Por Juan Aragonés Randó
Los diferentes medios de comunicación (algunos nacionales y sobre todo extranjeros) dieron a conocer la noticia de que -a raíz de la denuncia formulada por Claudio Lozano y Jonatan Valdivieso- el Fiscal Federal Jorge Felipe Di Lello abrió la investigación e imputó al Presidente Mauricio Macri, al Ministro de Economía (M.E.) Nicolás Dujovne y al Presidente del Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.) Luis Caputo por “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder” en la suscripción del acuerdo celebrado el 07/06/18 con el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) por un préstamo stand bye 1 de u$s 50.000.000.000.- a 36 meses, que no estaba proyectado en la Ley de Presupuesto y que fuera formalizado sin la autorización del Congreso. 2
El día 20 de junio el F.M.I. giró el primer tramo de u$s 15.000.000.000.- del crédito, dando comienzo de ejecución al acuerdo.
La razón de la búsqueda de “refugio” en el F.M.I. debe encontrarse en que, como consecuencia de la política “aperturista” en materia económica, la baja de las retenciones al agro y a las empresas mineras, el pago de los servicios de la deuda incrementados por el excesivo ingresos de fondos al mercado financiero no productivo, el favorecimiento de las importaciones de bienes no durables como consecuencia de un dólar subvaluado que pusieron en crisis la industria local 3 por la retracción del consumo 4 y la disminución de las exportaciones (lo que se tradujo en una disminución de la recaudación impositiva), etc., se incrementaron las salidas de divisas y aumentó considerablemente el déficit fiscal.
Entre otras cosas, es por esto que durante los primeros once meses del gobierno del Ing. Mauricio Macri se produjo una fuga de capitales que creció el 118 % y pasó de u$s 6.734.000.000.- a u$s 14.662.000.000.- (el incremento apuntado tiene en cuenta la formación de activos en el exterior y el giro de utilidades y dividendos realizados entre enero y noviembre de 2.016). Asimismo, el promedio mensual trepó 84 % al pasar de u$s 590.000.000.- a u$s 1.088.000.000.- (Fuente Ámbito Financiero).
En el segundo año la fuga de reservas ya alcanzaba los U$S 30.000.000.000.- en el mes de Octubre (Fuente: Idem).
En mayo de 2.018 el gobierno argentino no contaba con ninguna fuente de financiación dado que los inversores se retiraron ante el déficit de la balanza comercial y el creciente déficit fiscal.
Ya el rédito financiero lo habían obtenido con creces.
Es en este marco de “despojo financiero” que debe encuadrarse la imputación que el Fiscal Di Lello efectuó contra el hoy ex Pte. del B.C.R.A., Federico Sturzenegger por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y al juez Claudio Bonadio por “prevaricato al dictar resoluciones contrarias a la ley y fundadas en hechos falsos”, así como a otros funcionarios del gobierno por lo que se dio en llamar “la cuestión del dólar a futuro”5 .
La causa estaba referida a una operación que se originó durante el gobierno de Cristina Kirchner con una cotización de $ 9,83 por dólar y culminó durante el gobierno de Mauricio Macri que produjo una devaluación a $ 17,66 por dólar, que muchos calificaron como ad hoc 6.
Federico Sturzenegger ya había sido imputado como “partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” durante su actuación como Secretario de Política Económica en el gobierno de De la Rua, por favorecer a los bancos involucrados en el denominado “Megacanje” del año 2.001; pero fue sobreseído en el año 2.016 cuando ya era Pte. del B.C.R.A. durante el actual gobierno.
Pero volvamos al caso del acuerdo con el F.M.I..
Entienden los denunciantes que el volumen del crédito y las características del mismo condicionarían la política del país y por ende la situación se encontraría encuadrada dentro de las previsiones del art. 75 de la Constitución Nacional (C.N.) que dispone que es al Congreso al que corresponde contratar empréstitos sobre el crédito de la Nación (art. 4°) y arreglar el pago de la deuda interior y exterior (art. 7°).
El Fiscal Di Lello sostuvo que “el análisis de los denunciantes es verosímil y lógico por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de pruebas que resulten útiles”, radicando la denuncia por ante el Juez en lo Penal Federal Julián Ercolini, a quien también le solicitó que dictara una medida cautelar por la que se ordenara la suspensión de la ejecución del acuerdo. Asimismo, pidió que se le tomara declaración al Jefe de Gabinete Marcos Peña y al Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne para que informen sobre el estado actual del acuerdo con el F.M.I. y el/los compromiso/s asumido/s ante el mismo.
El argumento sostenido por el Poder Ejecutivo (P.E.) para soslayar la intervención del cuerpo legislativo se encuentra en que el art. 60 de la Ley de Administración Financiera (L.n. 24.156 de 1.992) menciona como excepción a la disposición constitucional citada el supuesto de “operaciones de crédito público que formalice el P.E. con organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte” y, dado que la Argentina es socia integrante del F.M.I., el acuerdo se encontraría amparado por esta norma legal.
Sin embargo, la más calificada doctrina en materia constitucional considera que esta disposición fue derogada por el nuevo art. 76 C.N. dictado con la reforma constitucional de 1.994, que prohíbe al Congreso delegar sus facultades en el P.E. “salvo emergencia pública”.7
Amén de ello, y desde la óptica de la razonabilidad, aparece como ilógico que el P.E. pudiera llegar a comprometer el futuro del país sin control de ninguna naturaleza, sin importar el monto y las condiciones de los compromisos que contraiga.
Sin embargo, hoy por hoy, el Juez Ercolini, siguiendo el ya citado razonamiento del P.E., desestimó la imputación del Fiscal Di Lello y denegó la medida cautelar por él solicitada.
El Fiscal apeló por ante la Cámara de Casación la decisión del juez de 1ª Instancia.
Habrá que esperar la decisión del órgano superior.
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Ahora bien, como nota destacada, parecería necesario señalar que éste no es el único caso en que se habría obviado la intervención del Congreso.
El B.C.R.A. -que no tiene facultades para crear bonos de la deuda pública- emitió las denominadas LeBaC (Letras del Bco. Central de corto plazo) con una alta tasa de interés, lo que derivó en una denuncia de la Fiscal Paloma Ochoa contra el Pte. Macri, el ex M.E. Prat Gay y el ex Pte. del B.C.R.A. Federico Sturzenegger por “abusivos y producir un grave detrimento de las arcas del Estado en beneficio de determinados grupos económicos”.
En mayo/junio la J.P.Morgan y otras entidades financieras, luego de obtener un alto rendimiento como consecuencia de las altas tasas de interés en pesos que pagaban las Lebacs ante un dólar prácticamente estable, procedieron a liquidar las letras y con el producido adquirieron dólares a una cotización de $ 20,50 por dólar. A los pocos días por la intervención del B.C.R.A. la moneda estadounidense pasó a cotizarse a $ 25.- por dólar, generando una utilidad rayana en el 20 % en dólares.
Se estima que en menos de un mes estas entidades habrían obtenido una ganancia de más de u$s 1.000.000.000.-.
1 Según el organismo crediticio internacional, este tipo de crédito está destinado a “respaldar” necesidades de financiamiento externo “con sujeción a las políticas del F.M.I.”.
2 EL Fiscal Di Lello imputó también a Macri, Marcos Peña, Guillermo Dietrich (Min. de Transportes) y Mario Quintana (Coord. del Gabinete Económico) por la concesión de rutas a la empresa Avianca que se superponían a las de Aerolíneas Argentinas, siendo que la citada empresa estaba controlada por la familia Macri.
3 La industria local fue también tremendamente golpeada como consecuencia del inusitado incremento de los insumos energéticos (energía eléctrica y gas) que treparon más del 400% lo que hizo variar sustancialmente los costos de producción.
4 Los despidos alcanzaron a más de 100.000 puestos de trabajo.
5 El negocio del dólar futuro, que puede concretar cualquier persona a través del ROFEX, el mercado de futuros de Rosario, y del MAE (Mercado Abierto Electrónico) reservado a grandes instituciones, es básicamente una apuesta derivada del valor del dólar. Donde por un lado está el vendedor y el otro el tomador, y donde ambos acuerdan el precio que tendrá la moneda estadounidense el último día hábil del mes, o uno por venir. / Llegado ese día, la diferencia que resulte entre el valor de ese día y el del dólar apostado, se salda en pesos. Es decir si el inversor aposto u$s 100.- a $ 10.-, y luego el dólar salta a $ 15.-, el vendedor paga $ 500.- de diferencia (100.- u$s x $ 5.-). Y si el dólar bajó a $ 9.-, el comprador le paga al vendedor $ 100.- por la diferencia. / La esencia del negocio radica, en que para hacer esa apuesta, el comprador no tiene que poner los u$s 100.- dólares, o su equivalente en pesos, sino solo el 10% de lo apostado. Lo cual dota a dicha especulación de un extraordinario apalancamiento, ya que con los u$s100.- de garantía, se puede hacer una apuesta por u$s 1.000.-. Con lo cual si el dólar pasa de $ 10.- a $ 15.-, los $ 5.- de diferencia le reportan al apostador una ganancia de $ 5.000.-. Que a un dólar a $ 15.-, equivale a u$s 333.-. O sea que el que apostó se lleva una ganancia del 333% en dólares, o sea 4,33 veces más a lo apostado. (Fuente: https://stripteasedelpoder.com/2016/10/3722/#.W5bsbuhKhdg).
6 Días antes de la fuerte devaluación diferentes dirigentes políticos y empresarios afines al gobierno electo habían comprado dólares a futuro, como el Vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el Secretario de Coordinación de Políticas Públicas Gustavo Lopetegui, el Jefe de Asesores de la Presidencia José Torello y el Directos del B.C.R.A. Pablo Curat. Dicha maniobra habría generado pérdidas al B.C.R.A. que alcanzaban aproximadamente u$s 17.000.000.000, por lo que configuró la misma como supuestamente el delito de «de administración infiel en perjuicio de la administración pública», producto de la fuerte devaluación. Varios funcionarios compraron contratos de dólar futuro días antes de la fuerte devaluación, entre ellos el Embajador Argentino en los EE.UU. Martín Lousteau, y la empresa Farmacity, de la que Mario Eduardo Quintana era director hasta su asunción como secretario de Coordinación Interministerial del gobierno de Mauricio Macri. También hicieron operaciones a dólar futuro la empresa constructora Caputo S.A, propiedad de Nicolás Caputo (amigo de la infancia y hombre de confianza de Macri – hoy Pte. Del B.C.R.A.) que operó u$s 3.560.000 a través de los agentes de liquidación y compensación, y las empresas Socma-Chery, que pertenecen a la familia del actual Pte. Macri y compraron u$s 8.000.000.- a precio futuro. El mencionado Torello adquirió u$s 800.000.- en octubre y los cobró en febrero. También Gustavo Sebastián Lopetegui habría comprado u$s 310.000.-. Se señaló como uno de los casos más graves el de Quintana, quién compró u$s 11.000.000.- a futuro y luego asumió como secretario de Coordinación Interministerial y fue uno de los funcionarios que le puso el precio al dólar.
7 Esta disposición es la que dio origen a los llamados Decretos de Necesidad y Urgencia (D.N.U.).