La Corte IDH obliga a Colombia a investigar crimen de periodista.12 Jun 2018 | 6:30 h
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En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó recientemente al Estado colombiano por incumplir su deber de administrar justicia en el caso del periodista Nelson Carvajal, asesinado el año 1998. Carvajal era docente y director de una escuela, y periodista en la estación Emisora Radio Sur en la localidad cafetalera de Pitalito, en el departamento de Huila, en el suroeste de Colombia, y fue asesinado en represalia a sus denuncias de corrupción en la administración pública y el lavado de dinero provenientes del narcotráfico y el tráfico de armas.
Luego del asesinato, lejos de activarse con eficacia el mecanismo de justicia, los familiares, testigos e investigadores del caso fueron amenazados, por lo que nueve miembros de la familia de Carvajal debieron exiliarse. Uno de los testigos, Pablo Emilio Bonilla Betancurt, fue asesinado y el proceso se transformó en un emblema de la impunidad. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tomó e investigó el caso y lo presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año 2002, organismo que lo elevó a la Corte IDH. Al proceso se sumaron las organizaciones de DDHH Robert F. Kennedy Human Rights.
Para la Corte, el Estado colombiano es, en gran medida, responsable por la dilación extraordinaria de la investigación y del proceso, por lo que luego de 20 años de ocurrido el homicidio y 17 años desde la sentencia absolutoria del año 2001 a los acusados, no se ha podido determinar judicialmente la responsabilidad de este crimen que permanece en la impunidad. Para la Corte, se trata de una clara vulneración de la garantía judicial de plazo razonable por la excesiva duración de la investigación y del proceso, y considera que el Estado también es responsable por no haber desarrollado las investigaciones relacionadas con algunas de las amenazas a los familiares de Carvajal.
La Corte IDH ha insistido en que no cabía duda de que la muerte de Carvajal se encuentra vinculada con su labor de periodista en el contexto generalizado de impunidad por los homicidios de periodistas que ocurrían en esos años en Colombia, y en ese sentido, la investigación inadecuada del homicidio por las autoridades colombianas es, en sí misma, una violación de la obligación de garantizar el derecho a la vida.
La Corte ha sentado jurisprudencia en el caso, abriendo la puerta a decisiones nacionales e internacionales que pongan freno a las dilaciones procesales en casos de violaciones de DDHH y crímenes contra los periodistas que investigan el abuso de poder y la corrupción. En la sentencia, ha establecido obligaciones y reparaciones al Estado colombiano, entre ellas continuar con las investigaciones y procesos judiciales; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; brindar el tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten; y garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para que los familiares del Nelson Carvajal puedan retornar a su país de origen, entre otros.
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