Ciclo de charlas sobre DDHH en la Fundación Mario Benedetti

Por Victoria Camboni, de Our Voice Uruguay-21 de mayo de 2019

Gobierno, medios de comunicación, Justicia, políticos, militares. Tantos actores sociales fabrican la impunidad, la moldean, la mantienen sana y salva, aplastando el sufrimiento de familias enteras que, después de más de 30 años, aún no saben dónde están los restos de sus seres queridos.

La Justicia, oprimida y silenciada, fue suplantada por un Poder Judicial servil al terror y a la negación de hechos que atentan contra nuestra democracia y nuestra dignidad.

¿No hay voluntad para juzgar a los culpables y devolvernos la memoria? Aunque el Gobierno de “izquierda” del Frente Amplio se tire el pelo y tenga a sus “voceros” para hablar a los medios y tratar de mantener una apariencia, los hechos hablan por sí mismos. Alcanza con leer las noticias de estos últimos meses para entender cabalmente que el pacto de silencio sigue vigente, y que las personas que tienen potestad y autoridad para juzgar los hechos y limpiar la figura del Estado de las atrocidades cometidas, no quieren hacer nada. Todos ellos son cómplices, miserables y culpables de que exista la impunidad en nuestro país.

Miles de uruguayos (y jóvenes de Our Voice)unidos por un pedido legítimo de justicia

Por Jean Georges Almendras-21 de mayo de 2019

Si ayer mismo hubiese llegado al Uruguay, después de una prolongada ausencia, de lo primero que me hubiese desilusionado, habría sido de los gobernantes y de los legisladores, por encontrar que el tema de los DDHH continúa irresuelto. Y me formularía varias preguntas ¿Todavía se sigue marchando por la avenida 18 de julio exigiendo justicia y que los militares aporten datos precisos sobre los enterramientos clandestinos, para poder encontrar a los casi 200 detenidos desaparecidos durante la dictadura? ¿Y con tres gobiernos del Frente Amplio todavía seguimos reclamando juicio y castigo de los violadores de los DDHH? ¿Y qué ha hecho el sistema político, especialmente en filas frenteamplistas para dar solución a esos temas? ¿Qué ha hecho?.

Y si bien no pocos legisladores y políticos del Frente Amplio se atrevieran a darme respuestas, yo no tendría más remedio que recordarles, que si ya se han contabilizado 24 Marchas del Silencio, es porque ellos (los políticos y los gobernantes) precisamente, poco o nada han hecho, para atender al reclamo legítimo de justicia que hacen (desde hace 24 años) hombres y mujeres portando carteles con las fotos de sus seres queridos desaparecidos.

La nieta restituida María Victoria Moyano Artigas se encuentra en Uruguay

Por la redacción de La Izquierda Diario Uruguay(*)-20 de mayo de 2019

La nieta restituida María Victoria Moyano Artigas se encuentra de visita en Uruguay con motivo de la 24ª Marcha del Silencio. María Victoria vive en Argentina y desarrolla su militancia en el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Actualmente es una de las querellantes en el Juicio de Roma, entre otros contra Jorge Troccoli y del cual se conocerá el fallo de la instancia de apelación el próximo 8 de julio. En entrevista exclusiva con LID Uruguay nos cuenta sus impresiones acerca de la situación de la impunidad de los militares y civiles de la última dictadura uruguaya.

24 años de la Marcha del Silencio; ya es hora de que sea un fuerte grito por la Verdad

Por Jean Georges Almendras-20 de mayo de 2019

Marcha del Silencio del 20 de mayo de este 2019.¿La consigna?: “Que nos digan dónde están: contra la impunidad de ayer y de hoy”.

Ya van 24 años de silencio. 24 años. Año tras año, ese silencioso reclamo legítimo, que de tan ensordecedor se transformó verdaderamente en un silencio a raja tabla. Y fue y es tan así, que los cultores de la impunidad (los cultores del silencio de la verdad) aprovechan siempre la ocasión para lanzarnos sus dardos, siempre horas antes de la marcha. En forma sistemática, no faltan a la cita de la provocación.

Detienen a 12 personas: 7 son policías de la Dirección Nacional de Inteligencia

Por Jorge Figueredo desde Asunción, Paraguay 17 de mayo de 2019

La Fiscal Antidrogas Lorena Ledezma encabezó el operativo denominado “Espada”, acompañada por agentes de la SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas). Al llegar al lugar para allanar una pista clandestina de San Pedro, todos los efectivos actuantes fueron recibidos con una lluvia de balas provenientes de personas que estaban supuestamente custodiando una carga de 302 kilos de cocaína aproximadamente, que se hallaban en el interior de una aeronave, presumiblemente de nacionalidad boliviana.

La comitiva fiscal y agentes antidrogas intervinieron un establecimiento rural ubicado en la localidad de Huguá Guazú, distrito de General Elizardo Aquino, Departamento de San Pedro, lugar donde se desató un tiroteo, tras lo cual se detuvo a una docena de personas: 7 policías, un boliviano, 4 civiles, entre ellos un docente. Los intervinientes incautaron una avioneta, drogas y armas de grueso calibre. Los sospechosos se enfrentaron a tiros con los intervinientes, pero fueron reducidos y desarmados sin ninguna baja o heridos, según informó Arnaldo Giuzzio, ministro de la Senad, a ABC Cardinal. La aeronave estaba a punto de despegar desde la pista clandestina cuando ingresaron los intervinientes. También se incautaron vehículos que probablemente eran usados para el transporte de la droga hasta la pista clandestina.

Docente y ex presa política junto a los jóvenes, en frontal lucha contra la impunidad

Por Jean Georges Almendras-17 de mayo de 2019

Convocado por el gremio estudiantil del Liceo Zorrilla, de la zona del Parque Rodó, se llevó a cabo un muy interesante e inédito encuentro entre estudiantes y la Profesora Anahit Aharonian, que fuera presa política en los días de la dictadura militar en el Uruguay. Fue en el marco del mes de la Memoria. El mes de mayo. Y el tema elegido fue: “Ser mujer en tiempos de autoritarismo”.

La docente (invitada) disertante, y los estudiantes, dentro de las instalaciones de la biblioteca del Liceo de Bulevar España de la capital uruguaya, dieron forma a una velada cargada de recuerdos, donde el testimonio de la profesora Aharonian retumbó constructivamente en las cuatro paredes de un sector del edificio, como una fuerte presencia del pasado. Un pasado de sufrimientos y de autoritarismos, en el que el liceo en sí mismo no estuvo alejado de esas realidades. Porque en los años del terror, previos a la instauración de la dictadura, fue escenario elegido por los vándalos parapoliciales de la JUP (en el año 1972) para aterrorizar a los estudiantes que asistíamos al instituto. Un instituto que fue literalmente copado, en más de una oportunidad, por esos grupos fascistas que sembraban el terror a balazos, con cadenas, cachiporras y gases lacrimógenos, como parte de una metodología impuesta nada menos que por un hombre de confianza del gobernante de turno. Un verdadero instigador de la violencia parapolicial. Un instigador del estado terrorista (“democrático”) del Presidente Juan María Bordaberry, de nombre Armando Acosta y Lara, vice ministro de Educación y Cultura de la época, quien el 14 de abril de ese 72’ fue ajusticiado por un comando del MLN Tupamaros, por ser precisamente uno de los personajes más siniestros del sistema político de la ápoca, tal como lo fue en Argentina, José López Rega, Ministro de Bienestar Social, del gobierno peronista de Héctor Cámpora, fundador de la temible organización denominada triple AAA argentina.

 

La ley antiterrorista ya tiene su media sanción en el Senado

Por Sebastián Artigas (*) de La Izquierda Diario-14 de mayo de 2019

Los organismos de DDHH Espacio Anti represivo y la Plenaria Memoria y Justicia se pronuncian contra la aprobación parlamentaria de la ley antiterrorista. Se denuncia el aumento de la represión estatal y de la criminalización de la protesta social, como ya ha pasado en otros países como Argentina y Chile donde se ha aplicado este tipo de leyes.

 

El juez Ramos Padilla se ha topado con una organización criminal mafiosa

Por Rocco Carbone (*) de El Cohete a la Luna- 10 de mayo de 2019


El actor mafioso concentra sobre sí la función de coordinación entre ámbitos teóricamente contrapuestos. Esto es, el diálogo permanente entre lo legal y lo ilegal, sea cual fuere el ámbito de la vida social o política que ocupa. Los mafiosos –en casi 200 años de historia– han aprendido a introducir en los circuitos económicos legales los capitales que han sustraído con medios predatorios de los circuitos ilegales. De este modo se han vuelto sujetos económicos legales (sin que esto signifique declinar la ilegalidad anterior) y han dado el salto a la política. Ese poder económico lo han insertado en el ámbito de la política: creando un partido ex novo o copando alguna estructura partidaria clásica. Con ese movimiento han empezado a producir consenso tanto hacia arriba –el sistema político– como hacia abajo – el sistema social. Han introducido las lógicas (la cultura) de la violencia privada en los circuitos del Estado. Esta racionalidad está en estado de actividad en la Argentina.

Desde la crisis de 2015 distintas subjetividades –intelectuales, periodistas, políticos, representantes de movimientos sociales, presos políticos– están señalando con insistencia que la categoría reflexiva “mafia” tiene que ser enunciada y estudiada para descifrar la teoría del Estado de la Alianza Cambiemos con vistas a entender cabalmente sus formas políticas, sus lógicas y sus maneras destructivas para la vida en común. Leopoldo Moreau, refiriéndose a las investigaciones del juez Ramos Padilla, señaló que “si no somos capaces de impedir que el Poder Ejecutivo lleve adelante un atropello de esta naturaleza, es porque estamos aceptando que se terminó el Estado de Derecho y hemos pasado a un Estado de excepción conducido por una mafia”. Y Nicolás del Caño: “Los intentos desesperados del gobierno de Macri por desplazar el juez Ramos Padilla son una muestra clara de que no quieren que se revelen más datos sobre el espionaje ilegal y de todo el entramado mafioso que involucra a servicios, jueces, fiscales y miembros de la coalición de gobierno”.

Por Damián Recoba y Fernanda Parla de La Izquierda Diario (*) -7 de mayo de 2019

El paisaje cotidiano de la peatonal Sarandí de la ciudad de Montevideo, capital del Uruguay, se vio alterado desde el martes pasado. La hilera de puestos ambulantes para la venta de artesanías, centralmente a turistas, encontraba su final sobre las intersecciones de Sarandí y Juan Carlos Gómez, en el contenedor instalado por los trabajadores de Montevideo Gas.

Ese mismo día, el Secretario General del sindicato, Alejandro Acosta, hacía uso de la palabra en una especie de acto improvisado por el cual se informaban las novedades con respecto al conflicto. La empresa Petrobras había comunicado formalmente su intención de irse del país. Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Industria les afirmaban a los trabajadores que ante la decisión de la patronal ellos “no podían hacer nada”.

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