Por Rubén Martín
Los recientes hechos de violencia ocurridos en Jalisco y que han dejado varias bajas en las fuerzas de seguridad pública muestran que hay un cambio importante en las relaciones, acuerdos o relación de fuerzas de la delincuencia organizada y el poder público. Estas emboscadas han cobrado la muerte de cuatro soldados en Guachinango (mayo de 2014), cinco elementos de la Gendarmería en Ocotlán (19 de marzo) y quince policías de la Fuerza Única Regional en San Sebastián del Oeste (6 de abril).
Si queremos entender lo que está pasando no podemos quedarnos con la simplista versión que ofrecen las autoridades de que estas agresiones son sólo una respuesta a los golpes dados a los grupos delictivos, en este caso al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una explicación más realista nos deja ver que las principales organizaciones del crimen organizado no pueden operar sin la complacencia, la complicidad o el acuerdo con las autoridades constituidas.
Ante estos hechos resulta un tanto extraña o falsa, cuando no cínica, la salida del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, al proponer una alianza entre los sectores de Jalisco para lanzar un “#GritodePaz” y salir a manifestarse en las calles, junto con el Gobierno que es responsable de esta situación.
Suena extraña y falsa porque parece que el gobernador se preocupa sólo por ciertas victimas, no por todas. La vida de un policía no es ni menos ni más que otras víctimas del periodo de violencia que vivimos. Los elementos caídos merecen respeto, pero no menos que los 30 ejidatarios de Ayotitlán que han perdido la vida en defensa de su territorio; ni menos que tres pescadores de Cruz de Loreto desaparecidos en marzo de 2011 o menos que Aureliano Sánchez Ruiz, asesinado en La Huerta en julio de 2011, estos últimos cuatro por defender a sus comunidades de los poderosos intereses empresariales que están detrás de los negocios turísticos en la Costa. Y la vida de los elementos de seguridad caídos no son menos que los cerca de siete mil homicidios dolosos ocurridos desde 2007 o menos que los más de 2,300 desaparecidos reconocidos oficialmente en el Estado.
Jalisco, al igual que el resto de México, vive un periodo de guerra y violencia desatada en esta fase de acumulación por despojo. Es una guerra en la que la violencia se usa a conveniencia para hacer negocios, legales o ilegales, y la mayoría de las veces las autoridades no son actores neutros sino parte de los sujetos que la producen.
Por eso suena falsa la convocatoria que lanza el gobernador de Jalisco: no puede encabezar una acción en contra de una maquinaria de violencia de la que él mismo forma parte. El #GritodePaz es una iniciativa política que busca maniobrar y capitalizar a favor del Gobierno y su partido, una irritación y una ira de la sociedad en contra de los sujetos que producen y se benefician de esta violencia, sean del Gobierno o sean del crimen organizado. El #GritodePaz no puede acallar la realidad de que vivimos en un estado de guerra que sirve a los intereses de los dueños del poder político o económico.
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