Con helicópteros, tanques y efectivos con armas largas, el ejército intenta retomar el control de puntos clave.
En la zona oeste de Río, no muy lejos de barrios ricos o “nobles” como Barra da Tijuca, los vecinos de Vila Alianza se vieron sorprendidos, de un momento para otro, por tanques, armas y el sobrevuelo de helicópteros. Eran las 8 de la mañana de este martes, según contarían luego, cuando el Ejército emprendió un vasto operativo. Desde la propia fuerza informaron que habían movilizado 500 soldados hacia esa favela. La misión, que hizo gala de una parafernalia de vehículos pesados y armamento de grueso calibre, tenía como objetivo “destruir” las barricadas que montan los traficantes para impedir el desplazamiento de la policía.
El viernes último, también a primeras horas del día, hicieron una puesta en escena semejante en otra favela próxima: Vila Kennedy. En aquella acción hubo un condimento especial: los militares se dedicaron a fichar, mediante imágenes tomadas por celular, a cuanta persona entraba y salía de la comunidad, lo que provocó una fuerte conmoción en la sociedad.
También este martes, a las 10.30 de la mañana, distante de aquel procedimiento, el general Walter Souza Braga Netto se estrenaba como interventor federal en la seguridad del estado fluminense delante de la prensa. Su escenario fue completamente distinto: el Centro Integrado de Comando y Control, una de las pocas instalaciones útiles, al menos a partir de ahora, que dejó los Juegos Olímpicos de 2016. En aquel mes apasionante, cuando el futuro de Río se presentaba venturoso, el CICC sirvió de base para que policías locales, internacionales más servicios de inteligencia de los más variados, monitorearan eventuales ataques terroristas.
El general Braga Netto, de quien se dice que huye de la prensa, no tuvo más remedio que enfrentarse a las preguntas periodísticas durante más de media hora. Con todo, no especificó en qué consiste la estrategia diseñada por él para cercar a los traficantes.
Por el momento, el bloqueo es a las favelas. En un principio se suponía que habría grandes cambios en el enfoque del “combate” a las mafias de las drogas. Sin embargo, el alto militar se empecinó en no despejar dudas sobre cualquier innovación.
Todo sigue como está: no habrá cambios en las cúpulas de las policías militar y civil (que son las del estado provincial). Tampoco se eliminarán las UPP (Unidades de Policía Pacificadora) que se habían instalado en las favelas a fines de la década pasada por una iniciativa desarrollada por el ex secretario de seguridad Mario Beltrame. La única noticia fresca en cuanto a la estructura que dará a su intervención es la designación de otro general, Richard Fernandez Nunes, como secretario del área y el nombramiento del general Mauro Sinott como jefe del gabinete de la intervención.
Indagado por los periodistas, el general Braga evaluó que la decisión tomada por el gobierno de Michel Temer es “una venta de oportunidades, en el sentido de que va a proseguir en el tiempo” y que además servirá de test para aplicarlas en otros estados de Brasil.
“Vamos a trabajar justamente con los cuellos de botella que se ven en este ámbito. Superándolos, podremos perpetuar en el tiempo la operacionalidad”. Todo esto, claro está, vino acompañado de la siguiente conclusión: “Todavía estamos en una fase de estudios”. Tal vez por eso, Braga Netto respondió a una indagación periodística que hay un objetivo, pero que es de más largo plazo: que la población “perciba la sensación de seguridad”.
Aprovechó la presencia de los grandes medios nacionales e internacionales para decir que una parte de la solución del problema consiste en que “los medios transmita buenas noticias”.
Descartó que haya ocupación de favelas, aunque es evidente que el comando de intervención piensa realizar en forma sistemática operaciones visibles en las principales.
“Las operaciones van a continuar puntuales y por tiempo determinado”, precisó. Una parte no menor del proyecto es la financiación. El alto oficial pasó el recado: se precisa “recuperar la credibilidad” de la seguridad pública, y para eso se requiere dinero. Tal credibilidad supondrá, por ejemplo, aumentar la cantidad de policías cuyos efectivos se vieron disminuidos. También exige modernizar la flota de vehículos. “En noviembre de 2017 se observó que más de la mitad estaba parada por falta de mantenimiento. Por otro lado, entre 2015 y 2017, la policía perdió 7,7% de sus efectivos”.
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