Por Jean Georges Almendras-2 de marzo de 2019
Acusado de encubrir a los responsables del atentado del año 1994 –con explosivos de alto poder- cometido contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de la ciudad de Buenos Aires, oportunamente, es decir en el año 2015, al ex presidente argentino Carlos Menen, se le había iniciado una causa pero este jueves 28 de febrero, el Tribunal Oral Federal 2 (TFO 2), lo absolvió. El ex primer mandatario argentino, estaba bajo sospecha de haber utilizado su poder para evitar que se investigara a una familia de origen sirio, de apellido Kanoore Edul, que además se cree lo había apoyado en su campaña electoral. Y sin perjuicio de ésta absolución, que fue de hecho una noticia urticante y sorprendente (que además recorrió el mundo y generó todo tipo de comentarios y efectos dentro de Argentina) los miembros del Tribunal decidieron dictar sentencias: uno de los condenados fue el ex juez Juan José Galeano, siendo igualmente condenados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y además el ex secretario de Inteligencia menemista Hugo Anzorreguy, junto a su segundo en rango Carlos Anchezar.
Recientemente, desde éstas páginas, encaramos el tema del bombazo a la AMIA haciendo referencia el revelador libro del colega y escritor argentino Juan José Salinas, titulado “La Infamia”, porque verdaderamente para poder comprender y desentrañar los terribles recovecos que el caso en sí plantean, se hacía imposible no ignorar esa edición. Y ahora, que las situaciones judiciales generadas tiempo atrás (y que muy bien se detallan en el libro) han tenido sus respectivas respuestas en los expedientes con las sentencias (por más que el ex presidente Menen haya salido indemne de la causa que se le inició, seguramente ataremos los cabos que prolija y concienzudamente fue atando Salinas para intentar entrar en una nueva faceta de las investigaciones que efectivamente restan hacer, sencillamente para que el bombazo (que hizo temblar a la ciudad, metafóricamente y físicamente) no siga quedando en la impunidad. Como para que tampoco quede en la impunidad el bombazo a la Embajada de Israel, hecho criminal que fue anterior al de la AMIA.
Toda la prensa argentina y la regional, y mundial, se hicieron eco de las actuaciones judiciales cumplidas por el TFO 2 y en ese marco las novedades fueron decantándose con el correr de las horas, precisamente en un momento crítico –política, social e institucionalmente hablando- de la administración Macri. Un momento en el que sobre el tapete público se encuentra no solo el bombazo de la AMIA sino además el bombazo de la Embajada de Israel. En el bombazo de la AMIA –del 18 de julio de 1994- se tuvo que lamentar la muerte de 84 personas y más de un centenar de heridos.
Pero retomando lo acaecido en la sede el TFO 2 de Buenos Aires debemos consignar que las instancias judiciales en cuestión permitieron, considerar probado, el pago de sobornos para desviar la investigación judicial con el fin de obstaculizar el esclarecimiento del bombazo. En resumidas cuentas entendiéndose en el seno del Tribunal que el encubrimiento fue “una grave violación a los derechos humanos” igualmente se impusieron condenas leves a quienes tuvieron en sus manos el caso durante la primera década, vale decir el ex juez Galeano y los ex fiscales Mullen y Barbaccia.
Dentro de ese contexto, más allá de los asombros y de las críticas al fallo en todo su abanico de entornos e intrincados caminos, se pudo saber (y así se desprende de las versiones periodísticas, inmediatamente después de conocerse las resoluciones) que a nivel de los familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado (y de sus diferentes querellantes) reina un clima de reconocimiento (o valoración ) al hecho de que desde el seno del TOF 2 se haya confirmado –aún 25 años después del bombazo- que existió un plan de encubrimiento con responsabilidades de los ex funcionarios. No obstante, trascendió en los medios argentinos que se habrán de apelar estas condenas, por considerarlas literalmente bajas, como así también las absoluciones.
Por ejemplo Adriana Reisfeld, de Memoria Activa, dijo a la prensa: “Este fallo demuestra que todo lo que los familiares denunciamos era cierto, incluso a pesar de las presiones que recibió el tribunal de parte del Gobierno”. Y por si fuera poco, se pudo saber que reclamó la renuncia del Ministro de Justicia Germán Garavano “por sus intentos descarados para salvar a los ex fiscales (se refiere a Mullen y Barbaccia). Si tiene vergüenza debería renunciar ya hoy mismo (refiriéndose a la jornada del 28 de febrero).
El Tribunal Oral Federal 2 dictó una pena de 6 años de prisión para el ex juez Juan José Galeano y de 4 años y seis meses para el ex jefe de Inteligencia de Menen, Hugo Anzorreguy; mientras que las penas fueron menores para los ex fiscales Mullen y Barbaccia.
Las crónicas sobre la última audiencia (luego de cuatro años de proceso) dan cuenta que la misma comenzó a las once horas de la mañana del último día del mes de febrero que pasó. En un primer momento el Tribunal cedió la palabra a Carlos Menem y a su jefe de Inteligencia Anzorreguy , obviamente antes de darse a conocer el veredicto. Cabe consignar que de un total de 13 personas acusadas, solo restaban ellos para hacer uso de este derecho. Sorprendentemente, tanto Menem como Anzorreguy declinaron hacer uso de la palabra.
En consecuencia, los jueces Jorge Gorini, Karina Parrilli y Néstor Costabel dispusieron un cuarto intermedio hasta la hora 16, momento en que puntualmente dieron a conocer las sentencias: un fallo unánime, precedido de algunas puntualizaciones.
Como decíamos anteriormente –sobre el atentado a la sede de la AMIA- los miembros del Tribunal además de considerar el encubrimiento como una grave violación de los derechos humanos no consideraron que ese encubrimiento fuese un delito de lesa humanidad, pero aún así validaron su imprescriptibilidad. Posteriormente los integrantes del Tribunal dieron a conocer los rechazos a todos y cada uno de los pedidos de nulidad del proceso formulados por las diferentes defensas, para finalmente dar a conocer las condenas. Condenas que fueron notoriamente bajas y que se basaron todas en el pago de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldin para que inventara la vinculación de policías bonaerenses en la explosión.
Una de las penas más altas correspondió al ex juez Galeano: seis años de cárcel por su participación necesaria en el soborno, prevaricato, encubrimiento y violación de pruebas. Sobre esta pena en particular debemos recordar que la querella de Memoria Activa había solicitado 20 años de prisión para él.
La otra pena mayor fue para Anzorreguy a quien le impusieron 4 años y seis meses de cárcel; al subsecretario de Inteligencia, Anchézar, a quien le correspondieron tres años de cárcel, inculpándolo de violación de prueba y falsificación de documentos públicos.
Similares cargos e igual pena le impusieron al Comisario de la Policía Carlos Castañeda, mientras que a Carlos Telleldín lo adjudicaron tres años de cárcel, por haber participado del soborno, exigiéndole los 400 mil dólares que cobró, precisamente por mentir.
Los miembros del Tribunal Oral Federal 2 destinaron penas más cortas para la ex esposa de Telleldín, nos estamos refiriendo a Ana María Boragni, y los dos ex fiscales: a ellos les correspondió 2 años de prisión de cumplimiento condicional, habiéndoles imputado de incumplimiento con sus deberes de funcionario público. Ambos ex fiscales habían sido acusados de haber participado del soborno y de haber privado ilegítimamente de la libertad a los policías que fueron inculpados falsamente por Telleldín, como la conexión local de los iraníes para accionar la explosión de la bomba en la acera de la AMIA: precisamente esos policías, querellantes en el juicio, pasaron 7 años en prisión y además fueron enjuiciados.
De acuerdo a Página 12 “los cargos que explicaron las condenas no hacen referencia a la interrupción de la investigación sobre la llamada “pista siria” en el esclarecimiento del atentado; aquella ponía el foco en Alberto Kanoore Edul, un ciudadano proveniente de familia de origen sirio con vínculos aceitados con Memem y su clan”
En ese contexto se puso saber además que el ex juez Galeano llegó a ordenar allanamientos y escuchas en la casa y las líneas telefónicas de esta persona, medidas de prueba que fueron adulteradas y desaparecidas luego de una reunión entre Kanoore Adul padre y Munir Menem, en aquel momento secretario de la Presidencia.
Para el periodista Ailín Bullentini de Pagina 12 “tal vez la ausencia en el fallo de toda referencia a esta pasa del encubrimiento explique la absolución de Carlos Menem (uno de los puntos de la sentencia que hizo más ruido). Habrá que esperar a tener acceso a sus fundamentos, que estarán a disposición pública a partir del 3 de mayo próximo”
El periodismo argentino informó a los cuatro vientos, que además de absolverse al ex presidente Menem, corrieron igual suerte Jorge “Fino” Palacios, quien estuvo a cargo de los allanamientos a la casa de Kanoore Edul hijo; el agente de inteligencia Patricio Finnen, y el ex abogado de Telleldín, Víctor Stinfale; y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja que igualmente salió indemne.
Dado a conocer el fallo, las repercusiones se hicieron sentir, prácticamente de inmediato: Adriana Reinsfeld de Memoria Activa fue categórica:”En parte se logró el objetivo ya que todo lo que dijo Memoria Abierta quedó comprobado” ; el abogado de la agrupación Rodrigo Borda informó que se apelarán las absoluciones como los montos reducidos de las penas, afirmando además: “Son bajas, sobre todo la de Galeano a quien el Tribunal le está comprobando delitos que son muy graves. Nos queda este sabor amargo” tal lo consignado por Página 12.
Laura Ginsberg de APEMIA puntualizó a Página 12: “No van todos presos, eso es lo más difícil de digerir. Estas condenas no son suficientes, por más que demuestran que aquí hubo en la cabeza de funcionarios de primera línea del Estado una responsabilidad. Nosotros sabemos que esto no se termina acá, que hay muchos más involucrados en esto que fue un plan de encubrimiento criminal por parte del Estado argentino y que es el Estado en tanto tal el responsable. Todavía falta avanzar sobre todo el resto, algo que por supuesto no sucederá en los tribunales sino que se requiere de una comisión investigadora independiente y de la apertura de los archivos secretos”
Por su parte Sergio Burstein, querellante por la agrupación 18J fue categórico: “Lo principal es que quienes nos quitaron la posibilidad de saber qué pasó con el atentado a la AMIA hoy están condenados. Esos tres hijos de puta que dijeron que nosotros habíamos armado todo esto para cobrar indemnizaciones hoy están condenados”
La legisladora y abogada Myrian Bregman, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, escribió: “Otra vergüenza de la justicia en la causa AMIA. Seguiremos reclamando una Comisión Investigadora independiente para conocer la verdad. De las cloacas no nacen flores”
¿Cuándo exactamente comenzó este juicio cuyo epílogo se situó en la reciente jornada del jueves 28 de febrero de 2019, es decir cuatro años después?
Este juicio, por desvío de la investigación del atentado a la AMIA comenzó en el mes de agosto del año 2015, literalmente diez años después que se declarara nulo lo actuado por el juzgado del cual era titular Juan José Galeano, y además falsa la hipótesis que había llevado al estrado a policías bonaerenses vinculados con desarmaderos de autos.
Hay que recordar al lector que con anterioridad la entonces presidenta de los argentinos Cristina Fernández ya había reclamado airadamente el inicio del debate bajo la convicción de que la Justicia avanzar en el esclarecimiento del atentado. Pero desafortunadamente la posición (o la respuesta) del Ejecutivo (en la órbita de Cambiemos) fue opuesta a carta cabal, lo que generó un escándalo mayúsculo por aquellos días. Un escándalo que incluyó una denuncia penal contra el Ministro de Justicia Germán Garavano, siendo el acusador directo nada menos que el ex titular de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla (designado por Macri en diciembre del 2015) quien recientemente lo desvincularon de su cargo e hizo oportunas y fuertes denuncias visibilizando los encubrimientos, que el pasado jueves 28 de febrero fueron sacramentados por las sentencias del Tribunal Oral Federal 2, sin perjuicio de las penas bajas o de las absoluciones.
Porque en definitiva (y haciendo paralelismos, con el proceso Tratativa Estado Mafia, proceso que llevó adelante el Fiscal Nino Di Matteo en Palermo, Sicilia, Italia, que derivó en unas sentencias que ratificaron a la vista de todos –a la luz del sol- que lo que muchos decían y el fiscal afirmaba y trabajaba en la reconstrucción de los hechos por varios años, fue finalmente aceptado y oficializado: de que hubo una tratativa entre el Estado italiano y la mafia, que acarreó graves consecuencias, entre ellas los atentados con explosivos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en el año 1992) las sentencias permitieron visibilizar –con los oropeles y las firmas de los tres miembros de un Tribunal Federal, que en torno a las investigaciones para aclarar el bombazo de la AMIA, hubo toda suerte de chanchullos e ilegalidades (encubrimientos, precisamente) para evitar que la verdad saliese a la luz. Una vez más (como en Italia) un juicio (un proceso) validaba “secretos” a voces.
Y si bien hoy se ha dado un paso adelante con estas sentencias, la impunidad de los responsables del bombazo a la AMIA sigue incólume; sigue ahí, presente.
En este sentido el diario Página 12 consignó en las últimas horas: “La primera revelación respecto al cambio de rumbo en la querella del Ministerio de Justicia apareció a fines de 2017, con la renuncia de una de las por entonces abogadas representantes, Marina Stilman, bajo el argumento de que Garavano había ordenado abandonar una postura activa en el juicio. Stilman llegó al equipo tras la asunción del actual del Ministro de Justicia. La querella había comenzado el juicio bajo la dirección de Luciano Hazan, quien renunció apenas Cambiemos asumió la presidencia, y la abogada Elizabeth Gómez Algorta, quien había seguido los pasos de Hazán meses después. Tras ambas renuncias, el Ministerio echó, por “pérdida de objetividad” a quien acompañaba a Stilman, Ezequiel Strajman, y lo reemplazó por Miguel Inchausti. A través de él, Garavano comenzó a imprimirle una nueva dirección a la querella”
En la seguidilla de escándalos, otro tuvo lugar al momento de los alegatos de la querella del Ministerio, cuando quedó a la vista de todos que con la ida de Stilman la interna no había cesado sino que seguía más abierta que nunca.
En Página 12 se relata que “al regreso de la feria judicial de 2018 el juicio por el encubrimiento del atentado se prendió fuego luego de que la dirección de la cartera en manos de Garavano reemplazara al abogado que debía leer el alegato que les correspondía y, de paso, su contenido. Así, Enrique Ventos, uno de los tres abogados que habían reemplazado a Stilman, fue desapoderado por Santiago Otamendi, mano derecha de Garavano. Su reemplazante, José Console, fue el encargado de la lectura que pasó de estar alineada con las conclusiones de la Unidad Fiscal especializada en el atentado –que para entonces ya había pedido condenas para todos los acusados menos para el ex comisario Jorge Palacios– a salvar sorpresivamente de la cárcel a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Ambos tuvieron motivos para celebrar ayer cuando los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel le dieron penas excarcelables. Pero el escándalo no culminó con el salvataje que el Gobierno realizó a dos de los más complicados acusados de participar del pago de coimas para instalar una pista falsa en la investigación. Semanas después, el TOF 2 intimó a la querella del Ministerio a reemplazar a Console, quien además de abogado querellante era funcionario del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, función incompatible con la representación del Ejecutivo nacional en el debate. Aunque debió retirarse, el TOF admitió el alegato de la vergüenza. Tras aquel episodio, Garavano, respaldado por Macri, disolvió la Unidad AMIA, hasta entonces dirigida por el ex senador radical Mario Cimadevilla. Hace poco menos de un mes, se conoció el informe de gestión en el que el ex funcionario elevó sus críticas al Ejecutivo por el cambio de postura. “El documento presentado a Macri habla de un nuevo encubrimiento. Se suponía que como querellantes debíamos trabajar para saber la verdad y acusar a quienes tenían responsabilidades. Cuando me vinieron a indicar que pida la absolución de los fiscales, yo les dije que no iba a encubrir a nadie”, relató Cimadevilla a este diario”
Atendiendo a todo este enroscado panorama, prólogo del día de las sentencias en el caso de los encubrimientos, cabe exhumar del pasado algunos hechos no menos significativos. Uno de ellos: el 18 de julio 1997 (a tres años del bombazo) en un acto frente a la sede de la calle Pasteur, los familiares de las víctimas lanzaron una dramática denuncia. Su portavoz fue Laura Ginsgberg , quien fue directa: “yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan, de consentir la inseguridad, la impericia y la ineptitud. Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de encubrir la conexión local, que sirvió para matar a nuestro familiares”
Por aquellos días sobrevino una situación que asombró a no pocos: después de que Laura Ginsgberg levantó el dedo acusador, la dirigencia de la comunidad judía encabezados por el presidente de la DAIA, Rubén Baraja, pusieron proa a la Casa Rosada a despegarse (urgentemente) de las acusaciones. A la salida del encuentro con el entonces presidente Carlos Menem, la dirigencia de la comunidad judía no se puso del lado de los familiares de los fallecidos en la AMIA, sino a encontrarse del lado de los señalados como encubridores.
La lucha quedó planteada: los negadores del encubrimiento, especialmente buscaban impunidad, al punto que desde las embajadas de EE.UU y de Israel, se clamaban para que se deje de investigar la forma en la que se plantaron las pistas falsas.
La lucha quedó planteada: desde los cables de WikiLeaks, desde Memoria Activa y hasta la actitud de Néstor y Cristina Kirchner (que permitieron la apertura de archivos y la declaración de los agentes de inteligencia), se fueron sumando voluntades para desenmascarar a los encubridores, lo que finalmente ocurrió cuando este juicio iniciado en el 2015 concluyó este pasado 28 de febrero del 2019.
El juicio y sus sentencias, aún con todos los bemoles, certificaron que existió el encubrimiento y que los familiares de los fallecidos estaban en lo cierto, levantando el dedo acusador a un entramado de acciones, de filas del Estado, de filas policiales y de filas judiciales que se buscaba exclusivamente impunidad, y no verdad.
En la era Macri se procuró a toda costa defender a los encubridores, pero se fracasó en el intento. Y lo que más rechina, obviamente, que Carlos Menem y Rubén Beraja hayan sido absueltos.
¿Pero es verdad que fueron absueltos? Es un hecho que bajo su mandato “se manipuló, se tapó, se maniobró para evitar que se sepa la verdad, tienen la responsabilidad política. (El jueves) no los condenaron judicialmente, pero al darse por aprobado que hubo encubrimiento, les infligieron una condena política demoledora. En los fundamentos dirá que “no dieron la orden”, “no sabían”, que no hay prueba directa de su participación en operaciones para tapar la pista Siria o en el pago a Telleldín. Pero se hizo bajo sus mandatos. Por supuesto que van a tratar de manipular también esta lectura real del fallo, pero ante ellos yo no dudaría en decir “ustedes fueron los gobernantes del encubrimiento” escribe Raúl Kollman de Página 12.
Pero en la dirección de seguir reclamando justicia y que todo el peso de la Ley caiga sobre los responsables del atentado (y de los “gobernantes del encubrimiento”) no debemos olvidar que hay voluminosos trabajos periodísticos de colegas con ansias de justica y de verdad: uno de ellos, y el más reciente, es el de nuestro amigo y colega Juan José Salinas, que mucho a dicho y a escrito sobre el atentado a la AMIA.Y hoy, con las sentencias en mano, sus escritos y sus dichos tienen un sentido y un significado mucho más cercano a la verdad que a la retórica periodística. Sus escritos y sus dichos resultan sólidos y convincentes: y todo está en su reciente libro “La Infamia” que recomendamos revisar nuevamente, para seguir hilvanando los pasos de investigación, con el único cometido de buscar la verdad y castigar a los culpables: sea por la vía judicial ordinaria, sea a instancias de una Comisión Investigadora Independiente, como lo planteó la legisladora Bregman.
Ya que los encubridores –que distorsionaron todo y por todos los medios- fueron desenmascarados, hay que seguir adelante. Lo sombrío de estos encubrimientos (y de los encubridores) es prueba suficiente para darnos cuenta con que bueyes estamos (arando) y tratando: peces gordos de la corrupción y del crimen, de adentro y de afuera del Estado.
Que no es poca cosa.
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*Foto de Portada: www.pagina12.com/AFP
*Foto 2: www.pagina12.com/NA
*Foto 3: www.globedia.com / atentado a la AMIA
*Foto 4: www.pajarorojo.com / Mario Cimadevilla
*Foto 5: www.pajarorojo.com / Juan José Salinas presenta su libro.