen SA, una controlada de Sevel Argentina. Por lo menos, buena parte del directorio de Sevel figuraba en la nómina de Opalsen. Además, Sevel SA tenía participación mayoritaria en el paquete accionario de Opalsen. Para incluirse en el régimen especial de impuestos a la importación de automóviles por particulares, Sevel y Opalsen falsificaban las firmas de los compradores, que aparecían como si fueran importadores, y presentaban despachos de importación falsificados ante la Aduana de Buenos Aires y la de Gualeguaychú. En total, según cálculos muy moderados, esa maniobra permitió a Sevel dejar impuestos impagos por unos 450 millones de dólares.
   
4 Sevel fue cambiando de manos por etapas. Primero perdió la licencia de Fiat, cuando la automotriz italiana decidió retornar al país. Luego ingresó Peugeot como socio minoritario a Sevel, hasta que finalmente Socma (Grupo Macri) se retiró del sector y Peugeot pasó a operar con su propio nombre.
 
5 Fernando Ignacio Magliano diría en “Razón y Sentido” del 28/04/13 que “Al comenzar la década de 1.970, los Macri eran dueños de siete empresas. Cuando terminó la dictadura militar, controlaban 46. Su compañía madre, Socma (Sociedad Macri), fue una de las más beneficiadas por la estatización de la deuda externa privada ejecutada mediante un "seguro de cambio" dispuesta en 1.982 por Domingo Cavallo”.
   
6 PIÑA, Felipe: “El Blindaje y el Mega-Canje, la Estafa Financiera más Grande de la Historia Argentina”.

7 El escándalo por corrupción, el aumento de la desocupación, la baja de los servicios sociales, etc., llevaron a una situación de descreimiento de la población en la dirigencia política que, en las elecciones legislativas del 2.001 la sumatoria de los votos en blanco y nulos alcanzó la cifra récord del  41% de los votantes, equivalentes a 10.200.000 argentinos. Primó la consigna “que se vayan todos”.
   
8 En fallo del Tribunal Oral Federal N° 6 del 23/05/16, fueron condenados por estos hechos: Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad, a 4 años y 9 meses de prisión; Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, a 4 años de cárcel.; Carlos José López a 6 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 10 años; Roberto Emilio Juárez a 4 años y medio de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 9 años; Víctor Manuel Belloni a 3 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 3 años; Omar Alberto Bellante a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años; Raúl Roberto Andreozzi a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años; Norberto Edgardo Gaudiero a 3 años y medios de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años, y Ariel Gonzalo Firpo Castro a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años.
   
9 Durante la gestión del Ministro Lavagna el P.B.I. creció a razón de un 8% interanual.
   
10 Según datos oficiales del SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales), un organismo que dependía de la Presidencia de la Nación, en mayo de 2002 el 51,4 % de la población (unas 18,2 millones de personas) se encontraban por debajo de la línea de pobreza y la cantidad de indigentes aumentó en los primeros cinco meses de ese año un 42,5 % (unas 7,8 millones de personas). La línea de pobreza se encontraba en ese mes en ganar menos de 626 pesos mensuales (unos 155 dólares) para una familia de cuatro integrantes, y la de indigencia en menos de 266 pesos (unos 66 dólares).
   
11 Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, etc..
   
12 Santillán fue baleado en la Estación Avellaneda en el arco del Supermercado Carrefour, a cuadra y media de la estación. Una cámara del noticiero de Canal 7 filmó el momento en que dos efectivos de la policía provincial –el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta- dispararon sobre los manifestantes que en ese momento se encontraban separados del resto. También existen varias fotos del fotógrafo independiente Sergio Kowalewsky y del fotógrafo del diario Clarín, Pepe Mateos.