LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA, AL DESCUBIERTO
Martes, 25 de noviembre de 2014 - Edición impresa
Filiberto Pinelo Sansores (*)
Los lúgubres augurios de Enrique Peña Nieto en su discurso de Cuautitlán, Estado de México, el 18 de noviembre, días antes de las grandes manifestaciones en todo el país, el jueves 20, motivadas por la exigencia de que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa y la demanda ya generalizada de que renuncie, se cumplieron plenamente. En su perorata, dijo que lamentaba que al amparo de la protesta de “este dolor y de la consternación social y del horror por lo ocurrido se genere violencia”.
Y efectivamente, en la más importante de las marchas, aquella en que hubo más gente, la de la ciudad de México, hubo violencia, pero ésta no fue producida por quienes pacíficamente participaron en ella, sino por quienes buscan la criminalización de las protestas contra el gobierno para acabar con ellas.
La maquinaria de la provocación operó al centavo. Los encapuchados, en varios casos identificados plenamente como parte del aparato represor, sobre todo por usuarios de redes sociales, que documentó con fotos y videos la connivencia, hicieron su parte y las policías, tanto del gobierno del D.F. como del federal, la suya. El objetivo común: desestimular las expresiones de protesta, escarmentar a quienes se atreven a expresar descontento para que dejen de hacerlo, terminar con el estado de ebullición que hay en el país para que México continúe con el mismo sistema de gobierno corrupto y desvergonzado que nos ahoga.
El guión elaborado por quienes montaron la provocación fue seguido escrupulosamente. Primero, al término de la manifestación, entraron en acción los encapuchados lanzando bombas molotov y cohetones en dirección al Palacio para, de inmediato, desaparecer como si se los hubiera tragado la tierra y dar paso a la arremetida de los robocops que con escudos y toletes iban causando estragos entre la inerme muchedumbre, parte de la cual apenas iba llegando al lugar y deteniendo a quien se les antojaba para golpearlo con mayor frenesí y llevárselo después. Decenas, cientos de personas, entre ellas mujeres, de la tercera edad y niños, fueron golpeadas alevosamente por las fuerzas del “orden”. Defensores de derechos humanos, periodistas, fotógrafos que dieron cuenta de los hechos también fueron víctimas de la salvaje agresión. Layda Negrete, autora del documental “Presunto Culpable”, fue una de esas víctimas. “Pinches pu., ¿pero querían venir?”, así nos dijeron los granaderos mientras me golpeaban junto con mi hermana Tania, y mis primas Berenice y Melisa. Un minuto antes vimos aparecerse a los granaderos en el Zócalo, venían de Palacio Nacional como una barredora humana que se constituyó como tal en cuestión de segundos. A su paso violento y rápido esta policía arrollaba a quienes se les pusieran enfrente, las personas se tropezaban tras su persecución y apenas lograban pararse para salir corriendo en pánico. Los policías agarraban parejo, ahí estábamos los que habíamos marchado pacíficamente, niños, jóvenes, mujeres, todos. Todavía éramos miles. Saqué mi teléfono y comencé a grabar lo que pude”, narra.
Con este procedimiento, detuvieron a más de 30 personas, a las que, violando las condiciones del debido proceso, mantuvieron incomunicadas y sin ejercer su derecho a tener un abogado. Con una rapidez inusitada, 11 de éstas, entre ellas un estudiante chileno de 47 años, Lawrence Maxwell Ilabaca, estudiante de doctorado en la UNAM a quien detuvieron cuando se retiraba en su bicicleta, han sido enviadas a penales de alta seguridad acusadas por delitos como motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio, cuya suma de años de reclusión rebasa los 30.
Según medios de prensa de la capital, “por órdenes superiores” los ministerios públicos tratan de “encuadrar” también el de terrorismo, para que el escarmiento en pellejo ajeno, tanto como en el propio, opere al máximo grado (“La Jornada”, 24-XI-14).
Cuando crece el clamor popular por el descontento general con la forma como se gobierna al país, y aumentan las manifestaciones por el cansancio del pueblo que no acepta ya las explicaciones amañadas sobre hechos de notoria corrupción y tráfico de influencias que reditúan grandes beneficios a empresarios favorecidos por el gobierno a cambio de sobornos a quienes los hacen posibles; cuando la sociedad exige cuentas a un régimen que ha propiciado que el crimen organizado haya penetrado profundamente las estructuras del poder político del país y la indignación por la masacre de Iguala no decrece, se ha producido la contraofensiva del régimen y sus aliados, para desalentar las protestas. Sin embargo, no parece que vaya a conseguir su objetivo, pues su juego está al descubierto.- Mérida, Yucatán.
http://yucatan.com.mx/editoriales/opinion/la-criminalizacion-de-la-protesta-al-descubierto