Gobierno elogia al ejército; familias de menores lo acusan de cometer acción criminal
Ante los cuestionamientos, la Fiscalía inició exhaustivas investigaciones
Por Jean Georges Almendras-7 de setiembre de 2020
Dos niñas argentinas de once años de edad perdieron la vida en un campamento de la organización guerrillera denominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuando comandos de la Fuerza de Tarea Conjunta del ejército irrumpieron en el lugar desencadenándose un tiroteo, de acuerdo a la versión oficial. Por su parte desde el gobierno paraguayo, el propio presidente Mario Abdo Benitez felicitó el operativo, (al que consideró exitoso). En contraposición a los elogios gubernamentales desde el ámbito de los familiares de las dos menores se radicó una denuncia, que tomó estado público, en el marco de un clima de indignación por el hecho de que las menores, según versión de personas allegadas al campamento, no eran guerrilleras y que se encontraban allí circunstancialmente, cayendo bajo las balas de las fuerzas militares, en una acción considerada como “criminal”
La noticia de este trágico episodio recorrió el Paraguay y la región desatándose una muy controvertida polémica en la que las versiones serían opuestas entre sí. Por ejemplo, según los peritos forenses que tomaron intervención, en un primer momento señalaron (sobre las niñas argentinas) que ambas tenían entre 15 y 17 años y que formaban parte de la primera línea de fuego del EPP.
Familiares de las menores, identificadas como Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba confirmaron que ambas son hijas de miembros del grupo y que eran ajenas a las actividades de la guerrilla. Se supo además que diferentes organizaciones sociales exigían al gobierno paraguayo transparencia en las investigaciones, haciendo lo propio la Cancillería argentina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyos voceros plantearon que si eventualmente las niñas integraban la guerrilla las mismas “debían ser protegidas por el Estado”.
La abogada de la militante del EPP Myrian Villalba, doctora Daisy Irala, dijo en un programa radial que “nadie sabe exactamente qué fue lo que pasó. Lo único cierto es que se mataron a dos niñas, las que enterraron a toda velocidad para tapar la barbaridad que hicieron”.
Genoveva Oviedo Britz declaró al periodismo que las niñas no tenían conocimiento militar y que ambas vivían en Argentina con su abuela, y que habían viajado a Concepción para visitar a sus padres y festejar el cumpleaños de uno de ellos.
En el otro extremo, la información oficial da cuenta de una situación muy diferente. El general Héctor Grau dijo que al llegar las fuerzas al campamento habían sido recibidas a balazos y que se respondió el fuego que dejó un saldo de dos menores muertas, subrayado que se habían registrado dos enfrentamientos. También el alto jerarca militar dijo que las dos fallecidas habían sido enterradas con celeridad (debido a los protocolos sanitarios por el Covid 19) en el cementerio de Yby Yaú y que el médico forense Cristian Ferreira (de la Fiscalía del municipio de Horqueta) indicó a las autoridades que las menores tenían entre 15 y 17 años, señalando además que una de ellas presentaba seis impactos de bala y la otra dos.
Sobre este hecho, sin precedentes en el Paraguay, el mismísimo presidente Abdo Benitez responsabilizó a los padres de las menores expresando (en tono de justificación de los hechos) que “las víctimas son niños expuestos de manera cobarde e irresponsable”.
Conocidos los hechos en el Paraguay se desató una fuerte polémica. A nivel oficial se buscó elogiar el accionar de las fuerzas del ejército paraguayo, pero entre los familiares de las menores y en ámbitos de organizaciones sociales y de DDHH, e inclusive en sectores de la prensa paraguaya predomina un sentimiento de repudio al operativo, al tiempo de acusarse al gobierno paraguayo de encubrir al ejército, al punto de ponerse en duda la versión oficial de un tiroteo, denunciándose maniobras tendientes a que los hechos queden bajo un manto de absoluta impunidad.
Voceros de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay calificaron el hecho como “criminal” considerando inexplicable que los cuerpos hayan sido enterrados antes de ser identificados y entregados a sus familiares: “Pareciera existir una premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso”.
El representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab calificó el hecho como “gravísimo” y en consecuencia la Cancillería paraguaya calificó de “irresponsable” el comentario de Jarab, anunciando que se le había retirado su confianza.
Y frente a los airados reclamos de varios organismos de una investigación imparcial y urgente para aclarar los hechos, voceros del gobierno paraguayo afirmaron públicamente que “en Paraguay rige el Estado de Derecho, y en consecuencia, las investigaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales son imparciales e independientes”.
En definitiva, en el Paraguay, sobre este episodio, reina un clima de árida polémica (que incluso ha involucrado a los partidos políticos) trascendiendo además la noticia de que la Fiscalía empezó a investigar la muerte de las menores, una vez que la Cancillería argentina presentó su reclamo por las muertes y que se ordenó la exhumación de los cuerpos de las fallecidas –ver foto de portad- al tiempo de confirmarse que ambas tienen once años de edad.
De ahí en más, la controvertida situación seguramente desencadenará una crisis diplomática con la Argentina, como así también una situación crítica dentro del gobierno paraguayo ante los cuestionamientos que ya están sobre el tapete público.
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*Foto de Portada: www.elterritorio.com.ar
*Foto 2: www.misionesonline.net