Según la Universidad, sí hubo contaminación con solución cianurada. El gobernador sanjuanino intima a ratificar o rectificar el informe.
La discusión es si hay o no contaminación del río Jáchal. |@ Archivo Los Andes
Agencias DyN - AP - AFP
El derrame de 1.072 metros cúbicos de solución cianurada informado por la minera multinacional Barrick Gold sigue generando polémica. Hoy, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, enfureció por un informe de la UNCuyo que indica que sí hubo contaminación.
Es que el estudio de la Universidad, cuyos resultados fueron publicados por el portalwww.unidiversidad.com.ar, contradice un informe de expertos de la ONU difundido por el gobierno sanjuanino, que habían descartado contaminación.
"Hicieron pública una información engañosa, dañina y de mala fe. Están intentando dañar al pueblo de esta provincia. Dicen que las aguas del río Jáchal están envenenadas tras el incidente en Veladero, desprestigiando al gobierno de San Juan", sostuvo Gioja.
Gioja: "Hicieron pública una información engañosa, dañina y de mala fe".
El mandatario de la vecina provincia informó que instruyó al fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, a que envíe una carta notarial al rector de la UNCuyo, Daniel Pizzi, para que ratifique o rectifique los términos del informe.
Gioja se mostró furioso tras la difusión del informe que fue reproducido por medios nacionales y en particular con Mendoza: "Es la tercera vez que desde esa provincia (Mendoza) se hacen ataques. Primero un diputado, después alguien de Frutas y Hortalizas y ahora en la página de la Universidad de Cuyo".
"Si quieren dañar a este gobernador, no tengo ningún problema, tengo el cuero duro para aguantar cualquier tipo de agravio", desafió el sanjuanino.
El 12 de septiembre se produjo una fuga de más de un millón de litros de solución cianurada por la rotura de un caño en la mina de Veladero, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
A finales del mes pasado el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, se amparó en un informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), para descartar contaminación.
En tanto, en los primeros días de octubre se publicó el informe de la UNCuyo. Según unidiversidad.com.ar, se solicitó por pedido de la Municipalidad de Jáchal y estuvo a cargo de del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Casa de Altos Estudios y la responsable del peritaje fue la química María Esther Barbeito.
“Los metales verificados por el informe fueron en especial manganeso y aluminio. Estos metales se encontraron con valores muy elevados con respecto a lo permitido por ley nacional para el uso de riego y consumo animal'', dice el portal universitario.
“Los metales verificados por el informe fueron en especial manganeso y aluminio", dice el informe.Además, detalló que en el caso de manganeso se detectaron 1,48 miligramos por litro en el río La Palca, cuando la ley nacional para riego y consumo animal acepta hasta 0,2 miligramos por litro. También comprobaron 70 miligramos por litro de aluminio, cuando la norma permite un máximo de cinco miligramos por litro
Mientra tanto, Gioja recordó que todas las instituciones que se convocaron para analizar las aguas de los ríos cordilleranos en esa zona de la provincia “han coincidido en que no existe contaminación con cianuro'' y que el estudio universitario difunde parámetros “de la media histórica del río Jáchal, cuyas aguas siempre tuvieron presencia de arsénico y boro''.
En paralelo a la polémica, nueve empleados de Barrick Gold comenzaron a declarar hoy ante el juez de San Juan Pablo Oritja, quien investiga "la posible omisión en los controles que debía realizar el Estado".
http://www.losandes.com.ar/article/gioja-enfurecio-por-un-informe-de-la-uncuyo-sobre-el-derrame-de-barrick-en-veladero
• Clarin.com
La megaminería, nuevamente en entredicho
Debate.
En el imaginario ambiental de nuestro país circulan palabras que han adquirido un significado tenebroso, como uranio, glifosato o cianuro. Aun cuando existe un debate sobre las características de cada uno de esos términos, seguramente cianuro es el que más rechazo genera. Es por eso que la noticia de que en el yacimiento minero de Veladero, manejado por la empresa minera canadiense Barrick, se había producido un derrame de un líquido que lo contenía captó inmediatamente el interés del público.
La minería a gran escala -“megaminería”- se viene desarrollando en Argentina desde mediados de los ´90 y se han concretado ocho emprendimientos, uno de los cuales, la Alumbrera, en pocos años terminará su ciclo productivo.
Esta actividad ha generado una serie de problemas, básicamente por la poca transparencia en lo que se refiere a sus potenciales impactos ambientales, económicos y sociales. Y esto se hace más grave si consideramos que la minería, si bien tiene una localización precisa en el territorio, parte de decisiones nacionales y provinciales que usualmente no consideran la opinión de la población local o, si lo hacen, es en base a consultas no vinculantes.
Esta situación y la falta de información confiable, han producido en muchos casos la oposición de la sociedad local. A la fecha por lo menos cuatro grandes proyectos de inversión han sido detenidos por la acción de este tipo de movimientos sociales.
Es en este contexto que se produce el incidente en Veladero, un yacimiento ubicado en la alta cordillera de San Juan. Desde un principio esta provincia se declaró abiertamente prominera y los incipientes movimientos de oposición no pudieron desarrollarse, en buena medida porque los yacimientos en actividad (son actualmente tres) se encuentran muy alejados de los centros poblados y hasta el momento no habían generado mayores problemas ambientales. Sin embargo, se ubican en las cabeceras de los ríos que terminan en las áreas de riego y los centros poblados, por lo que la contaminación de los mismos es preocupante.
Ya Barrick había sido el centro del ataque de diferentes movimientos ambientalistas por su posible acción sobre área glaciarias y peri glaciarias. Por otra parte, la misma empresa tiene paradas sus actividades en Chile desde hace un año por decisión del gobierno por problemas de contaminación. Por todo eso la noticia del derrame de líquido cianurado es de especial interés, y en este caso el tema de la información se mezcla con el accionar de los diversos actores e intereses en juego.
Un primer tema, que pone en duda el resto del proceso, es que la minera comunica finalmente que el volumen del derrame no era como había informado al principio de 200.000 litros, sino de un millón. Esta cifra es en sí misma alarmante si consideramos que el derrame se produce sobre un arroyo que en esta época tiene un caudal que no llega al metro cúbico por segundo.
Al tomar el problema estado público, comienzan a actuar los usuales mecanismos de oscurecimiento y negación por parte de los interesados. El ministro de minería de San Juan, por ejemplo, habla de un “pequeño derrame” y el Colegio de Ingenieros en Minas saca una apresurada solicitada diciendo que en realidad el derrame no implica peligro alguno. Pero al mismo tiempo la Provincia comienza a distribuir agua embotellada entre la población cercana al río presuntamente contaminado y la justicia interviene cerrando parte del proceso de producción de la mina por un mes.
En pocos días esta medida es revertida, mientras se producen acusaciones de los fiscales provinciales y nacionales dirigidas a identificar los responsables. Por su parte, las autoridades en ambos niveles, abiertamente defensoras de la actividad minera, guardan silencio o hacen grandilocuentes declaraciones intrascendentes. Al mismo tiempo se producen manifestaciones en varias ciudades de la provincia solicitando que se tomen medidas para evitar la contaminación del agua y los movimientos ambientalistas contrarios a la megaminería ver reforzados sus reclamos.
A riesgo de que el tema se diluya en el tiempo, la sociedad espera vanamente que se produzca alguna solicitada aclaratoria por parte de, por ejemplo, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Secretaría de Minería, el gobierno de San Juan o de la propia empresa. Esta incapacidad para informar con claridad a la población sobre un evidente caso de contaminación, explicar cuál es su verdadera magnitud y que acciones de control se tomarán para prevenirlo, reabre una serie de interrogantes sobre el futuro de la minería tanto en San Juan como en el resto del país y refuerza la necesidad de abrir un diálogo con la sociedad sobre esta actividad tan problemática.
* Carlos Reboratti es geógrafo UBA-CONICET
http://www.ieco.clarin.com/economia/Barrick-Cianuro-San_Juan-Secretaria_de_Mineria_0_1443455677.html