viernes 7 de Abril de 2017
El Presidente y su padre, Franco Macri, quedaron en la mira de la justicia por la venta de la aerolínea MacAir Jet a Avian Líneas Aéreas. Además, la firma extranjera Engage Aviation le reclama a la Argentina u$s 522.000 por el supuesto incumplimiento de un contrato.
El juez federal Sergio Torres dio un fuerte impulso a la denuncia contra el presidente Mauricio Macri; su padre, Franco, una decena de empresarios y funcionarios públicos y empresarios aeronáuticos, por presuntas irregularidades en el sector aerocomercial.
Según revelaron fuentes judiciales, Torres envió en las últimas horas múltiples oficios en busca de información certera a organismos oficiales y empresas para comprobar si existieron maniobras del Gobierno nacional para beneficiar con rutas aéreas y hangares privilegiados a la low cost Avian Líneas Aéreas, compradora en 2016 de la aerolínea Macair Jet, propiedad de la familia Macri.
En la misma causa también se investiga si la firma Fly Bondi, que también recibió importantes rutas de bajo costo -69 en total- por parte del Ministerio de Transporte, está relacionada comercialmente con Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial, o algunos de sus socios.
En este marco, Torres emitió órdenes a la Inspección General de Justicia (IGJ) en busca de datos societarios de MacAir Jet, Avian Líneas Aéreas, Avianca, Patagonia, Unicos Air S.A., Fly Bondi, al ORSNA y a la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), entre otros organismos.
El operativo de secuestro de información referida a la colombiana Avianca se ordenó sorpresivamente el miércoles pasado, el mismo día que el juez emitió estos requerimientos para evitar posibles "pérdidas" de documentos. Los despachos estatales tienen cinco días hábiles para responder. Si no lo hacen, Torres podría solicitar el allanamiento de las dependencias rebeldes.
En el expediente figuran como imputados Macri; su padre Franco; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el ministro coordinador Quintana; el titular de la ANAC, Juan Pedro Irigoin y su director nacional de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, y al exdirector general de Logística de la Presidencia, el renunciado Carlos Cobas, que ya volvió a la actividad privada.
Torres además imputó a directivos de Avianca como Germán Efromovich, al expiloto de los Macri, Carlos Colunga López, y a su hijo Diego Colunga López, dueño de Unidos Air. Todos son investigados por supuesta "asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias".
En base a la información que llegue al juzgado, Torres determinará si requiere el resto de las medidas de prueba que pidió el fiscal Jorge Di Lello que incluye, en otras cosas, la suspensión del proceso que lleva adelante el Poder Ejecutivo para asignar nuevas rutas aéreas. El Gobierno ya suspendió temporalmente la entrega de rutas a Avian para evitar un escándalo mayor. La empresa que hoy controla Colunga padre deberá esperar que los organismos de control se expidan sobre posibles conflictos de interés al tratarse de una compañía que antes perteneció a los Macri.
Di Lello también había solicitado numerosos testimonios, entre ellos el de la ex titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Constantini y su sucesor, Mario Dell'Acqua, al jefe de mantenimiento de la flota presidencial y al ex titular de Sol, entre otros. Pero además, recomendó a Torres que reclame a la Procuraduría antilavado (Procelac) un análisis de las operaciones de pago del contrato entre Avian y MacAir; que se dé intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas; y que la Agrupación aérea presidencial realice un informe sobre el estado de los aviones. El juez todavía no activó estas medidas.
• Deudores morososo
En la misma denuncia presentada por los diputados nacionales del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié se investiga un presunto caso de estafa de la gestión de Cambiemos a una empresa extranjera de aviación.
En los pedidos de pruebas, Torres exigió a Presidencia de la Nación que brinde información sobre la demanda judicial que enfrenta el país en los tribunales de los Estados Unidos por el alquiler de un avión que utilizó Macri para viajar a Colombia el año pasado. La firma Engage Aviation le reclama a la Argentina u$s 522.000 por el supuesto incumplimiento de un contrato.
La demanda que tramita en la Justicia de Florida explica que Engage Aviation le ofreció al Gobierno el avión ACJ-319 matrícula VP-BEX para renovar la flota presidencial y desde la Casa Rosada solicitaron un vuelo de prueba. El viaje se realizó el 26 de septiembre de 2016 con Macri a bordo rumbo a Cartagena, donde fue testigo de la histórica firma del acuerdo de paz con las FARC.
El convenio firmado entre el Estado y la empresa estableció un pago de u$s 250.539 por el viaje a Colombia, u$s 200.000 como depósito de seguridad y u$s 313.650 para que la aeronave regrese hasta Singapur, donde estaba estacionada antes que Macri la pruebe. Los últimos dos ítems debían abonarse en caso de que la operación de compra no se realice, como finalmente ocurrió. Ese contrato fue suscripto por la subcoordinadora de Asuntos Presidenciales, María Lucía Bonetto.
Poco antes que el Presidente embarcara el avión ACJ-319 hacia Cartagena, Presidencia transfirió u$s 241.770,13 a la cuenta de Engage Aviation en el Chase Bank Sarasota. El resto, unos u$s 522.418,87, y el costo del litigio, es lo que le demandan a la Argentina en los tribunales estadounidenses.
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