Por Jorge Figueredo desde Asunción, Paraguay-18 de Junio de 2020
Gran resonancia tuvo en diversos medios de comunicación de Asunción y por las redes sociales, la triple victoria ciudadana lograda contra la corrupción, y por la transparencia en la gestión de los altos funcionarios públicos en este mes de junio. Primeramente el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia- Sala penal ampliada, declarando no hacer lugar a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República y hacer efectiva la orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. El segundo logro de la ciudadanía fue el veto del Presidente de la República Mario Abdo Benítez a la ley que intento despenalizar las declaraciones juradas falsas sancionada por la Cámara de Diputados -más conocida en los últimos años como la “cámara de la vergüenza”- por apañar constantemente la corrupción y proteger a los parlamentarios que han cometido diversos hechos ilícitos. El tercer golpe certero, que se dio fue una recusación contra los ministros de la Corte, que fue rechazada. Según lo publicado por el diario Ultima Hora de la capital: “Como si no fuera suficiente con la sanción a través de una aplanadora colorada y liberal de la cuestionada ley en la Cámara Baja, se ha revelado que 18 diputados colorados cartistas y abdistas, con dos aliados liberales llanistas, intentaron como una acción desesperada evitar que sus declaraciones juradas se hagan públicas, presentando una recusación contra los ministros de la Corte como “terceros interesados”, pero la acción fue oportunamente desestimada. De esta manera, la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados, recibieron un duro golpe y una triple derrota política en su descarado intento por proteger el secreto sobre el crecimiento de sus patrimonios y lograr la impunidad en los casos de que se compruebe que han mentido al declarar sus posesiones”.
A pesar de que el recurso fue planteado la semana pasada, los nombres de los firmantes se conocieron recién el lunes último. Entre ellos, según publicó el diario Ultima hora,los colorados cartistas Pedro Alliana, Basilio Bachi Núñez, Cristina Villalba, Rocío Abed, Miguel Tadeo Rojas, Del Pilar Medina, Nazario Rojas, Hugo Ramírez, Blanca Vargas, Justo Zacarías Irún, Néstor Ferrer y Derlis Maidana; los colorados abdistas Freddy D’Ecclessiis, Rubén Balbuena, Pastor Soria, Carlos Núñez Salinas y Roberto González; y los liberales llanistas Édgar Ortiz y Andrés Rojas Feris, Hugo Capurro y Enrique Mineur, además de otras firmas que no fueron identificadas.
Entre los hechos resaltantes mencionados, adquiere mayor relevancia la posición asumida por la Corte Suprema de Justicia en relación a la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos sin necesidad de autorización judicial. La Contraloría General de la República recurrió a la Corte Suprema de Justicia a promover Acción de Inconstitucionalidad contra las resoluciones dictadas en instancias inferiores en el expediente caratulado “Amparo Constitucional promovido por el Señor Juan Carlos Lezcano Flecha c/ la Contraloría General de la Republica “, además de una acordada de la Corte Suprema de Justicia.
Dentro de los tantos hechos políticos, económicos y judiciales, de los últimos años en el Paraguay, donde la mayoría de las veces siempre ha salido ganando la mafia por goleada, lo acontecido en estos días, es una pequeña luz en la oscuridad de la impunidad y las grandes desigualdades sociales que se ha logrado en gran medida a través de la lucha ciudadana, como la de los escrachadores a los corruptos, liderados por la Dra. María Esther Roa, líderes parlamentarios como la Dra. Kattya González y Rocío Vallejo por nombrar algunos, sumándose además la presión ciudadana a través de las redes sociales y varias movilizaciones contra la corrupción que se dieron en este mes, y por los cuales lamentablemente fueron imputados algunos líderes ciudadanos, supuestamente por violentar la cuarentana; sin embargo según la opinión de varios referentes de la sociedad civil, se estaría utilizando al Ministerio Público para frenar dichos cuestionamientos a los corruptores y corruptos, que no solo han afectado a funcionarios dependiente del Poder Ejecutivo, sino a políticos y el sector privado, acostumbrado a ganar licitaciones en connivencia con sectores criminales del Estado.
A pesar de las graves contradicciones del Gobierno de Mario Abdo en materia de lucha contra la corrupción y la transparencia, así como de este triunfo ciudadano, hay que seguir insistiendo con las denuncias contra la corrupción y el control de la gente de como administran los gobernantes de turno las riquezas del país, a través de las redes sociales e incluso con las manifestaciones físicas, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, porque la salud ética y moral de nuestro querido Paraguay es igual o más importante aún que su salud corporal.
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*Foto de Portada: www.celag.com