Los manifestantes piden la depuración de los organismos legislativo y judicial y reformas inmediatas a la Ley Electoral
Por quinto sábado consecutivo, más de 60.000 personas se reunieron en la Plaza Mayor de la capital guatemalteca para exigir la renuncia del presidente, Otto Pérez Molina. Este gesto del mandatario se haría necesario en la medida en que la legislación no contempla mecanismos revocatorios para su mandato, que vence el 14 de enero de 2016.
La renuencia de Pérez a abandonar el cargo es cada día más difícil de comprender, en la medida en que la figura que proyecta es la de un político sin ninguna capacidad de maniobra y casi sin apoyos ni asideros políticos. Al clamor popular por que se marche se han sumado, en los últimos días, instituciones como el Colegio de Abogados y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon, integrado por constitucionalistas independientes).
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, comenta que esta renuncia es indispensable para que la depuración del Estado pueda hacerse, en la medida en que Pérez Molina es responsable directo de los mayores actos de corrupción que se han destapado. “Su permanencia en el cargo impediría una investigación independiente”, dijo Menchú.
Mientras tanto, la patronal, que hasta ahora se pronuncia en favor que Pérez Molina termine su mandato, sí exigió al mandatario que antes de abandonar el cargo se asegure que los bienes mal habidos por los funcionarios corruptos sean devueltos a las a las arcas del Estado. Recuerda que para despojarlos de los bienes mal habidos, la legislación contempla figuras como la Extinción de Dominio, que hasta ahora sólo se han aplicado a narcotraficantes condenados y extraditados a Estados Unidos.
La segunda petición, que cada día cobra más vigor, es porque se proceda, a la brevedad, a introducir cambios importantes en la Ley Electoral, como única manera de dar credibilidad a las elecciones generales convocadas para el 6 de septiembre. El sentimiento generalizado es que con la legislación actual, cooptada por los partidos políticos, el relevo del gobierno no iría más allá de lo puramente cosmético.
Al respecto, el Tribunal Supremo Electoral envió ya al Congreso (unicameral) una iniciativa de ley que, en dos platos, se concentra en el control del financiamiento de las organizaciones partidarias y en limitar el número de periodos consecutivos a que diputados o alcaldes puedan aspirar.
Es en este punto, la financiación, donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tiene preparado, para mediados de junio, su informe al respecto, que puede ser demoledor. Es un secreto a voces que la mayoría de funcionarios que llegan a cargos de elección popular están patrocinados por el narcotráfico y el crimen organizado. En Guatemala, los partidos venden las casillas que más posibilidades tienen de acceder a un puesto por cifras que oscilan entre USD5 millones y USD10 millones, lo que explica que los organismos del Estado se hayan convertido en centros de negocios y tráfico de influencias.
El impacto de este informe podría dinamitar, incluso, el proceso electoral en marcha y dar paso a la suspensión de los comicios, para convocar a una Asamblea Constituyente. Guatemala empezaría, así, nuevamente de cero.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/31/actualidad/1433040977_239482.html