30/03/2017 - 21:15
Para la Justicia hay pruebas de que le compró un campo a un capo colombiano por 1.150.000 dólares para ayudarlo a blanquear el dinero. Y de que sabía perfectamente que la plata provenía de la droga. Además, le prohibieron salir del país.
Para la Justicia, el abogado y empresario Carlos Daniel Tomeo (52) cumplía un rol fundamental para el capo narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff (55). No en el tráfico de drogas sino en lo que, a fin de cuentas, más le importaría al líder de la banda: la reinserción de las ganancias en el circuito de dinero legal.
Con las pruebas reunidas -especialmente, escuchas telefónicas-, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó ayer a Tomeo por asociación ilícita y lavado de dinero del narcotráfico y le trabó un embargo por $ 1.000 millones, quizás el mayor para un acusado en una causa narco en el país.
En el fallo, el juez sostuvo que el empresario no solo habría “brindado asesoramiento técnico-jurídico, involucrándose más allá de un simple aporte profesional, en pos de concretar de modo exitoso maniobras de lavado de activos provenientes del narcotráfico”; también le endilga “haber dado un aporte esencial en el perfeccionamiento de una operación concreta de inserción en el circuito económico legal” de la plata de la venta de droga. Todo es un desprendimiento del operativo “Luis XV”, iniciado con el decomiso de 260 kilos de cocaína en 2012.
En ese sentido, la operación de compra de la estancia “Anna José”, ubicada en el kilómetro 54,5 de la Ruta Nacional N° 210 de la localidad bonaerense de San Vicente, fue clave para destapar las maniobras. El campo pertenecía a Fara S.A., una empresa que pertenecía a dos hijos de Álvarez Meyendorff, y fue vendido el 16 de junio de 2011 a Tomeo. Fue cuando el capo narco empezó a desprenderse de sus bienes, luego de ser detenido en abril de ese año por pedido de la DEA estadounidense.
Según consta en el expediente, al que tuvo acceso Clarín, la venta fue por US$ 1.150.100 pagados en efectivo. Un dato de color es que esa estancia ya aparecía en un informe de la DEA en 2009 y en ese mismo lugar se había secuestrado en 2012 una camioneta Jeep Cherokee que se usaba para transportar cocaína.
Pero la pieza decisiva para comprobar el nexo entre Álvarez Meyendorff y Tomeo -a quien Lilita Carrio denunció como supuesto testaferro de Aníbal Fernández- fueron las escuchas telefónicas entre el empresairo y Ramiro González Warcalde, sobrino del ex procurador General subrogante de la Nación Luis Santiago González Warcalde (procesado en la causa original). De allí, se pudo comprobar que Tomeo tenía conocimiento de que el dinero del colombiano provenía del tráfico de drogas .
Para el juez, Mauricio Álvarez Sarría, uno de los hijos del capo narco, estaba al frente de la maniobra de lavado y el aporte de Tomeo “constituyó el último eslabón que permitió lograr la apariencia de licitud del dinero utilizado para la adquisición del campo ‘Anna-José’, a través de la sociedad ‘Fara S.A’”.
Por otra parte, el juez sostuvo que la operatoria no es un caso aislado, sino que forma parte del “amplio catálogo de aquéllas que se llevaron a cabo con similares características por parte de esa organización ilícita”.
El procesamiento llega después de los allanamientos en los que quedó al descubierto la vida repleta de lujos y excentricidades que lleva el empresario tabacalero. En uno de ellos, realizado en el country Abril, se secuestraron 19 coches de alta gama que estaban estacionados sobre un piso de mármol blanco de carrara. El abogado vive en una casa alquilada dentro de este barrio, mientras se construye una mansión de 15 habitaciones valuada en siete millones de dólares. Entre sus comodidades, testigos contaron a Clarín que contaría con un helipuerto en la terraza. Además, se incautó dinero por un total de $5,4 millones, entre pesos y dólares.
En los operativos también se allanaron un banco y tres escribanías. El empresario es conocido por ser el dueño de una empresa tabacalera y tener hoteles en San Martín de Los Andes y San Bernardo.
Tomeo también es investigado por la jueza María Servini por supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción a raíz de una denuncia de Elisa Carrió en relación a Aníbal.
Como el procesamiento de Tomeo fue sin prisión preventiva podrá seguir gozando de su libertad dentro del país. El juez consideró que no hay peligro de fuga ni “indicios que pudiesen hacer presumir que el imputado pueda entorpercer el curso” de la investigación. No obstante, le prohibió viajar al extranjero y lo obligó a presentarse cada quince días en la Delegación Lomas de Zamora de la Policía Federal Argentina.
El abogado de Tomeo, Fernando Burlando, dijo a Télam que apelará el procesamiento y aseguró que “lo único que hizo” su defendido “fue realizar una operación comercial lícita”. El objeto de esa operación, la estancia “Anna José”, fue intervenida y su administración encomendada a la Sociedad Administradora de Campos de la UBA.
FUENTE: https://www.clarin.com/policiales/procesaron-lavado-narco-empresario-tomeo-embargaron-1000-millones_0_SyOskQohe.html