Trama política
Cristina tiene dos prioridades en los meses que le quedan. Terminar de acorralar a la Justicia y recuperar el sistema de espionaje que manejó Milani. El nexo de la AFI y los jueces.
Eduardo van der Kooy
El macrismo y los radicales, una porción sustantiva del segmento opositor, están ahora enfrascados en un debate acalorado por el balotaje en la Ciudad. Nada más propicio para la audaz y difícil tarea en que se encuentra empeñada Cristina Fernández: acorralar al Poder Judicial; iniciar la progresiva recuperación de la tenebrosa red de espionaje que durante años controló César Milani en el Ejército. El militar fue despedido apenas Carlos Zannini se convirtió en la incómoda compañía electoral de Daniel Scioli. El Gobierno intentará, antes de su despedida, rehacer el vínculo entre los espías y los jueces que tan buenos resultados le proporcionó. Al menos, hasta que el topo Jaime Stiuso cayó en desgracia luego de la firma del pacto con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman.
El kirchnerismo pretende sacarle jugo a los próximos meses, los cuales estarán tapizados por la campaña. Esa constituye también una preocupación de los magistrados. Los principales candidatos de la oposición permanecerán absorbidos como mínimo hasta fines de octubre. Si hay balotaje, la vigilia se extenderá hasta el penúltimo domingo de noviembre. Aquella oposición no posee ni una estructura ni resortes institucionales que le permitan desdoblar el esfuerzo en dos frentes. Cristina conoce esa debilidad.
La oposición dispondría, sin embargo, de una pequeña ventaja. El kirchnerismo suele ser diestro para la construcción de su ingeniería político-judicial. Aunque torpe a la hora de elegir sus delegados. La remoción del juez Luis María Cabral, a lo mejor, no habría levantado tanta polvareda si su sustituto no hubiera sido una figura impresentable. Un abogado, Carlos Marcelo Vázquez, sin ninguna experiencia en Tribunales pero experto en control de calidad de una fábrica de neumáticos. Para colmo, miembro de una sociedad a la que el Banco Central le detectó la emisión de más de 140 cheques sin fondo. Difícil, entonces, esquivar el escándalo.
Sería incorrecto que ese escándalo pudiera enmascararlo todo. Existe además una manifiesta inconstitucionalidad en la aplicación de las subrogancias. Pero esa pelea requerirá de una enorme disposición política y de tiempo. Los jueces, antes que los políticos en campaña, estarían obligados a llevar el peso de la contienda en curso. Pero la Justicia, por obra del Gobierno, asoma dividida y en cada paso que pretende dar tropieza con piedras en el camino. Ya son una decena los amparos presentados contra los jueces suplentes que el kirchnerismo designa con mayoría propia en el Consejo de la Magistratura. Hay uno de ellos que pertenece a una dirigente del PRO, la diputada Laura Alonso. ¿No hubiera merecido la gravedad del conflicto también un recurso conjunto de los presidenciables?
La Asociación de Magistrados se ha colocado al frente de la lucha. Ricardo Recondo, su titular, fue quien lanzó durísimas críticas al Gobierno en la masiva manifestación del martes. También firmó una carta que viajó al Vaticano para solicitar una audiencia con Francisco, el Papa, a raíz de “los difíciles tiempos que afectan al servicio de justicia en el país”. Francisco le pidió a la Presidenta en su viaje a Paraguay un mayor compromiso con la Justicia. La organización de jueces debió navegar una polémica interna para alumbrar su propio amparo que presentará mañana. En ese ámbito conviven tres líneas. Una la conduce el removido Cabral, dispuesto a votar la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán. Quien, por otra parte, se opuso a la separación de Claudio Bonadio en la causa Hotesur, que indaga sobre posible lavado de dinero en un emprendimiento hotelero de la familia Kirchner en El Calafate. El otro sector responde al fiscal Germán Moldes, que avaló la denuncia de Nisman sobre encubrimiento terrorista, por el atentado en la AMIA, contra la Presidenta y Héctor Timerman. El tercer núcleo pertenece a la jueza Gabriela Vázquez. Los dos primeros grupos votaron por la presentación del amparo. El último se abstuvo.
¿Por qué razón? Vázquez es la presidenta del Consejo de la Magistratura. Llegó a ese podio, también, por algún descuido opositor. Lo hizo con etiqueta de independiente. Pero terminó transformándose en la pieza clave de la mayoría automática kirchnerista. Por su voto fue separado Cabral y nominado Vázquez en la Cámara de Casación. Hubo otro par de designaciones de leales K que pasaron inadvertidas a raíz del ruido que hizo el episodio de Cabral.
A todos los amparos presentados les aguarda un largo derrotero hasta la Corte Suprema. Entre los cuatro integrantes del máximo Tribunal predominaría, a priori, el criterio sobre la inconstitucionalidad de las subrogancias. Pero no podrán actuar hasta que algún recurso supere las instancias previas. Aquello que están impedidos los cortesanos de hacer sería aprovechado por los funcionarios kirchneristas. En este punto nacería el puente que pretendería reconstruir el vínculo entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Poder Judicial.
Oscar Parrilli, el conductor de la institución, y Juan Martín Mena, su segundo, han decidido desdoblar funciones. Mena tuvo mucho que ver con la nueva dotación de los bisoños camporistas que han trocado su vocación política por el espionaje. Ahora su cometido sería otro. Retomar el recorrido en la Justicia y alinear a los jueces díscolos que se niegan a archivar causas de corrupción que amenazan a funcionarios kirchneristas. La semana pasada estuvo en las oficinas de dos jueces federales. Los métodos de persuasión no estarían divorciados de los que durante décadas supo utilizar Stiuso. Espionaje en el mundo privado judicial y carpetazos.
La misión de Parrilli sería distinta. Está dedicado al traspaso hacia la AFI de la sofisticada maquinaria de espionaje que articuló por años Milani en el Ejército. Que para este año tiene previsto un presupuesto de $ 566 millones. La primera puntada corrió por cuenta del nuevo jefe de la fuerza, Ricardo Cundom. Relevó a tres generales del área de Inteligencia designados por su antecesor. Le queda todavía un arduo trabajo por hacer.
Parrilli empezó a descubrir en dependencias del Ejército algunos juguetes desconocidos que le habrían despertado curiosidad. Un sistema de escaner, por ejemplo, para tomar conversaciones de teléfonos celulares predeterminados hasta 60 kms de distancia. Otro mecanismo similar, mucho más desarrollado, que rastrea las conversaciones telefónicas hasta un límite de 80 kms por el tono de voz almacenado en la memoria de captación. La jerga informática de los topos lo denomina algoritmo. O también diagrama de flujo. Nada que pueda tranquilizar, por cierto.
Parrilli aseguró que toda esa batería –y la infinita que se ignora– sería sólo para cuidar a los argentinos. Nunca para espiarlos. Pero incorporó como misión de la AFI la actividad de los espías tendiente a desalentar supuestas corridas cambiarias o desasbastecimiento. En la mira quedarían bancos, empresas y entidades financieras. ¿Cuál sería el criterio para imponer la aplicación? ¿Por qué podría prescindirse de la intervención de un juez? ¿Para qué superponer tareas con la oficina que ya posee la AFIP? Algo huele mal.
El Gobierno desearía evitar en estos meses de campaña escozores económicos. Las recetas de Axel Kicillof no darían para más. La compra del dólar ahorro marcó un récord en junio. La vigilancia policial y la arbitrariedad intentarían convertirse en antídotos. ¿Qué podría sucederle, por caso, a un empresario que no alcanza a abastecer el mercado interno con algún producto que necesita de insumos importados? ¿Sería flexibilizada la autorización de dólares o se dejaría caer la guillotina invocando la defensa del consumidor?
El kirchnerismo sólo se ha ocupado en esta década de sembrar desconfianza. ¿Por qué creer, en el final, en una repentina corrección? Sus tareas de espionaje inundaron todos los ámbitos de la sociedad. Incluidos dirigentes políticos propios y adversarios. El robo cometido por un prefecto en el domicilio de Sergio Massa sería una de las tantas historias elocuentes.
Esa realidad, que podría agravarse en los meses venideros, arroja más incomprensión sobre la controversia en que se sumió gran parte de la oposición luego de la aplastante victoria de Horacio Rodríguez Larreta en la primera vuelta de la elección para jefe de Gobierno porteño. Ese triunfo sobre Lousteau, irreversible, no fue legalmente definitivo. El domingo que viene será el balotaje. Ese balotaje disparó cruces entre el macrismo y el postulante de ECO.
Casi todos privilegiaron la lengua antes que la racionalidad política. Mauricio Macri y Rodríguez Larreta se cansaron de repetir que era imposible imponerse en una primera vuelta. ¿Por qué motivo ahora el enojo? ¿Por qué amenazar con un futuro cambio de la Constitución de la Ciudad para adaptar el balotaje al mecanismo que impera en la Nación? El balotaje nacional representa, por sus condiciones, un verdadero engendro incubado entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín.
Lousteau, con algunas de sus denuncias y ciertas provocaciones, también evidenció escaso espíritu societario en un espacio electoral que compartirá para las presidenciales con Macri, el radical Ernesto Sanz y Elisa Carrió.
La refriega terminó causando la sorpresa mayor en la campaña. Una definición de Scioli: se pronunció a favor de Lousteau. Demostración palmaria del pésimo negocio político que habrían hecho aquellos opositores.
http://www.clarin.com/politica/Guerra-jueces-trabajo-espias_0_1392460817.html