Por Alejandro Díaz, de Our Voice Córdoba-7 de agosto de 2019
La Dictadura Cívico, Militar y Eclesiástica que usurpó el Estado argentino durante el período 1976 – 1983 desarrolló una violencia extrema contra la población en general, y contra ciertos sectores en particular. Obreros, estudiantes e incluso empresarios fueron víctimas seleccionadas puntualmente por ser obstáculos de una fuerza paraestatal, que era anterior a la Dictadura Militar, que fue durante la Dictadura Militar y que siguió siendo, después de la Dictadura Militar.
Hoy, pese a las detenciones de decenas de represores, recién comienza a correrse el velo que nos permite comprender, las verdaderas relaciones de poder que hicieron de las Fuerzas Armadas un títere. En este sentido son fundamentales los avances que se vienen concretando con las investigaciones de “Responsabilidad empresarial en Delitos de Lesa Humanidad”. Dentro de este ámbito, es que, pretendo acercarlos al libro: “Cuentas Pendientes: Los cómplices económicos de la dictadura”, Siglo XXI Editores de 2013, donde numerosos especialistas de diversas áreas, entre ellos Juan Pablo Bohoslavsky (Doctor en Derecho), Claudio Tognonato (Sociólogo y Filósofo) y Horacio Verbitsky (Periodista, Escritor y astronauta honoris causa), ofrecen los primeros resultados de las investigaciones llevadas adelante. Intentando demostrar científicamente, que hubo un grupo organizado (proveniente del sector privado, incluso los principales directivos de compañías multinacionales), que gestó las condiciones previas al golpe de Estado, mientras infiltraba y arengaba a las Fuerzas Armadas a realizarlo. Y que inmediatamente, depuesto el Gobierno Constitucional, ocupó los puestos neurálgicos de la administración pública, en especial las carteras económicas, desde donde se dedicó afanosamente a saquear al Estado en su propio beneficio y el de sus “amigos”. La Dictadura no fue solo un movimiento represivo, fue, y es, un proyecto económico, social y, en definitiva, político.
Como lo definen los propios autores: “Los intelectuales y expertos [civiles y clérigos] no se limitaron a ser instigadores y cómplices de la dictadura. En algunos casos fueron los principales autores, incluso contra la opinión de muchos militares, de las transformaciones más regresivas legadas por el Proceso de Reorganización Nacional.” Y también: “La naturaleza de esa relación [entre Estado Criminal y Economía] estuvo determinada por la (impuesta) supremacía de las Fuerzas Armadas sobre el orden constitucional y su vocación por perpetuarse en el poder y asirse de los recursos que tal empresa requería, pero ello no bastó para que sectores de la economía forjaran el escenario del golpe y su plan económico, y en ocasiones trataran como pares o dictaran órdenes a los militares, o llegaran a co- participar del poder coercitivo estatal para reprimir y delinquir…”, de aquí en adelante todas las citas son extractos de este libro que recomiendo leer, estudiar y meditar.
En los años previos al golpe de Estado, el movimiento obrero organizado reclamaba, dentro de un proyecto social (la consolidación de una República Democrática), una nueva forma de distribución de las riquezas de la Nación. Frente a estos, un grupo de Empresarios, latifundistas y agentes aun por identificar, manipularon y presionaron sobre los aparatos del Estado para sostener sus posiciones de privilegio por sobre la ley. Uno de los principales focos se dio en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, donde se alojaban dos de los principales polos industriales dentro de los proyectos de sustitución de importaciones, estos eran SOMISA y Acindar.
El 24 de marzo de 1974, dos años antes del golpe, se “instaló un destacamento de la policía federal dentro del predio de la planta de Villa Constitución”, la planta fue prácticamente militarizada, “a tal punto que (…) en el cercano ‘albergue’ de solteros funcionó después del golpe del 24 de marzo de 1976, un centro clandestino de detención”. Las tensiones por el conflicto laboral fueron aumentando hasta que, en marzo de 1975, estalló una huelga, que duraría casi dos meses. A los días de iniciada la medida de fuerza (legal), “una caravana de más de 150 vehículos provenientes de la Capital Federal ocupó militarmente la ciudad y detuvo a cien sindicalistas, entre directivos de comisiones internas y delegados”. La represión militar se inició mucho antes del golpe, y fue, antes que una “guerra antisubversiva”, la imposición por la fuerza de un proyecto político (económico y social) estatal y paraestatal. “Alrededor de trescientos trabajadores metalúrgicos de esa localidad, fueron detenidos entre el 20 de marzo de 1975 y el 24 de marzo de 1976. Hubo 30 muertos, varios de los cuales aún permanecen desaparecidos”.
El Director de Acindar era, José Alfredo Martínez de Hoz (murió en prisión domiciliaria acusado de Delitos de Lesa Humanidad por el secuestro de dos empresarios), heredero de una de las grandes fortunas consolidadas a partir del genocidio de las comunidades aborígenes y el despojo de sus tierras, durante la “Campaña del Desierto”. Una vez instalado el Gobierno de Facto, Martínez de Hoz asume el Ministerio de Economía, desde donde se apronta a generar importantes préstamos y beneficios para la Empresa que recientemente había “abandonado” para servir al Estado. Desde este lugar impulsó la implementación de un modelo económico basado en la especulación financiera, que llevó a la mutilación de las Entidades Bancarias que impulsaban las pequeñas y medianas empresas, responsables del 60% del empleo privado del país. Favoreciendo de esta forma la eliminación de la competencia y la consolidación, al mismo tiempo, de Grandes Monopolios. Entre sus primeras medidas implementó un ciclo de endeudamiento financiero, público y privado (que luego sería estatizado), con el FMI y otras entidades bancarias depredadoras donde “es oportuno destacar que, sin perjuicio de los efectos que los préstamos generaron en términos de consolidación del régimen, el hecho de que esos acreedores hayan desconocido las reglas básicas en materia de análisis del riesgo crediticio sentó las bases para la crisis de la deuda que entró en erupción en 1982”.
Como lo explican los autores “Estos empresarios no fueron convocados al día siguiente del Golpe para colaborar, sino que fueron parte de la preparación, la ejecución y la aplicación de un plan económico que liquidó el segundo proceso de sustitución de importaciones. No estamos en presencia de acciones aisladas sino de un plan sistemático de asalto al poder y reingeniería social, económica y política”.
En una solicitada publicada el 24 de marzo de 1977 se lee: “En esos momentos [los días del Golpe] todos estábamos dispuestos a dar cualquier cosa por tener garantías mínimas de vida y de bienes, por volver a respirar aire puro. Fue en tan graves circunstancias que las Fuerzas Armadas tomaron las riendas del país con patriótico empeño, (…) La Sociedad Rural Argentina reitera frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de Marzo de 1976, para lograr así los fines propuestos, que en definitiva son los grandes objetivos nacionales”. Considerar que la Sociedad Rural Argentina había sido fundada 100 años antes y fue de los principales impulsores, benefactores y beneficiados de la “Campaña del Desierto”.
El accionar de la Comisión Nacional de Valores merece especial atención. El organismo regulador del mercado de capitales argentino se ocupa de “velar por la transparencia del mercado de valores y la correcta formación de precios”. El 25 de marzo de 2013, la CNV presentó los resultados de una investigación interna respecto de los años de la Dictadura y sobre el accionar de la institución, dirigida en ese entonces por Juan Alfredo Etchebarne, ligado al Grupo Azcuénaga. El informe es consecuencia de la demanda de información requerida desde los tribunales que llevan adelante causas sobre Crímenes de Lesa Humanidad. En el informe se establece que “la CNV de Etchebarne aparece actuando como una ‘central de inteligencia’, semejante a los espacios que dentro de las Fuerzas Armadas funcionaron como lugar de reunión de información. (…) el informe describe una maquinaria administrativa que operó con un doble estándar: apañó o estimuló el crecimiento de ciertos sectores al tiempo que persiguió a otros, empresarios, financistas y agentes de Bolsa, parte de los cuales fueron secuestrados y en algunos casos desapoderados de sus bienes”.
Numerosos testimonios de víctimas sitúan al mismo Etchebarne presente durante los interrogatorios en los Centros Clandestinos de Detención. Dentro de la investigación que lleva adelante el Juez Daniel Rafecas “se desprende que Suarez Mason [General a cargo de la Prisión Militar de Campo de Mayo] creó un ‘equipo de trabajo’ especial para realizar los secuestros”, a cargo del coronel Roberto Leopoldo Roualdes quien, como consta en documentos integrados a la causa, “pidió ocho peritos para interrogar a los secuestrados: cuatro al Banco Central y cuatro a la CNV”. Y es que “el Ejército tenia veinte o treinta personas, dueños de empresas, pero no sabía que preguntar. Ahí la CNV colaboró aportando peritos, que eran contadores y abogados que sabían que tenía cada uno de ellos”. Numerosos son los casos detallados, quizás el más notorio sea el de la causa Papel Prensa, donde se detalla el secuestro, tortura y desapoderamiento de los familiares y allegados de David Graiver, y la apropiación irregular (la causa está “cajoneada”), por parte de los titulares de los diarios, Clarín, La Nación y La Razón.
Entre 1976 y 1983, fueron secuestrados ciento treinta y un empresarios. Este tipo de secuestro responde a tres motivaciones: la búsqueda del dinero de las organizaciones consideradas “guerrilleras”, la implementación (cueste lo que cueste) de un proyecto económico (y por ende, político) y los secuestros de iniciativa “privada” o de “rapiña” por parte de los “Grupos de Tareas”. Considerar que muchos de los integrantes de estos “Grupos de Tareas”, ya durante la Democracia, continuaron con la modalidad de los secuestros extorsivos, lo traigo a colación porque en la actualidad el Juez Ramos Padilla, lleva adelante la investigación de una “asociación ilícita” que realizaba extorsiones mediante el “armado” de causas judiciales y la difamación pública en los medios de comunicación aglutinando funcionarios del Poder Judicial, periodistas de la prensa sibilina y agentes de los servicios de inteligencia. Una continuación de modalidades delictivas adaptadas a tiempos modernos.
La participación de un componente de “intelectuales orgánicos”, como los definen los autores, fue, y es, indispensable al funcionamiento de la Dictadura Cívico, Militar y Eclesiástica. No solo los “lavadores” de dinero y prestanombres, sino aquellas “mentes refinadas” que denunciaba Giovanni Falcone, las cuales determinan el flujo de enormes presupuestos y el financiamiento de proyectos económicos de la envergadura de “Vaca Muerta”, por citar solo un ejemplo. En definitiva, estos cuellos blancos, determinan el curso de las sociedades.
Uno, prontamente podría intentar “justificar” la voracidad de ciertos sectores económicos, determinantes en la idea de desarrollo y progreso social. Grupos como Techint que tiene una trascendencia internacional en cuestiones de Geopolítica y de Macroeconomía. Por eso creo fundamental este análisis amplio, que ofrecen los autores considerando distintas perspectivas de un mismo Sistema Criminal que se movió al compás, bajo una misma conducta, en las distintas capas del entramado social y económico.
El caso del Ingenio Ledesma ofrece un ejemplo a pequeña escala del condicionamiento cultural que crea la imposición de un proyecto social, económico y político por fuera de los parámetros de la República.
“El Ingenio Ledesma se encuentra en una localidad jujeña llamada Libertador San Martin, en el departamento de Ledesma. Alrededor del Ingenio crecieron otras dos localidades (Ledesma y Calilegua) a modo de villas obreras, sobre tierras cedidas o expropiadas a la empresa”. Durante la declaración indagatoria en el Juzgado Federal n°1 de San Salvador de Jujuy, por Crímenes de Lesa Humanidad, el presidente y principal accionista del ingenio azucarero, declaró: “Ledesma SAII excedió su papel como empresa y desempeño funciones que parecen más propias del Estado en su rol de asistencia y desarrollo social, como la construcción de viviendas y urbanización, y la contribución económica a instituciones sanitarias”, ante esta autoproclamación de “ingenio-estado”, el juez Fernando Poviña dictaminó, “La provisión de viviendas y sanidad para obreros y empleados de Ledesma no puede ser solo atribuida a la graciable predisposición y desinteresada buena voluntad de sus directivos y dueños de mejorar las condiciones habitacionales de sus obreros y empleados conforme fue esgrimido por los imputados sino, fundamentalmente, a una obligación derivada de la ley”. La ley 1814, de 1947 obligaba a los establecimientos de más de doscientos empleados a construir viviendas, escuelas y hospitales.
Lo destacable de estos argumentos es el peso y la posición dominante que la empresa ejercía, y ejerce, sobre la población circundante. Incluso el Decreto Nacional 2379, de 1966 instaló una Seccional de Gendarmería Nacional dentro del predio de la Empresa. Como declara el Juez en la causa: “… desde su origen la novel repartición no habría contado con una gran infraestructura ni mucho menos con sus propios vehículos, lo que habría sido suministrado por la Empresa en contraprestación a cambio de seguridad (…) [que] incluía, entre otras cosas, el control y la represión de las actividades sindicales”. Una guardia pretoriana propia.
La presencia transversal durante la Dictadura, en espacios determinantes de poder, de miembros de una organización transnacional como la Logia Masónica P2 (López Rega, Massera, Vignes, entre otros) tutelada por Licio Gelli y el favoritismo que recibieron, y reciben, ciertos sectores económicos, da cuenta de que hay un orden, jerárquico, sistematizado, capaz de infiltrar y condicionar los mecanismos de la Democracia. Estas organizaciones se mueven dentro de los vacíos legales, y de dilataciones burocráticas propias de un aparato judicial que esquiva la verdad. Verdades incómodas, como suele definirlas el periodista Jean Georges Almendras.
Los poderes antidemocráticos que condicionan a la Argentina participaron activamente de la violencia explícita que sufrió la ciudadanía, no solo en la carne de sus víctimas, sino también en la usurpación y la descomposición de las instituciones. Estas formas de corrupción estructural sobrepasan el superficial gesto del soborno. Hay en estas conductas que oscilan entre la intimidación, la sujeción y la Omertá pruebas suficientes de la existencia de organizaciones delictivas complejas que no deben ser consideraras pasajeras.
Esta Dictadura Cívico Militar y Eclesiástica solo dejó en reposo su brazo armado, pero nunca abandonó su actividad en el ejercicio del poder.
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*Foto de Portada: YouTube
* Foto 2: www.telam.com.ar /José Alfredo Martínez de Hoz y Rafael Videla
*Foto 3: www.ansalatina.com /Junta militar argentina
*Foto 4: www.proyectoallen.com.ar /Grupos de tareas en la dictadura militar argentina
*Foto 5: www.lanuovasardegna.it /Licio Gelli