LUNES 30 DE MAYO DE 2016 • 10:48
Se trata de Diego Alarcón Torres, integrante del Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la fuerza federal de seguridad; para el representante del Ministerio Público, el uniformado "no hizo absolutamente nada" para prevenir la venta de droga
El fiscal federal Federico Delgado, que participa de la investigación por la tragedia de Time Warp, fiesta electrónica donde murieron cinco jóvenes tras consumir droga sintética, pidió la detención de un uniformado de la Prefectura Naval porque "no hizo absolutamente nada" para prevenir la venta de estupefacientes en el predio de Costa Salguero.
El fiscal federal Federico Delgado, que participa de la investigación por la tragedia de Time Warp, fiesta electrónica donde murieron cinco jóvenes tras consumir droga sintética, pidió la detención de un uniformado de la Prefectura Naval porque "no hizo absolutamente nada" para prevenir la venta de estupefacientes en el predio de Costa Salguero.
Se trata de Diego Alarcó Torres, integrante del Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la fuerza federal de seguridad. Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, el prefecto estaba citado para hoy por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa, para prestar declaración indagatoria.
"Alarcón Torres, que tenía a su cargo las tareas de prevención de venta de drogas el 15 de abril de 2016 [día de fiesta] en Costa Salguero no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada como responsable de un área sensible, porque subordinó los objetivos generales de la Prefectura Naval Argentina a los de los organizadores de larave que necesitaban. Ellos necesitaban, ya explicamos por qué, que en la Time funcionase un mercado al que libremente podían concurrir quienes vendían y quienes compraban drogas prohibidas para, entre otras cosas, vender bebidas", sostuvo Delgado en un dictamen al que tuvo acceso LA NACION.
En la misma presentación, como informó LA NACION el viernes pasado, el fiscal Delgado solicitó también el procesamiento de tres inspectores y dos funcionarios del gobierno porteño.
Los acusados son el gerente de Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad, Claudio Iacobaccio, y del coordinador Fernán García Vázquez, y los inspectores Gustavo Herms, Néstor Cella y Germán Fontanellas.
"La burocracia del gobierno local, de acuerdo a los expedientes en que se expresan sus acciones, hace un culto a las formas. Rigurosamente se confecciona un expediente. Rigurosamente se cumplen tediosos pasos administrativos. Circulan notas prolijamente selladas y firmadas que una tras otra se acumulan en legajos escritos en un lenguaje francamente expulsivo. Pero todo lo que es expediente dice carece de respaldo material. En otras palabras, la burocracia no hace lo que escribe. No controla lo que da por controlado. Además, a la hora de explicar las razones en las que están ancladas las discordancias entre la letra del expediente y la realidad material, nace un juego en el que nadie es responsable de nada. Si imaginamos una torta, cada funcionario tiene una porción de esa torta. No obstante la torta no es de nadie y nadie es responsable de las cantidades en que esa torta se divide", afirmó el representante del Ministerio Público.
Y agregó: "No hay evidencia concreta de soborno a funcionarios por ahora, no hay pruebas de otro tipo de connivencia. Las pruebas reunidas no autorizan por ahora a colocar a los inspectores como cómplices de los organizadores. Los caminos que recorrimos en ese sentido por ahora se cortaron. Este panorama reduce el radio de acción del sistema judicial a los hechos comprobados. Se probó que tenía que haber 13000 asistentes al evento de acuerdo a la habilitación y que hubo 20513. En el territorio; es decir, en Costa Salguero, estuvieron Iacobaccio, García Vázquez, Cella, Herms y Fontanellas. Claramente ellos incumplieron sus funciones y deben ser procesados en los términos del artículo 248 del Código Penal de la Nación. Nos parece que su aporte a la tragedia no pasa ese límite. Su desidia no contribuyó de manera directa a la creación de ese espacio social en que ocurrió la tragedia. Fueron infieles con el cargo de Gerente, Coordinador e inspectores de la Gerencia Operativa de Eventos Masivos dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el que fueron honrados. Pero nos parece que no hay evidencia que los ligue a la creación de aquel espacio social ".
El artículo 248 del Código Penal prevé quna pena de prisión de un mes a dos años de cárcel e "inhabilitación especial por doble tiempo para el funcionario público que dictará resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las ordenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutaren las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".
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