En Bolivia recupera la libertad el corresponsal de La Izquierda Diario Carlos CornejoPor Jean Georges Almendras-14 de diciembre de 2019
Es imposible ser mesurados o cautelosos en nuestros calificativos, porque los atentados que se cometen contra los periodistas libres en Bolivia y en Chile no nos arrancan más que insultos contra el poder fascista y autoritario que viene sembrando sufrimientos y muerte entre ellos. Ellos, que no hacen otra cosa que cumplir con su trabajo de informar, comprometiéndose valerosamente con el reclamo lícito de justicia y de libertad para los pueblos hermanos.
Hace menos de 24 horas el corresponsal de La Izquierda Diario Carlos Cornejo, el artista plástico Leonel Jurado y la activista Andrea Mamani fueron detenidos en la zona de la Ceja de El Alto de La Paz, y por espacio de varias horas se temió por su destino, razón por la cual se llevó a cabo una inmediata movilización y vigilia por parte de otros periodistas y de organismos de DDHH, que con el correr de las horas arrojó resultados favorables: Cornejo y Jurado fueron liberados durante la jornada del martes 17 de diciembre (ya Andrea Mamani había sido dejada en libertad a los pocos minutos del procedimiento de captura).Una captura ilegítima por donde se la mire porque ellos estaban reunidos para difundir un acto en solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida en la feroz represión que tuvo lugar semanas atrás en la zona de Senkata. No obstante, fueron acusados de sedición.
Hace ya más de un mes (un día antes del golpe de Estado en Bolivia) la familia del periodista argentino Sebastián Moro, tras perder contacto con él acudió a su apartamento y ahí lo halló inconsciente por lo que fue derivado a un centro asistencial donde finalmente falleció a los seis días, informándose que un cuadro de ACV izquémico había sido la causa del deceso. En su cuerpo se hallaron inequívocos signos de haber sido golpeado, determinándose además que de su vivienda le habían sido sustraídos su cuaderno de apuntes, un grabador y su chaleco de periodista (Posteriormente tomó intervención la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo una denuncia pública exigiendo además una profunda investigación en torno al caso).
Hace ya algunas semanas atrás, el reportero gráfico argentino Facundo Molares Schoenfeld debió internarse en un centro hospitalario de Bolivia por una aguda insuficiencia renal, y allí mismo fue detenido por las fuerzas represivas acusándolo de haber participado en el bloqueo de un puente, en el marco de las múltiples movilizaciones que se hacen luego del derrocamiento del gobierno de Evo Morales. La familia del fotógrafo dijo públicamente que en estos momentos (cuando escribimos estas líneas) su hijo se encuentra en delicado estado y preso en una prisión boliviana y sin la debida asistencia, por lo que se teme por su vida.
Hace un mes aproximadamente se consignó desde Chile que la reportera gráfica y cineasta Albertina Martínez Burgos, que trabajaba en la agencia Mega, había sido hallada sin vida en su apartamento de Santiago Centro estimándose que podría tratarse de un crimen estrechamente relacionado con sus actividades de reportera registrando preferentemente las represiones de los carabineros en el correr de los últimos meses y desde hace ya algunos años (no en vano resulta muy sugestivo, según lo reseñado por los familiares de Albertina, que en su vivienda no se hallaron ni su cámara, ni su notebook, ni tampoco su documentación). Albertina, con frecuencia subía por facebook los registros gráficos que ella realizaba, o aquellos registros que le acercaban otras personas, visibilizando valientemente los atropellos de las fuerzas de seguridad chilenas.
Hoy por hoy, los pueblos de las tierras bolivianas y chilenas viven horas dramáticas porque la inseguridad y la ausencia de garantías jurídicas es de gran magnitud. Y el periodismo no escapa a ese asedio represivo del fascismo instalado. En contrario, parece ser que el periodismo es uno de los objetivos centrales de los represores, y en particular de los servicios de inteligencia, que ponen su empeño en detectar de manera inmediata el accionar de periodistas o reporteros gráficos, locales o extranjeros, sumando además a las listas negras que se van confeccionando, a los activistas de DDHH extranjeros que se atreven a llegar hasta Bolivia o Chile, para monitorear los desmanes y violaciones de derechos que se están cometiendo.
Pero la situación en Bolivia resulta ser mucho más delicada, porque allí el Estado de Derecho quedó reducido a la nada. A modo de ejemplo: ya solo llegar al aeropuerto de Santa Cruz, como activista o periodista o como reportero gráfico, significa ser objeto (casi de inmediato) de amenazas e intimidaciones. Por ejemplo, no hace pocas semanas un abogado argentino de APDH, otros colaboradores suyos y el sacerdote argentino de opción por los pobres, Francisco “Paco” Olivera fueron víctimas de intimidaciones por parte de personal policial corriendo igual suerte (días antes) integrantes de una comisión de DDHH argentina que se hizo presente en Santa Cruz con el cometido de recabar testimonios sobre la masacre de Senkata.
En concreto, hoy en Bolivia, quienes trabajan a favor de los derechos humanos y de la libertad de expresión, viven en un estado de vulnerabilidad despampanante, bajo el riesgo de ser detenido o amenazado (en el mejor de los casos) o sin previo aviso ser asesinado. Y es muy claro que la labor de los servicios de inteligencia tiene mucho que ver con todo ese despliegue de intimidaciones y seguimientos. Seguimientos que seguramente deben tener su fase embrionaria en el instante mismo en que el profesional de la prensa o el activista de los DDHH ingresa a territorio boliviano, vía terrestre o vía aérea. Y de ahí en más, los movimientos del visitante seguramente se deben monitorear rigurosamente, con consecuencias insospechadas pero previsibles, dentro de un territorio donde las libertades no existen y donde el terrorismo de Estado se practica con asombrosa impunidad.
Oportunamente, cuando el corresponsal de La Izquierda Diario Carlos Cornejo y el artista plástico Leonel Jurado fueron liberados, declararon a quienes les aguardaban en la entrada del establecimiento donde estaban detenidos, que ambos continuarían la lucha “peleando contra la represión” a través de la denuncia y de la solidaridad; por su parte, el representante de los Derechos Humanos de El Alto, David Inca afirmó que Cornejo, Leonel y Andrea “estaban pegando unos papeles que decían ¡Senkata no estás sola¡. Al parecer es una actividad de Inteligencia de la Policía para amedrentar, porque ellos no cometieron ningún delito, fue una acción policial irregular”. La detención arbitraria de Cornejo y Jurado (y de Andrea Mamami) generó una fuerte repercusión en la región a diferentes niveles: en Argentina repudiaron el hecho los referentes del PTS y del FIT-U Nicolás del Caño y Myrian Bregman, sumándose también al reclamo de libertad desde la Argentina, el mismísimo Evo Morales a través de su cuenta de Twitter.
Oportunamente, los familiares del periodista argentino Sebastián Moro, que muere en un hospital donde fue internado bajo el diagnóstico de un ACV Izquémico, en diálogo con periodistas extranjeros en Bolivia dijeron que Sebastián se desempeñaba como redactor en el periódico Prensa Rural, perteneciente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (cuyo director José Aramayo) el día antes del golpe fue secuestrado y atado a un árbol para ser humillado). La hermana de Sebastián Moro, Penélope, declaró al Portal Infocielo: “Él nos contaba que no iba a ser fácil la elección, que observaba un avance de la derecha. Estaba muy preocupado por lo que podía pasar, porque además su futuro laboral corría riesgo si cambiaba el gobierno. El trabajo de mi hermano había molestado. Para la extrema derecha mi hermano era un enemigo”. También Penélope Moro agregó: “Los signos de violencia que presentaba su cuerpo son bien definidos, tiene golpes y moretones, externos e internos. Esos golpes no coinciden necesariamente con un ACV. Por eso se está pidiendo que intervenga e investigue la CIDH”. Cabe consignar finalmente, en torno al caso de Sebastián Moro, que una eventual investigación deberá enfrentar un serio obstáculo: la faltante del cadáver siendo que el mismo fue cremado como única forma de ser trasladado a la Argentina.
Oportunamente, Hugo Molares, el padre del reportero gráfico argentino Facundo Molares Schoenfeld, de 44 años de edad, que llegó a Santa Cruz de la Sierra para trabajar y que luego debió ser internado debido a una insuficiencia renal, dijo a Guido Vasallo, de Página 12 que “mientras permanecía internado en grave estado policías se presentaron con una orden de detención bajo el cargo de haber participado en un bloqueo. Ese fue el inicio de un tortuoso recorrido por dos de las cárceles más peligrosas de Bolivia. Vi a mi hijo solo por quince minutos y después tuve que salir del país bajo la amenaza de ser masacrado”. Hugo, su padre, que es juez de Paz de la ciudad de Trevelín en la provincia de Chubut, definió a su hijo en los siguientes términos: “es una gran persona, sin preocupaciones materiales y siempre preocupado por el otro. También escribe muy bien y le encanta la fotografía, colaboraba con la revista de izquierda Centenario y llegó a Bolivia para retratar con su cámara la compleja realidad boliviana después de las elecciones del pasado 20 de octubre. El 11 de noviembre es ingresado en el Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra. Me avisaron de esa situación anónimamente por teléfono, llamándome a mi casa. Cuando pudimos llegar con mi pareja lo tuve que identificar porque estaba internado como un NN. El médico me dijo que había que hacerle diálisis y comprarle medicamentos que el hospital no los tiene. Salimos a comprarle esos remedios y de regreso veo que la policía entra y ya no lo pude ver más. La policía nos lleva a mí y a mi pareja a unos 60 kilómetros de donde estábamos. Nos someten a interrogatorios severos y a maltratos psicológicos. Nos retienen como 25 horas en una comisaría y nos sueltan al día siguiente de madrugada. Yo les explico que debo volver al hospital porque estuvimos solo 15 minutos con mi hijo y que apenas le pude acariciar la cabeza. Y ahí me dijeron sin vueltas que me convenía irme de Bolivia, y que si nos quedábamos nos iban a masacrar”
A nivel de las autoridades bolivianas se le imputa a Facundo Molares Schoenfeld los delitos de homicidio y de incitación de la violencia, remitiéndose a un bloqueo al Puente de la Amistad en el departamento de Santa Cruz, donde murieron dos personas: “Hay fotografías de dos personas armadas pero ninguna de ellas es mi hijo. Es algo absolutamente injusto. Ahí me dicen que descubrieron que mi hijo había militado en las FARC. El 29 de noviembre le dictan prisión preventiva en una audiencia cautelar y el 2 de diciembre se lo lleva una patrulla policial al presidio de Palmasola. Mi hijo estaba semidesnudo y sin medicación. Por el 5 de diciembre nos dicen que padece además una infección pulmonar. Para nuestro espanto y asombro, el 6 de diciembre llega otro móvil penitenciario sin orden judicial y de ahí se lo llevan al penal de Chonchocoro, ubicado a unos 4 mil metros de altura y con temperaturas extremas. A ese lugar llevan a una persona enferma y con prisión preventiva. Me encantaría volver a verlo, pero es difícil volver a un país bajo amenaza de muerte. Mi hijo está detenido ilegalmente y nada de lo que hicieron con él tiene justificación”.
Oportunamente, el portal Late Comuna 15, a propósito de la muerte de la fotógrafa y cineasta Albertina Martínez Burgos, de 38 años de edad, cuyo cuerpo apuñalado fue hallado en su apartamento del centro de la capital chilena, publicó: “Sus compañeras piden difundir este nuevo caso que se suma al de otra joven mujer que actuaba como mimo en las barriadas populares y también fue encontrada muerta y colgada en la rejas de una plaza. Los compañeros de Albertina señalan: “Necesitamos crear una red de apoyo para hacer justicia! Están amedrentando a los comunicadores sociales!”.
En Chile y en Bolivia, periodistas, reporteros gráficos y comunicadores sociales están rigurosamente (y descaradamente) vigilados por el fascismo. Estas parecen ser las reglas de este juego macabro causado por el golpe dado por el gorilismo monitoreado desde los Estados Unidos.
En Chile y en Bolivia no hay libertades, y el accionar de los periodistas libres puede resultar caro para los colegas. Pueden pagar con su vida la osadía de informar sobre las causas justas. Y registrar gráficamente una represión policial o militar, en estos tiempos puede ser considerado un delito, un acto subversivo. Puede costarle la vida al profesional de la información.
Por el año 2014 Albertina Martínez Burgos se le acercó el video de una represión y la subió a Facebook, como tantas otras veces y como hasta el día previo al momento de ser hallada sin vida en su apartamento.
¿El fascismo chileno de Sebastián Piñera no se lo perdonó? No. No se lo perdonó. Como tampoco se los perdonó (ni se los perdona) a los periodistas y a los reporteros gráficos que con sus escritos, sus fotos y sus videos, muestran al mundo los sucios trapos de un despotismo criminal que día tras día va sembrando a su paso, féretros, jóvenes sin ojos, violaciones, vejaciones, humillaciones, atropellos, personas afectadas por los gases y por las aguas con soda cáustica.
Otro tanto ocurre con el fascismo boliviano de Jeanine Añez, porque ella y Piñera son del mismo palo y de la misma calaña.
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*Foto de Portada: www.telesurtv.net
*Foto 2: www.laizquierdadiario.com
*Foto 3: www.resumenlatinoamericano.org
*Foto 4: www.pagina12.com.ar
*Foto 5: www.latecomuna15.com.ar
Video que compartiera la periodista Albertina Martínez Burgos en su perfil de Facebook: