2 noviembre, 2015
TEGUCIGALPA. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, expresó hoy su preocupación por las más de 39 mil personas que han tenido que desplazarse forzadamente, por diversas partes del país y de la región centroamericana, debido al accionar de sistemas criminales y grupos delincuenciales.
El defensor del pueblo lamentó que Hondura no cuente con tratamientos específicos de prevención y de protección para estas personas, que son desplazadas de sus lugares por la violencia delincuencial.
Indicó que el CONADEH, como institución del Estado, está contribuyendo con el gobierno para que se haga algo efectivo en beneficio de todas las personas que han sido amenazadas y que hoy han tenido que estar desplazadas en diferentes departamentos de la República e incluso fuera del país.
Aseguró que este fenómeno nuevo de vulneración de los derechos humanos de los habitantes tiene su origen en la coyuntura de violencia y delincuencia que Honduras experimenta actualmente.
Admitió que el CONADEH recibe denuncias de personas y familias en esas circunstancias y ha tenido que atenderlas con las limitaciones de un Estado que ha sido el primero, en Centroamérica, en reconocer esa realidad pero que no ha logrado aún asegurar formas conducentes a evitarlo o a darle protección más efectiva a las víctimas.
Agregó que para contribuir a solucionar esta carencia, el CONADEH está construyendo ya, líneas de acción, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y, en su momento, con la participación de otras instituciones nacionales e internacionales.
Estas líneas de acción, en su criterio, tienen como objetivo la promoción nacional de estrategias y actividades de monitoreo y prevención del desplazamiento forzado de personas y de su protección nacional, tanto del accionar del crimen organizado, como de las maras, pandillas y otros actores de delincuencia y de violencia.
Recordó que, en agosto pasado, firmó una carta de entendimiento con ACNUR encaminada, precisamente, a proteger a las personas desplazadas por causa del crimen organizado transnacional, las maras, el narcotráfico y otras formas de violencia en Honduras y la región centroamericana.
Declaró que, esta carta de entendimiento, incluye la protección y la integración local de personas refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas y otras que requieren protección internacional.
Explicó que el acuerdo se enfocará particularmente en personas con mayores niveles de vulnerabilidad y con necesidades de protección específicas como es el caso de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata.
Herrera Cáceres anunció que, para tener un conocimiento más profundo del problema, junto con ACNUR van a realizar diagnósticos, investigaciones y estudios sobre las nuevas tendencias de desplazamiento forzado causado por maras, pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado, tanto en Honduras como en la región.
Además, que podrán articular, con otras instancias del Estado y de la sociedad civil, acciones para brindar protección efectiva a personas desplazadas al interior o que busquen de la protección internacional.
Anunció tanto CONADEH como ACNUR tienen previsto brindar servicios de asesoría gratuita a refugiados y solicitantes de asilo, apátridas y personas desplazadas internamente, promoviendo sus acceso efectivo a los procedimientos administrativos y judiciales existentes en Honduras.
El también presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, es del criterio que países como Guatemala, Honduras y El Salvador son los más afectados por los desplazamientos forzados de personas por causa de la violencia delincuencial que afecta a los tres países.
“De forma particular, consideramos que en Guatemala, Honduras y El Salvador es imperativa la necesidad de mayor voluntad política para atender integralmente a las víctimas de desplazamientos forzados o que solicitan asilo o refugio en otros países a consecuencia de la violencia y la delincuencia causada por el crimen organizado, el narcotráfico, redes de trata de personas y otros grupos criminales”, puntualizó.
El organismo regional que preside, instó en febrero pasado, a los gobiernos de Centroamérica a reconocer la existencia de desplazamientos forzados por la violencia y la delincuencia como una grave problemática de carácter regional.
El propósito, según Herrera Cáceres, es dar pasos significativos en la creación, mejora, desarrollo de políticas, marcos normativos e institucionales, para la protección de personas desplazadas internamente, solicitantes de asilo y refugiadas, así como la asignación de recursos suficientes para atender dignamente y de manera integral a las víctimas.
http://www.tiempo.hn/violencia-y-delincuencia-han-desplazado-unas-39-mil-personas-en-honduras/