TODO QUE VER con la venganza y nada con la justicia, ni siquiera con aquella que se intenta ejecutar por mano propia. Eso fue lo que hizo ayer el ex militar Silvio Martinero: les disparó por la espalda a dos ladrones que escapaban en moto, sin otro objetivo más que el de matar. Y encima erró el blanco. No hay robo que amerite una ejecución a tiros como respuesta. Un crimen así no puede aceptarse ni como acto de defensa ni como de castigo: eso tiene que ver con la ley del Talión y no con la de una sociedad que se dice civilizada.
La absurda e injusta muerte del cerrajero podría haberse evitado. Es cierto que nadie podría haber previsto que alguien iba a ponerse a disparar en plena mañana en el Microcentro. Pero sí podría haberse hecho algo para que gente como Martinero no tenga permiso para andar armado. La portación de armas es algo tan delicado que sólo 150 civiles en todo el país gozan de ella. No ocurre lo mismo con los retirados de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas: a quienes lo solicitan –hoy son 22.000–, la ley les permite circular, cual sheriff, con una pistola en la cintura. Podrá decirse que, aún en situación pasiva, siguen integrando sus respectivas fuerzas y que por eso gozan de ese privilegio. La respuesta es que, mientras el Estado no los requiera para volver a actuar a su servicio, deberían andar por la vida como cualquier otro mortal: desarmados. A toda esta gente hay que sumarles los 800.000 “legítimos usuarios” que tienen permiso para tener un arma en su casa: según reconocen en el RENAR, más de la mitad tiene su habilitación vencida y nadie va a allanar su hogar para exigirles que devuelvan su armamento. Y luego está el gigantesco mercado negro, que se controla aún menos: Natalia Gambaro, directora del RENAR, señaló ayer a Clarín que “se calcula que en el país circulan unas 9 millones de armas”. Una cada cuatro personas.
Algo más podría haber salvado la vida del cerrajero. Durante meses se debatió qué hacer con los motochorros. Se propuso que toda persona en moto tuviera que circular con pechera y patente grabada en el casco, para dificultar los movimientos de quienes salen a robar. En la Provincia se aprobó pero no se cumple. En la Ciudad se discutió, incluso se habló de hacerlo sólo en el Microcentro, pero no se hizo nada. Quizás porque en el fondo a legisladores y jefes de Gobierno no les interese tanto cuidar al otro. Quizás porque son un reflejo de todos los que ayer pasaron junto al cuerpo del cerrajero y ni atinaron a socorrerlo, ante la duda de que podía tratarse de un ladrón. Porque, es justo sospechar, poco de todo esto se hubiera debatido si el resultado del acto irracional de este ex militar hubiera sido la muerte de un asaltante.
FUENTE: http://www.clarin.com/opinion/Argentina-pais-millones-armas_0_1549645041.html