Por Jean Georges Almendras-1ero de octubre de 2020
Cuando se conocieron los resultados electorales, en noviembre del año pasado, y todos los uruguayos fuimos testigos de que triunfaba la coalición de partidos que diera respaldo al hoy presidente de la República Luis Lacalle Pou y de que la casta militar se instalaba en el sistema político (en el Parlamento Nacional), bajo el ala de un partido denominado “Cabildo Abierto”, liderado por un ex Comandante en Jefe del Ejército Nacional, de nombre Guido Manini Ríos, no estuvimos equivocados en señalar, destacar, resaltar y pregonar que en realidad esa novedad no era más que una demostración (una de tantas) de que en el Uruguay se instalaba (con un marco legal, obviamente) la impunidad para los militares responsables de graves violaciones de DDHH en pre dictadura, durante la dictadura y en post dictadura. En las últimas horas, el rechazo en el Senado uruguayo (en un muy particular y encendido debate) de la solicitud de un fiscal para quitar los fueros parlamentarios e indagar a Manini Ríos, sobre su accionar en relación a ocultar información relacionada con investigaciones en torno a delitos de lesa humanidad, como es el caso de las desapariciones de presos en dictadura, es sobrada evidencia de los verdaderos alcances de la cultura de la impunidad, en la democracia uruguaya, hoy en pleno 2020. La democracia uruguaya que se dice “perfecta”, “ejemplar”.
Fue un debate de más de 13 horas. Un debate que fue seguido desde las afueras del recinto parlamentario por madres y familiares de detenidos desaparecidos uruguayos y por ciudadanos que conocen y viven esa lucha junto a ellos, portando las fotos de los desaparecidos. Fue un debate mediático. Mediático, porque el tema central fue el futuro del senador Manini Ríos. El tema que hace al sistema político, pero no necesariamente a la búsqueda de la verdad sobre la ubicación de los restos de los desaparecidos, porque el debate en torno al desafuero, no fue más que un hecho puntual de la vida política del país, en las arenas del recinto parlamentario; porque el tema DDHH en el Uruguay, sigue siendo un tema de segundo plano. Fue un debate en el que especialmente las ponencias de quienes cerraron filas para que el desafuero no fuera el camino elegido, siguieron al pié de la letra un libreto. El libreto del autoritarismo solapado. El libreto de una democracia hipócrita. El libreto de una democracia que se dice perfecta, pero que dista mucho de serlo. El libreto de la casta militar, ensoberbecida y maquiavélica. El libreto dibujando la crónica de una muerte anunciada. Porque los dados (en este árido asunto de los desaparecidos y de las violaciones de DDHH) ya estuvieron echados desde el momento mismo del triunfo de la coalición del gobierno de Luis Lacalle Pou. Desde el momento mismo que la casta militar tuvo su representación parlamentaria con Cabildo Abierto, que es en definitiva el pasaporte a que la impunidad sea dueña y señora de una etapa del país en la que la muerte de muchos uruguayos, parecería que poco o nada importa, y a nadie del poder sensibiliza. Como si ya se hubiese dado vuelta la página.
La ponencia del actor principal, Manini Ríos, marcó con creces que la impunidad seguirá campeando, y con prepotencia. Porque esa ponencia (y la de los senadores que lo apoyaron) incluyó hostilidades. Hostilidades hacia las madres y los familiares de los desaparecidos en el Uruguay y a la democracia uruguaya. Hostilidades al reclamo de justicia y a la Justicia misma. Hostilidades hacia la memoria reciente. Hostilidades hacia quienes votaron a favor del desafuero (ese desafuero que hubiera permitido poner contra las cuerdas a Manini Ríos para encararlo –en el ámbito de la Justicia y de la Fiscalía, en un estado de Derecho coherente con nuestra democracia- sobre las razones y las circunstancias por las que siendo Comandante del Ejército, con plenas potestades para divulgarlo todo, optó por omitir y ocultar las confesiones del Plan Cóndor del militar José Gavazzo ante un Tribunal de Honor , oportunidad en que reconoció –en abril de 2018- que en marzo de 1973 -pleno período de pre dictadura cívico militar- hizo desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoso). Hostilidades, que fueron burdos agravios hacia la sensibilidad de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y que fueron dichas por Manini Ríos horas antes del debate, a un medio de prensa: “hay familiares que siguen prisioneros de ese odio que los ha movido toda la vida. Toda su vida han buscado un enemigo. Y ahora Cabildo Abierto es atacado, porque es el único que dice las cosas como son”.
Las argumentaciones de los que favorecen las impunidades desde el poder político caen por su propio peso. No van más allá del agravio inconsistente dirigidos a los operadores de la Justicia y que se acunan en tecnicismos. Desprestigiando personas a troche y moche, pavoneándose con puntualizaciones de neto corte jurídico que hacen a la dialéctica parlamentaria, exclusivamente. Pero los hechos siguen intactos. No se abren las puertas para que se haga Justicia.Los debates se hacen en el recinto de la Leyes, cuando en realidad las puntualizaciones y los descargos deberían hacerse en recintos judiciales. Pero Manini Ríos fue abducido por el manto de la impunidad. Y entonces, la casta militar apoyada en el poder político, ganó una batalla, pero nada más que una batalla.
Cuando Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Detenidos Uruguayos Desaparecidos decía oportunamente que la negativa de Manini, de comparecer ante la Justicia lo inculpa, no pisaba terreno en falso. Decía una gran verdad. Y cuando Manini Ríos agravia la lucha de Madres y Familiares y de todos aquellos (entre los cuales nos encontramos) que reclaman justicia frente a las violaciones de DDHH y la autoría de delitos de Lesa Humanidad en tiempos dictatoriales, en realidad no hace otra cosa que ratificar nuestra lucha y al mismo tiempo deshonrarse a sí mismo y al uniforme que llevó puesto. Su postura lo contradice y lo aferra más a la hipocresía del hombre que se dice demócrata, cuando en realidad su carta de presentación es el autoritarismo y el apoyo a los asesinos que en los setenta, desde los sitiales del poder, instauraron: primero la violencia estatal, después la dictadura cívico militar y después, en democracia, la impunidad. Y aportar a la impunidad es hacerse cómplice.
La impunidad sigue siendo una bandera, de quienes ahora, sentados en las poltronas de una coalición de gobierno, deliberadamente, en la sesión del Senado, al tratar el desafuero de Manini Ríos, desafortunadamente dejaron pasar la oportunidad de demostrar al pueblo uruguayo y al mundo, que la Justicia sigue siendo un preciado valor al que se debe defender desde el sitial en el que se encuentran, favoreciendo a que se abran transparentemente todos los caminos que lleven a la verdad y al castigo de quienes tienen sus manos tintas en sangre.
Una vez más la democracia uruguaya ha sido traicionada por los desalmados de siempre: los que hace 47 años entregaron el país a los militares y los que 47 años después, siguen trabajando con ahínco criminal por la cultura de la impunidad, desde el poder civil, por cierto. Y eso es lo más grave, lo más reproblable. Lo más artero.
¿Quiénes realmente están prisioneros de los odios? ¿Ellos o nosotros?
Nuestras democracias, que se dicen perfectas y ejemplares (y son tan perfectas y ejemplares que abusamos de ellas, y nos atrevemos a hacerle zancadillas a la verdad, en democracia).
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*Foto de Portada: www.radiomontecarlo.com.uy