Los abogados alegan que el juez que condenó a prisión al ex presidente dejó en evidencia su parcialidad al aceptar ser ministro de Bolsonaro.
Fan. Muñeco inflable de Moro como Superman en un acto en Río.
El ex presidente brasileño Lula da Silva, preso desde el 7 de abril para cumplir una condena de 12 años por actos de corrupción, apeló al Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial de Brasil, pidiendo su liberación y la anulación de su pena porque el juez que lo sentenció, Sergio Moro, asumirá como ministro de Justicia del futuro presidente Jair Bolsonaro. Empero, esa sentencia fue ratificada y ampliada por una cámara de apelaciones. En tanto, siguen adelante otros juicios contra Lula vinculados a la corrupción sistémica que perjudicó a la estatal Petrobras. Esta firma ayer pidió el bloque total y definitivo de los bienes de Lula da Silva.
El argumento de la defensa de Lula es que Moro actuó políticamente, ya que la inhabilitación electoral del líder del Partido de los Trabajadores permitió, según ellos, la victoria del candidato ultraderechista el pasado 27 de octubre en el ballottage contra el candidato suplente de Lula, Fernando Haddad. Bolsonaro se impuso por 55 por ciento a 45 por ciento.
"La formalización del ingreso del juez en el escenario político hace más necesario hacer un análisis retrospectivo de la conducta del juez sobre el ex presidente", dice el texto enviado al Supremo Tribunal Federal.
Moro aceptó el viernes ser un "superministro" de Justicia y Seguridad Pública de Bolsonaro, quien a su vez públicamente reconoció que el trabajo del magistrado en la Operación Lava Jato lo "benefició políticamente".
El juez condenó a Lula el año pasado a 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso conocido como el "triplex" de Guarujá. Según el fallo de Moro y también el de la cámara de apelaciones que lo ratificó y amplio la pena de prisión a 12 años, esa propiedad era un soborno de la empresa constructora OAS, a cambio de lo cual el ex presidente gestionó beneficios indebidos para OAS en la estatal Petrobras. Según la defensa, "la actuación del juez Moro en relación a Lula siempre fue parcial y tuvo como objetivo impedir la actuación del ex presidente en la política, facilitando las chances de un tercer candidato consagrarse vencedor en las elecciones presidenciales". Como se observa, la argumentación de la defensa no es jurídica sino política y de tono especulativo: no es posible saber si hubiese ganado Lula, como afirman sus seguidores.
El argumento también incluye que durante la campaña electoral Moro tuvo reuniones con enviados de Bolsonaro. El juez de Curitiba, donde cumple su sentencia Lula, se tomó licencia y renunciará pocos días antes de asumir Bolsonaro, el 1º de enero próximo. Los abogados de Lula sostuvieron que "en vez de alejar sospechas fundadas, Moro colabora con la consolidación de la fama que tiene, alimentando la percepción razonable en la sociedad de que se comporta como enemigo de Lula". La defensa pidió extinguir otras dos causas vinculadas a Lula que sigue Moro. Lula tiene en total cinco causas pendientes.
La jueza Gabriela Hardt, sucesora de Moro en Curitiba, interrogó ayer a dos arrepentidos ex ejecutivos de Odebrecht. Los ingenieros Emyr Diniz Costa Jr y Carlos Armando Guedes Paschoal testimoniaron contra Lula por otra vivienda de lujo, un gran chalet rodeado de selva natural en la localidad paulista de Atibaia. Costa fue responsable de las obras realizadas a fines de 2010 y principios de 2011, en el chalet, frecuentado por Lula. Fue informado desde el principio que las obras eran "un favor" al ex presidente. "Fui llamado por el director-superintendente (de Odebrecht) Carlos Armando Guedes Paschoal, que necesitaba que asignara un ingeniero de confianza para la obra en el lugar, que sería utilizado por Lula. Quedó claro que era una obra sigilosa, se nos pidió no identificarnos como Odebrecht y no usar la contabilidad de la empresa", relató. Recibió en especie los recursos para la obra, por unos 700 mil reales.
A su vez, Petrobras, la gran perjudicada con las maniobras que descubrió el Lava Jato, solicitó al juez Moro el bloqueo definitivo de los bienes pertenecientes a Lula da Silva. La petición fue realizada en las alegaciones finales.
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