Por Jean Georges Almendras-30 de diciembre de 2019Contaminante por excelencia y oprobiosa en consecuencia, para una comunidad consciente de que a las toxicidades promovidas desde los sitiales del poder no hay que darles ni un ápice de ventaja, ni mucho menos cederles territorio, la ley 9209 fue derrotada en la provincia de Mendoza; una ley que reformaba la 7722, para permitir el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en la actividad estrictamente minera. La derrota de esta ley estuvo precedida de una resistencia popular que demandó ocho días e incluyó cortes de ruta y sendas movilizaciones, y una concentración a la Casa de Gobierno provincial que derivó en una represión en la que predominaron los gases lacrimógenos, los bastones policiales y las balas de goma. Hubo algunas intentonas del gobierno de Rodolfo Suárez (personaje de orientación macrista) de maniobrar para sosegar a los movilizados pero la tenacidad de la resistencia salió a flote y el gobernador no tuvo más remedio de anunciar el envío del proyecto de derogación. No hay que olvidar que la ley había sido votada una semana atrás, tras un acuerdo entre el Frente de Todos y la UCR, acuerdo que fue repudiado masivamente y de hecho las fotografías aéreas de la movilización exime de mayores palabras.
Oportunamente en una conferencia de prensa, el gobernador Suárez reconoció que no existe consenso social para la avanzada de la megaminería contaminante. Afirmó: “Si bien es legal no tiene la legitimidad del pueblo”.
Analistas políticos de Argentina entendieron que la decisión de dar marcha atrás implicó un golpe para el gobierno radical, pero también alcanzó al peronismo mendocino. La reforma de la ley 7722 había sido votada en la legislatura provincial en acuerdo por ambas fuerzas, y además, el Frente de Todos (encabezado por Anabel Fernández Sagasti y Guillermo Carmona) había sostenido la reforma a favor de las mineras: reforma que fue avalada por Alberto Fernández al dirigirse a la Asociación Empresaria Argentina respecto al urgente desarrollo de la minería.
En este contexto de movilizaciones populares y una marcha atrás a la reforma de la ley 7722, el pasado 28 de diciembre Agustín Saiz, del Movimiento Antinuclear Zárate-Campana hizo público un comunicado con la clara postura de que, a juzgar por todos los hechos, el gobernador Rodolfo Suárez debería dimitir, es decir, regresarse a su casa y no permanecer más en el alto puesto provincial.
“Entiendo que puede sonar extremista la idea de que la gente en las calles le exija al gobernador que dimita de su cargo, pero no lo es. Si queremos establecer un nuevo equilibrio de poder entre el pueblo y sus representantes hay situaciones que no se pueden dejar pasar. Hay pasos y evoluciones en la cultura cívica de los pueblos que se tienen que ir desarrollando justamente a partir de circunstancias como esta.
"Se tiene que ir aunque no exista ningún argumento técnico o legal que habilite su destitución. El pueblo se lo tiene que exigir igual. El fraude moral no tiene por qué quedar impune, menos aun cuando puso en juego la supervivencia entera de la provincia al intentar rifar un recurso básico como el agua”
“No fue un error. Cuando una persona coordina los dispositivos del poder con un propósito minucioso (fuerzas políticas, represivas, legislativas) queda descartada la posibilidad del error por accidente. Acá no hay mala interpretación de ningún concepto, ni Suarez ha renacido a una conciencia luminosa cuando decide derogar la ley. En todo caso (si es que lo reconoce) el error de cálculo político es precisamente lo que lo deja al descubierto. ¿Desde cuándo hay que soportar que un dirigente se sirva de los instrumentos del Estado para favorecer intereses que no sean los propios?”
“Bajo cualquier otra circunstancia, en cualquier otro orden de la vida, una persona cuando es estafada tiene la opción de no dejarse someter más. No está obligada de por vida a seguir viviendo con su pareja o a seguir trabajando con el mismo socio comercial que lo engaña”.
“En este caso, Mendoza tampoco tiene por qué seguir siendo gobernada por Suárez. Si queremos una cultura democrática, participativa responsable, desterremos la naturalización de personas abiertamente obscenas y de bajo valor ético”.
“Suárez se tiene que ir para posibilitar el renacimiento de una nueva cultura política, de nuevos valores, de respeto... de supervivencia! Y por ello es necesario que la gente se quede en la calle hasta generar el cambio”.
En horas posteriores a la decisión del gobierno provincial de dar marcha atrás en la reforma de la ley 7722 en la provincia de Mendoza se vivió expresión de resistencia, y en defensa del medio ambiente. Y toda la prensa local y argentina se hizo eco de ella, dada su magnitud y su alcance.
Una kilométrica bandera argentina fue llevada por una multitud como si se tratase de un simbolo de la lucha mendocina: una suerte de “mendozazo”, una suerte de “banderazo”. Esto ocurrió a un costado de la ruta 40 donde los vecinos de la localidad de Tunuyán a lo largo de unos siete kilómetros, con cánticos tales como “el agua de Mendoza no se toca” o “Suárez , pariente el agua es de la gente” pusieron proa a la confluencia con un puente de la zona.
La periodista de Página 12 Mariela Daniela Yaccar entrevista en el curso del “banderazo” a Faviola Verón, comunicadora social, y ella se expresó así: “Para los medios de comunicación esta es una lucha de ambientalistas. Pero este es el pueblo. Seremos un pueblo ambientalista en todo caso. Después del mendozazo esta es la manifestación más grande que se ha vivido. El mendocino no es de manifestarse, nos tocaron donde más dolía”.
En un reciente comunicado de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se destacó el rechazo al proyecto megaminero San Jorge, se exigió el tratamiento y las sanciones de los proyectos de ley de creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas y del que declara a Mendoza libre de fracking y el retiro de todos los proyectos de modificación de la 7722.
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*Foto de Portada: www.jujuyalmomento.com
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*Foto 3: www.pagina12.com.ar