ARTÍCULOS DE OPINIÓN

El Paraguay fue uno de los primeros países de América en establecer medidas restrictivas de circulación de vehículos y personas, aislamiento social y suspensión de casi todas las actividades económicas tanto del sector público y privado.

La cuarentena se inició el 10 de marzo pasado y paralizó toda la economía, las actividades deportivas, sociales y culturales, generando desde el principio acatamiento de la mayor parte de las personas al decreto presidencial que establecía la reclusión domiciliaria y el cese de la mayor parte del comercio, de la industria, las actividades de los cuentapropistas y trabajadores independientes, con algunas excepciones relacionadas a los supermercados, almacenes de ventas de alimentos, farmacias, estaciones expendedoras de combustibles, los servicios de taxi, uber y prestaciones imprescindibles relacionados sobre todo a la salud, el transporte de alimentos y mercaderías , actividad bancaria, cooperativa, el trabajo de los periodistas y el ejercicio en sus funciones de autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, incluyendo a los policías, y el Ministerio Público.

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“..Y los delincuentes deben ser tratados como tales” dice Gastón Grisoni, de CRYSOL*

Entrevista de Karina Rojas, de La Izquierda Diario(*)-15 de abril de 2020

- ¿Gastón Grisoni qué opinión te merecen los dichos del senador Manini Ríos en referencia a la prisión de octogenarios por hechos ocurridos hace más de 40 años?

“Con su intervención en la Cámara de Senadores, en la tarde de ayer, el general retirado Guido Manini Ríos nuevamente tomó posición en defensa de los criminales del proceso cívico militar. Aunque durante el proceso no tuvo un rol destacado debido a su edad, es una persona absolutamente consustanciada con el mismo. El ocultamiento de las declaraciones de Gavazzo y de Pajarito Silveira durante el tribunal de honor que los juzgó, son una clara muestra de ese compromiso no solamente declarativo. Ocultó la información para asegurar la impunidad en dos causas importantes”

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Manini Ríos (legislador del Parlamento uruguayo por el partido “Cabildo Abierto” y ex Comandante del Ejército en el gobierno progresista de Tabaré Vázquez) que ya en otras ocasiones había defendido a los criminales de lesa humanidad, uso su puesto en el Senado esta vez para defender a Lawrie Rodríguez asesino de Iván Morales Generalli (FAU-OPR33) y juzgado con prisión el pasado marzo.

Manini utilizó también la excusa de la pandemia del Covid 19 para intentar argumentar razones “humanitarias” y no olvidó recordar a otros criminales de lesa humanidad vivos y muertos como Dalmao, José Puigvert y otros. Repetidamente y hasta al cansancio vuelve a usar también el argumento “hechos de hace 50 años” como si los crímenes de lesa humanidad deban olvidarse o perdonarse, argumentos típico que no solo usa Manini si no que es característico de los mismos que con un discurso punitivista y racista aúllan por endurecer penas contra “la delincuencia”. En paralelo y al mismo tiempo de realizar esta defensa de los criminales de lesa humanidad, creó un cargo al ex diputado e integrante de la JUP y también defensor de los milicos torturadores Daniel García Pintos.

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Periodísticamente hablando, debo cumplir “religiosamente” con la misión de informar desde estas páginas, que el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa acaba de ser condenado en Ecuador a ocho años de prisión, corriendo igual suerte su ex presidente Jorge Glas, ambos acusados por delitos de corrupción. Y escribir sobre este tema, lejos de aturdirme, me subleva y hace que intensifique mi lucha (y la lucha que tenemos desde nuestra redacción junto a otros colegas y colaboradores, y el director de Antimafia Duemila Giorgio Bongiovanni) por la verdad y por la justicia, fundamentalmente cuando se trata de defender a personas que con su proceder en los sitiales del poder, no han hecho otra cosa que ajustarse al Estado de Derecho y a la Ley, tal como -modestamente entendemos- lo hizo Correa, sobre quien (desde que en su país la oposición le hizo la guerra con ensañamiento increíble) se han desatado toda suerte de difamaciones y de acusaciones, cuyos resultados ahora se palpan con el pronunciamiento de veredictos que son verdaderamente el fruto de una conspiración (cínica por excelencia).

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En tiempos del COVID 19 la sociedad mundial se blinda (se llama a la cuarentena) especialmente la sociedad mundial que disfruta de una buena calidad de vida y tiene todo a su favor para seguir en carrera, en este planeta, encerrada y confortable. Pero esto no ocurre con la sociedad mundial que vive en la indigencia; que vive en situación de calle; que vive en barrios excluidos del cono urbano de las ciudades importantes, donde las personas, hoy por hoy, padecen los efectos del Coronavirus, con las defensas bajas en todo el sentido de la palabra. Las defensas bajas que sugieren una forma de vida, a la deriva (literalmente) y prácticamente a la buena de Dios. Una forma de vida que se da de bruces con los lineamientos o los parámetros de emergencia sanitaria que se pregonan desde los sitiales estatales, porque para esos grupos humanos (viviendo en calles, plazas y parques) la calidad de vida es una quimera y los cuidados frente a la pandemia, en la mayoría de las veces es un imposible. Una barrera infranqueable para la subsistencia diaria. O para sortear la muerte bajo las garras del Coronavirus.

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En estos días se conoció la noticia del pedido realizado al Presidente Luis Lacalle Pou por parte de distintas organizaciones sociales, como la Comisión Nacional pro Reforma Constitucional "Uruguay Soberano" y la Coordinación Nacional contra UPM, junto al diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust, el diputado por el PERI, César Vega, el abogado penalista Gustavo Salle y la modelo y conductora de televisión Patricia Wolf, para que proceda a la suspensión del Contrato ROU-UPM, basados en una cláusula existente dentro del mismo que establece que si ocurre una "causa extraña" que impida el cumplimiento de lo establecido por cualquiera de las partes, se puede suspender o incluso llegar a renegociar el contrato en sí.

Para sorpresa nuestra, entre las causas se nombra una epidemia. Para el ciudadano común, que no está en temas jurídicos, esto puede sorprenderlo y llevarlo a pensar, ¿pero la empresa estaba contemplando que podía pasarnos algo así? Estas multinacionales se protegen a sí mismas, y seguramente ésta más, pensando en cubrirse "ellos", para el caso en que algún fenómeno de la naturaleza, o fenómeno de guerra, etc. se contrapusiese en sus objetivos, para de esta manera no llegar a exponerse a una demanda por parte del Estado uruguayo.

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Otro ataque a la vida. A la libertad de expresión. Al periodismo libre. La víctima esta vez ha sido la periodista mexicana de 50 años de edad, María Elena Ferral, corresponsal del Diario de Xalapa, en Veracruz.

El cobarde ataque lo perpetraron dos desconocidos tripulando una moto. La colega fue sorprendida caminando por la calle en el centro de la ciudad de Papantla. Ocurrió alrededor de las 14 horas de la pasada jornada.

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El anuncio de Lacalle Pou, lleno de demagogia y retórica, recorta salarios medios, pero mantiene beneficios para los sectores más poderosos. La solidaridad mal repartida esconde el cinismo de perpetuar los privilegios de clase.

En conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou anunció formalmente la decisión de un recorte salarial a la plantilla laboral estatal para crear el Fondo Coronavirus y así contribuir a paliar la situación de los sectores más vulnerados.

El recorte será de un 10 % en salarios a partir de $80 mil y de un 20 % a partir de los $100 mil por dos meses, y abarca tanto al funcionariado público como a los cargos políticos y a las jubilaciones militares.

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Distintas organizaciones solidarias han tomado la iniciativa de organizarse para realizar acciones de solidaridad con quienes han sido más perjudicados por la situación a partir de la pandemia. Grupos solidarios, militantes sindicales, organizaciones sociales han tomado la iniciativa, que no se veía desde la crisis económica que hundió al país en 2002.

Muchas de estas iniciativas surgen del movimiento sindical, otras por voluntad de vecinas y vecinos que vieron la necesidad de poder responder al hambre y la merma de trabajo a nivel territorial. Son una gran demostración de solidaridad entre las distintas capas populares, y permite sostener la identidad de clase y los lazos y el entramado social popular. En tiempos de crisis se activan espontáneamente estos canales solidarios, y desde La Izquierda Diario no podemos menos que difundir estas iniciativas y ponernos a disposición de la ayuda que se necesite.

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Como paraguayo, como una persona de bien y que quiere lo mejor para su país, estoy extremadamente preocupado por la corrupción que impera en el ámbito del Poder Judicial. Dice en nuestra Constitución Nacional que tenemos tres Poderes del Estado que son: El Poder Ejecutivo, El Poder Legislativo y El Poder Judicial.

El Artículo 3: Del Poder Público dice que el pueblo ejerce el Poder Público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público.

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