1 DE MARZO, 2017
El nexo del "Lava Jato" en su capítulo local puede salpicar -además de a la empresa IECSA de Ángelo Calcaterra- a exfuncionarios del kirchnerismo que también figuran en los correos electrónicos en poder de la Justicia brasileña. El extracto de los mails que hacen referencia a reuniones por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que ahora también se encuentra bajo la lupa de la Justicia local, menciona a integrantes de la Secretaría de Obras Públicas comandada por José López, quien desde la eyección de Ricardo Jaime de la Secretaría de Transportes en 2009, había compartido el liderazgo del proyecto y el anuncio -durante 2010, coincidente con las comunicaciones incautadas- de la revitalización de las obras. Juzgados argentinos pugnan por acceder a la documentación oficial que Brasil amaga con desclasificar en un corto plazo, algo que también alerta sobre un posible cuello de botella.
De acuerdo con la documentación revelada, en el primer correo que data del 4 de marzo de 2010, y se titula "Reunión con Biancuso", ofrece una minuta de los puntos abordados en el encuentro. En tribunales calculan que podría hacer referencia al exDirector de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico, Raúl Biancuzzo, un hombre que también estuvo al frente de AySA, lugar donde recaló la responsabilidad del avance del soterramiento. En el resumen se puntearon cuatro ítems: "DGI" (sigla que para la Justicia de Brasil implica las "propinas" o coimas, también demostradas en el intercambio con Manuel Vázquez, supuesto testaferro de Jaime que reclamaba un pago); "Comisión de Redeterminación de la Secretaría de Obras Públicas -Sergio Collado", que refiere a la unidad encargada de la revisión de los contratos que, con intervención de Collado, reportaba a López.
En el segundo correo denominado "Reunión Sarmiento 29/04/10", la minuta fechada ese mismo día a las 17:44 puntualizó que se firmó un decreto por parte del ministro. Ese mismo día, el Decreto 600/2010 implicó una adenda al contrato del Sarmiento que dejaba la facultad de realizar adecuaciones del contrato en manos de Transporte, en ese momento ya ocupado por Juan Pablo Schiavi. La adenda menciona que se acordó entre el funcionario, IECSA, Odebrecht, Ghella, Comsa, y Consorcio Nuevo Sarmiento, las distintas etapas en las que se dividiría el proyecto. Mauricio Couri Ribeiro participó de la firma de ese documento. Del backup de su computadora como titular de Odebrecht en la Argentina, surgieron los contactos sospechosos entre marzo y junio de 2010. Diez días después de ese encuentro, de acuerdo con el decreto, "el contratista percibirá un primer desembolso del anticipo financiero establecido en la cláusula Vigésimo Tercera, apartado 23.9 del Contrato, equivalente al 15% del precio de la Subetapa I de la Etapa I, que a valores de fecha de oferta representa un monto de veintiún millones setenta y nueve mil doscientos setenta y uno con 53/100 ($ 21.079.271,53)". En el mail se describen cuatro puntos que describen alcances de las cláusulas firmadas. El punto 4, señala que "a 90 días, $500 MM, Bonos ANSES", en referencia a que el organismo previsional conducido entonces por Diego Bossio iba a financiar parte del proyecto. Pero a renglón seguido, se consignó la sigla "DGI" y la cifra de u$s16 millones.
El tercer correo del 27 de mayo titulado "dgi 2" apunta a un "Tatu" como receptor de los pagos.
Con la siguiente cuenta "1 + 3 + 16 = 20", se presume que millones de dólares. Un porcentaje figura al lado del nombre del ejecutivo de Odebrecht, Ernesto Baiardi (también vinculado a pagos ilegales). Se consignó un "bonus" por el Fideicomiso del Sistema Ferroviario Integrado, más la aceptación de un crédito puente de la ANSES por $590 millones.
El último correo enlistado por la Policía del examen del backup refiere el 9 de junio de 2010 a las 16:33, "Reunión con (Javier) Sánchez Caballero 10 de junio". El temario que habría mantenido el principal ejecutivo de IECSA y mano derecha de Calcaterra con Couri Ribeiro fue nuevamente consignado como "dgi´s", en plural, a lo que agregaron "contacto directo". Si esta última frase refiere a una actuación conjunta entre ambos para el pago de esos sobornos es parte de la investigación del capítulo local. Hay seis expedientes abiertos que involucran a los jueces Sebastián Ramos, Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi y el titular de la Procuradurìa de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez que procuran acceder a la información completa del "Lava Jato" y así dar comienzo formal al capítulo argentino del escándalo.
http://www.ambito.com/874370-comienza-el-lava-jato-argentino-y-se-complican-funcionarios-de-la-era-k