VENEZUELA PROHIBIÓ LA VENTA DE ARMAS
El gobierno de Chávez implementa desde mañana un plan de desarme de los civiles. Desaparecen las armerías como rubro comercial. La medida busca reducir la tasa de homicidios del país, la más alta de América Latina: 14.000 en un año, 1 cada 100.000 habitantes.
Edición Impresa: jueves, 31 de mayo de 2012
Un funcionario venezolano simboliza la medida que tomará el gobierno de ese país. (AFP)
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Agencia AFP

Venezuela prohibirá desde mañana la venta de armas de fuego y municiones a particulares, en principio durante el lapso de un año, como parte de un plan oficial para combatir la violencia, una medida que, según expertos, tendrá un impacto relativo al dejar por fuera la lucha contra el masivo tráfico ilegal.

Con la mirada puesta en "desarmar a la población civil", el gobierno espera que la medida impida que más ciudadanos adquieran nuevas armas y municiones y que ahora su venta sea "sólo para los cuerpos de policía y la Fuerza Armada", según dijo recientemente el ministro de Interior, Tareck El Aissami.

Las nuevas regulaciones, aprobadas en febrero para su entrada en vigencia tres meses después, también prevén que las armerías, de las que aún permanecen abiertas 80 en el país bolivariano, "dejen de existir como rubro comercial" y que éstas entreguen al Estado sus remanentes de armas y municiones.

Además, los cuerpos de seguridad, policías y fuerzas armadas deberán solicitar sus dotaciones de armas a Cavim -ahora el único organismo estatal autorizado para importarlas-, previa aprobación del Ministerio de Interior.

Para el criminólogo Fermín Mármol estas últimas medidas "van a impactar muy poco en la reducción de la delincuencia porque no están orientadas al epicentro del problema, que es impedir las armas ilegales en las calles".

"El control de las armas y municiones parece ir dirigido sólo a las personas que están lícitamente armadas", señaló el experto.

Mármol argumenta que hay "sólo 40.000 portes de armas legales" frente a entre 9 y 15 millones de armas ilegales que circulan en Venezuela (con unos 27 millones de habitantes), según una estimación oficial de 2009.

Las medidas que entrarán en vigencia mañana viernes son parte de un plan de desarme del gobierno, que desde 2011 aplicó otras iniciativas como la prohibición del otorgamiento de nuevos permisos de portación de armas o de su portación en espacios públicos, para enfrentar los flagelos de la violencia e inseguridad en el país.

Según datos oficiales, en 2010 se registraron 14.000 homicidios en Venezuela, es decir 48 por cada 100.000 habitantes -una tasa récord en América del Sur-, y más del 90% de estos asesinatos fueron cometidos con armas de fuego.

La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció por su parte que muchas armas procedentes de los cuerpos de seguridad del Estado son vendidas ilegalmente, alimentando la criminalidad.

"La procedencia de las armas ilegales en Venezuela sin duda alguna tiene como principal fuente la producción e importación de armas de parte del Estado y las municiones de los cuerpos de seguridad", comentó la especialista.

Por su parte, el argentino Pablo Fernández, secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, añadió que durante 2011 fueron incautadas 130.145 armas de fuego.

Para empezar a enfrentar este tráfico ilegal, el ministro El Aissami anunció la semana pasada que en en el transcurso de un año se marcarán todas las municiones de las fuerzas del orden con el nombre del fabricante, el año de producción y el cuerpo de seguridad a las que pertenecen.

Este será un paso previo a la serialización, un mecanismo de control más efectivo que permitirá identificar al agente que recibió la munición y para lo cual Caracas trabaja con asesoría de la ONU y Brasil.

"Vamos a poder seguir el recorrido para establecer de quién es la munición que se encuentre en una determinada escena del crimen y permitir el control de la munición a nivel nacional", dijo el general Julio Morales, responsable de la organización Cavim.

"A medida que vayamos sustituyendo las municiones por municiones marcadas iremos cortando los circuitos ilegales" de comercialización, agregó El Aissami.

También aseguró que el gobierno presentará próximamente las cifras actualizadas de armas legales e ilegales en el país, sin precisar una fecha.

Según San Miguel, uno de los mayores impedimentos para diseñar políticas públicas eficaces contra el crimen ha sido la falta de transparencia del gobierno y el hecho de que "no se hayan levantado números sobre los parques de armas" de los organismos del Estado.